La mejicana Cemex y la suiza Holcim dejaron claro que no se van a pronunciar hasta cuando el mismo ente de control les notifique sobre el pliego de cargos. La colombiana Argos, por su parte, aunque también hizo la claridad de que no ha sido informada oficialmente, sí hizo pública una extensa carta en la que sentó su posición y rechazó la acusación de la Superintendencia.
“Cementos Argos no ha participado y no participa en ningún tipo de acuerdo de repartición de mercado ni definición de precios, ni en Colombia ni en los demás mercados en los que compite. En el momento en que sea requerida, la compañía brindará toda la información a las autoridades competentes, y con la tranquilidad de haber obrado apegada a la ley, defenderá sus derechos y actuaciones con todas las herramientas y la contundencia que ésta le permite”.
Fue enfática en que “la compañía ha desarrollado e implementado una estrategia competitiva basada en una clara segmentación de sus clientes, asistencia técnica, acceso a programas de financiación, redes de distribución, calidad y diversidad de productos y amplia cobertura geográfica”. Y que “en sus 70 años, Argos ha construido a través de cuantiosas inversiones una eficiente red productiva de 10 plantas en Colombia, más de 27 centros de distribución, y activos logísticos que le permiten atender en forma directa a más de 4.000 clientes a lo largo de la geografía nacional”.
Por su parte la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) señaló que el aumento del costo de la construcción no puede ser atribuible al incremento del precio del cemento. Entre 2002 y 2013 el Indice de Costos de la Construcción de Vivienda ha aumentado 66% y el precio del cemento lo ha hecho en un 51%.
El gremio explicó que los datos que se han manejado son imprecisos y que no es cierto que el precio en Colombia sea cinco veces superior al de otros países. (ver gráfico). Hasta abril el país había importado 1,5 millones de toneladas de cemento.