A simple vista, algo no funcionaba. Ese fue el pensamiento que dominó a los miembros de la junta directiva de PetroTiger en los últimos días de 2010, cuando la información requerida a la dirección de la compañía reveló inocultables números rojos en los resultados financieros y un desorden estructural en toda la organización.
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“Hubo una gestión incorrecta de la actividad empresarial. Veíamos incrementos en los gastos, desórdenes administrativos, falta de claridad y de consistencia en los reportes a la junta. Por esa época perdimos la confianza en el grupo de administradores”, recuerda Mauricio Camargo, quien, para la época, presidía la junta de esta compañía de servicios petroleros que en 2008 llegó a Colombia con el objetivo de abrirse un campo en la industria a través de contratos con grandes petroleras privadas y, por supuesto, con Ecopetrol.
Pero ese objetivo, entonces, estaba en entredicho, pues la propia existencia del conglomerado (agrupa a firmas de consultoría y de prestación de servicios en prácticamente todos los países de América Latina, excepto Brasil) lo estaba. La decisión no fue sencilla: a través de un arduo proceso de negociación, la junta logró la salida de la dirección de Joseph Singelman y Knut Hammarskjold, quienes, además de ser los copresidentes y fundadores, mantenían el 5% de la propiedad accionaria (aunque mantienen su participación, el derecho a voto les fue negado).
La responsabilidad de sacar a la empresa de la delicada situación en la que se encontraba recayó en Camargo, quien como presidente encargado desde el primer trimestre de 2011 ordenó de inmediato una cuantificación de los daños a través de una reestructuración organizacional y una auditoría forense con la firma Jega.
Y sería este último elemento el que derivaría en un gran dolor de cabeza al encontrarse una serie de pagos no soportados a personas desconocidas. Al regirse por las leyes del estado de Nueva York, la compañía decidió poner los resultados del informe en conocimiento de las autoridades de EE.UU., entrando de inmediato en un régimen de absoluto silencio a medida que avanzaba la investigación.
“Teníamos los nombres de las personas que recibieron los pagos, pero no teníamos certeza de que estuvieran relacionados al pago de sobornos o a Ecopetrol. Sabíamos que se había cometido un ilícito, por eso procedimos a presentarlo a consideración de las autoridades”, comenta Camargo, quien, en paralelo, adelantaba el proceso para escoger un presidente en propiedad. El elegido, en junio de 2013, sería el ingeniero de petróleos Carlos Portela. Camargo, por su parte, volvió a presidir la junta.
El proceso llamó de inmediato la atención del Departamento de Justicia y sus funcionarios convirtieron en rutina la visita a las instalaciones de PetroTiger, solicitando acceso a los libros contables y a los correos electrónicos corporativos, al igual que entrevistas con ciertos empleados.
Finalmente, a mediados de 2013 la compañía supo la verdad: sus expresidentes giraron más de US$330.000 a un pensionado de Ecopetrol con el objetivo de obtener un contrato, el cual se dio como subcontratista de la firma Mansarovar Energy, aliada de la estatal petrolera en el Magdalena Medio, a través del apoyo a la producción y el mantenimiento de pozos.
Pero la revelación sólo trascendió a la opinión pública en la segunda semana de 2014, y desde entonces su nombre se ha visto relacionado con un proceder a la hora de cerrar negocios. “La realidad es muy distinta. Desde el cambio de administración, las auditorías se convirtieron en una práctica permanente. Reforzamos el código de ética y lo aplicamos a todos los empleados, además de diseñar un plan de investigación interna y de denuncia en este tipo de situaciones”, agrega.
Mientras avanza la investigación de la Fiscalía colombiana, la compañía quiere enfocarse en mantener tanto el ritmo de ventas anuales de US$250 millones como la expansión de su operación en México y Argentina. Y en que este tipo de escándalos nunca vuelvan a salpicarla.
dmayorga@elespectador.com