Están contados los días para que se decrete una emergencia social en Colombia. El ministro de Protección Social, Diego Palacio, asegura que esta misma semana el Gobierno dará la noticia. En el sector de la salud son varios los saldos en rojo que llevaron a tomar la decisión. El mismo presidente Álvaro Uribe Vélez lo explicó, enfático y contundente, unos días atrás en un consejo comunal: “Las Empresas Promotoras de Salud (EPS) se quejan de que el Fosyga (Fondo de Solidaridad y Garantía) no les paga, los hospitales de que las EPS no les pagan. Las EPS también se quejan de que las entidades territoriales no les pagan. Todo esto hay que revisarlo”.
El ministro Palacio habló con El Espectador sobre este trabalenguas que está amenazando la sostenibilidad de la salud en el país. Sostuvo que ningún colombiano se quedará sin salud por las cuentas que hay por saldar entre el Gobierno y las EPS. Pero eso sí, lo que no se atrevió a desmentir es que algunas de estas empresas podrían quebrar por la deuda que, según las EPS, asciende a $500 mil millones.
¿Por qué se demoró tanto el Gobierno en actuar para solucionar los problemas del sistema de salud, como la deuda del Fosyga con las EPS?
Venimos en un proceso de conciliación con algunas EPS en el cual nos ha estado acompañando el Contralor, el Defensor y la Procuraduría. Creo que va por buen camino, sin embargo es importante mirar si logramos acelerar y concretar algo frente a una voz de preocupación de las EPS, que aseguraron que la salud de ocho millones de colombianos estaba en riesgo. Y se juntaron otra cantidad de factores: unas EPS que no les estaban pagando a los hospitales, un incremento significativo del gasto, una dificultad en las fuentes de financiación. Todo junto llevó a que el Gobierno dijera que aquí hay problemas para decretar una emergencia social. Estamos terminando de trabajar para declararla y enfrentar la situación.
¿En qué van esas conversaciones entre el Fosyga y las EPS privadas, si después de tres meses no se ha logrado llegar a un consenso?
Es un proceso que no es fácil ya que existe el concepto de unos interventores que asegura que esos servicios ya se pagaron, mientras las empresas consideran lo contrario. Acá el problema no es conciliar, es poder estar seguros de que lo que se pague tenga la totalidad de argumentos que nos permita poder sustentarlo frente al país y a los organismos de control. Eso requiere filigrana jurídica y ahí se ha estado trabajando. Hemos trabajado con algunas EPS, pero esto no puede ser una negociación o una conciliación gremial, los acuerdos se deben dar de manera particular con cada una de las compañías que tienen reclamos.
¿Realmente cuánto es el dinero que está en discusión?, ¿cuánto ha pagado el Fosyga?
Las cuentas son estas: de $11 billones que las EPS le cobraron el año pasado al Fosyga se pagaron cerca de $10,7 billones. Esas son las cuentas del año pasado. Ahora, ellos plantean que a lo largo de muchos años se han venido acumulando unas expectativas que ellos tienen de servicios no POS (por fuera del Plan Obligatorio de Salud) por cerca de $500 mil millones, que son los que están en discusión.
¿Y el Gobierno reconoce esa deuda?
No es que el Gobierno tenga un reconocimiento o no reconocimiento de ese dinero. Esa es la expectativa que ellos tienen.
¿Es cierto que el Fosyga tiene grandes inversiones en TES?
El Fosyga tiene unas platas pero muchas de ellas están comprometidas. Eso es lo que creo que la gente no tiene claro. Por ejemplo, parte de la continuidad de la afiliación al régimen subsidiado está respaldada por unos TES, los cuales aseguran que la gente tenga la tranquilidad de que en los próximos meses, incluso en los próximos años, no la vamos a tener que sacar del régimen subsidiado. Ese manejo del riesgo exige tener reservas, pero no es bajo ninguna perspectiva que el Gobierno esté guardando una plata y no esté pagando para financiarse.
¿Es cierto que se podrían quebrar ocho EPS si no se realizan estos pagos, como lo ha reiterado Acemi (Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral)?
No sé si se vaya a quebrar alguna EPS, pero lo que sí sé es que ocho millones de colombianos no se van a quedar sin salud, el sistema tiene los recursos para poder asegurar la atención de esta población. La parte de la quiebra o no de las EPS no la conozco. No he estado pendiente de los estados financieros de cada una de ellas.
