El jefe de Cambio Radical, Germán Vargas Lleras, revivió el martes el escándalo sobre las millonarias contrataciones del Ministerio de la Protección Social para la elaboración de los decretos de Emergencia Social. Esta vez denunció un contrato por más de US$63 millones (unos $125 mil millones) para asesorías entre 2003 y 2008.
La semana pasada Vargas Lleras había revelado la existencia de dos contratos (uno por $725 millones y otro por $1.200 millones) con los mismos fines: acompañar la reforma a la salud.
“Ya no hablamos de mil millones de pesos, hablamos de un programa que costó $125 mil millones, con unos resultados absolutamente cuestionables. Es un despilfarro, un volumen inaceptable”, puntualizó el candidato presidencial y les pidió a la Procuraduría y a la Contraloría estudiar estos documentos.
Vargas Lleras también recalcó el martes que en este tercer contrato vuelve a mencionarse el nombre de Teresa Margarita Tono, quien figuró la semana pasada como asesora del Ministerio para la redacción de las medidas de la Emergencia. “La señora Tono aparece con siete asesorías por un valor de $557 millones. Lo que hace evidente un carrusel en la contratación”.
El ministro de la cartera, Diego Palacio, citó de inmediato a una rueda de prensa en su despacho. Allí rechazó, enfático, las denuncias y explicó que el contrato al que hace referencia el jefe de Cambio Radical es un “convenio viejo” que empezó a desarrollarse en 1998 y terminó en 2006, y que corresponde a un préstamo con el Banco Interamericano de Crédito.
“Me extraña que una persona que aspire a ser presidente de la República salga a dar una información y a generar confusión sin tener conocimiento completo. Me da la percepción de que esto forma parte del desespero electoral en el que algunos candidatos puedan estar”, dijo Palacio.
La nueva denuncia de Vargas Lleras llega en momentos en que el Gobierno se juega todas sus cartas para defender la iniciativa frente a quienes piden que sea derogada y a los usuarios que no están convencidos de sus bondades.
Mientras las acusaciones iban y las explicaciones venían, el presidente Álvaro Uribe respondía los cuestionamientos de los colombianos en el call center de la Superintendencia de Salud. Luego de escuchar las quejas el Presidente le llamó la atención a las EPS para que presten un mejor servicio.
Durante el resto de la semana Uribe acudirá a esta misma cita, de 3 a 5 de la tarde, en la Supersalud, en un acto que ya ha sido calificado por algunos como “campaña política”.
En medio de la controversia, el Gobierno anunció que, en cumplimiento de los decretos de Emergencia Social, el medicamento kaletra, que es utilizado en el tratamiento de pacientes con sida, bajará de precio: pasará de US$3.500 a US$1.200.