¿Y qué puede decir de las deudas de los departamentos con el sistema?
Se venía observando un incremento en los servicios no POS y, de acuerdo con los gobernadores, se habían desbordado, razón por la cual se les acabaron los recursos para hacer los pagos. Nosotros veníamos trabajando en el presupuesto de la Nación, incluso en el presupuesto aprobado por el Congreso para el año entrante se habían dejado unos recursos que nos permitían solucionar esto. Sin embargo, veíamos que las tendencias seguían creciendo significativamente y que algunas fuentes de recursos con las que podríamos contar no ofrecían los flujos que necesitábamos.
¿Cómo cuáles?
Por ejemplo, el proyecto de ley de juegos de suerte y azar, que generaría cerca de $300 mil millones, no pudimos sacarlo en el Congreso, entonces se disminuyen las posibilidades de ingreso. Fuera de eso, la reforma tributaria de los departamentos, que generaría también dinero, sigue sin posibilidad real de ser concretada. Por ello, se tomó la decisión de decir que acá hay un problema grave, sobre todo con perspectiva hacia futuro. Las fuentes que podíamos crear no las hemos podido concretar, además de las dificultades en el Legislativo.
Hay una comisión estudiando una propuesta para un nuevo POS, ¿en qué va esto?
Se viene haciendo en respuesta a la orden de la sentencia de la Corte Constitucional. Se está haciendo una revisión del Plan Obligatorio. En el análisis y actualización del POS la Comisión Reguladora de Salud expidió un acuerdo que rige a partir del 1° de enero, el cual permite hacer algunos avance sobre todo en la forma de reportar las patologías y los insumos requeridos para los tratamientos.
Muchos de los problemas del sistema de salud están en el desequilibrio entre los regímenes contributivo y subsidiado. ¿Qué se puede hacer para volver al equilibrio y hacerlo sostenible?
Hay una realidad que nos preocupa, que ya ha venido planteando Planeación Nacional, y es que dentro de la gente que está en el subsidiado podrían existir algunas personas con alguna capacidad de pago, y eso es importante revisarlo.
Por el lado de la Nueva EPS también hay problemas, se habla de que se necesita una nueva capitalización…
Estaba previsto desde el plan de negocios una capitalización entre 2009 y 2010. Allí hemos tenidos dos situaciones: primero, se multiplicaron por cinco los gastos de los servicios no POS que se habían presupuestado y los que se están ejecutando ahora. Segundo, hubo unos problemas administrativos por ese disparo de los servicios no POS, debido a que no se tenía montada una infraestructura suficiente para poderle recobrar al Fosyga.
Realmente, ¿de cuánto es el faltante de la salud en el país?
Depende de lo que uno quiera financiar. Si se parte de la interpretación que algunos hacen de que lo que hay que hacer es igualar el POS del régimen subsidiado con el del contributivo, de acuerdo con estudios de Fedesarrollo, faltarían cerca de $6 billones. Eso no se puede conseguir a corto plazo. Calculamos que se van a generar unos recursos nuevos, sobre todo producto de los impuestos a los licores, cigarrillos, cervezas y juegos de azar. Adicionalmente hay que destrabar unos recursos que existen en el sistema y acelerar la velocidad para que lleguen otros.
Se dice que van a vender una parte de Ecopetrol para invertir en infraestructura, ¿no es más importante la salud?
No conozco muy bien el tema de Ecopetrol, lo que le he entendido al Ministro de Hacienda es que se busca liberar un capital para que pase a ser productivo en otro lado. Lo que uno sí sabe es que los recursos que se consigan para salud deben ser recurrentes, no se puede salir a hacer una cosa hoy si no tiene cómo financiarla en el futuro. Los recursos de Ecopetrol son finitos y no recurrentes.
Finalmente, estamos en plena discusión del salario mínimo, incluso las conversaciones comenzaron temprano, y vamos a terminar en que el Gobierno fije unilateralmente el ajuste. ¿Tiene sentido continuar con una mesa de concertación?
Creo que sí, es un espacio de conversaciones entre empresarios, trabajadores y Gobierno, y es importante mantenerla. Sin embargo, creo que el país en el futuro debería evolucionar a un mecanismo distinto de negociación del salario mínimo. En otros países hacen una definición de reglas de juego para dos, tres, cuatro años. Y no están cada año en esta misma discusión. Ojalá el país pudiera llegar en el futuro a eso.