Luego de la jornada de este martes, la jefa de cartera de Transporte, María Constanza García, señaló que, si bien se mantendrá el alza de $1.904, no habrá más aumentos en el precio del diésel, por el momento. Sin embargo, a los transportadores no les pareció suficiente esta solución, por lo que el paro camionero continúa este miércoles.
Los transportadores esperan que se derogue el alza del Ministerio de Hacienda, que sería el primero de tres ajustes. Este miércoles, el Gobierno, que incluye a los jefes de las carteras de Transporte, Hacienda, Energía, Interior, y a la defensora del Pueblo, se encuentran reunidos nuevamente con los camioneros para intentar llegar a un nuevo acuerdo, “una decisión definitiva”, como la llaman los transportadores.
En el marco de las negociaciones entre el Gobierno y los gremios del transporte, varios líderes gremiales han emergido como figuras clave en la discusión. Entre ellos se destacan José Yesid Rodríguez, presidente de Aditt y del Consejo Superior del Transporte; Darío Londoño, representante del servicio especial de transporte; Horacio Cubides, miembro de la Asociación Nacional de Transportadores, y Henry Cárdenas, presidente de Fedetranscarga, entre otros. Estos líderes han sido vocales en sus demandas y preocupaciones respecto al alza del precio del diésel y su impacto en el sector.
La primera reunión, que se llevó a cabo este martes, contó con la participación de más de 800 personas, entre grandes, pequeños y medianos transportadores, además de autoridades locales. La nutrida asistencia, en parte, dificultó el proceso de negociación y también complica, hasta un punto, la toma de decisiones, pues atomiza la discusión. Pero, a la vez, también ofrece mayor representación a quienes no se sienten (o están agremiados) representados por las figuras más prominentes entre los transportadores.
En el marco de las discusiones, Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda, aseguró que “no es cierto que hayamos hecho unas mesas con quienes no representan al gremio: una cosa es que no representen a todo el gremio”.
Por su parte, el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, y la defensora del Pueblo, Iris Martínez, mencionaron que la protesta es válida, pero debe ser pacífica y sin bloqueos permanentes.
Sin embargo, el jefe de cartera del Interior, Juan Fernando Cristo, subrayó que el alza del diésel continúa en marcha, pero que se espera un diálogo entre ambas partes y evitar “cortar la inversión”.
“El Gobierno está comprometido a fondo con la solución estructural del sistema”, dijo Cristo. “Estamos dispuestos a explorar todas las opciones”.
¿Quiénes son los líderes clave de los gremios y asociaciones?
- Cámara Intergremial del Transporte – Unidos, y Asociación Colombiana de Camioneros (ACC): Héctor Alfonso Medrano.
- Federación Colombiana de Transportadores de Carga por Carretera (Colfecar): Nidia Hernández Jiménez.
- Federación de Empresarios del Transporte de Carga (Fedetranscarga): Henry Cárdenas.
- Defensa para el transporte terrestre de carga (Defencarga): Clarita María García.
- Asociación para el Desarrollo Integral del Transporte Terrestre Intermunicipal (Aditt): José Yesid Rodríguez.
- Servicio Especial de Transporte: Darío Londoño.
- Asociación Nacional de Empresas Transportadoras de Carga (Asecarga): Jairo Herrera Murillo.
- Asociación de Transportadores de Carga (ATC): Anderson Quiceno.
- Asociación Nacional de Transportadores (ANT): Marcos Tovar.
- Confederación Colombiana de Transportadores (CCT): Jorge García
- Asamblea Nacional del Transporte: Alejandro Quiroga Calle
- Sindicato Nacional De Conductores Y Propietarios (Sinalco): José Luis Prada.
En líneas generales, ¿qué piden los gremios?
- Derogar el decreto de aumento del diésel en $1.903.
- Expedición de un régimen laboral para el transportador colombiano.
- Fortalecer la regulación económica del sector con un SICE-TAC “que se actualice en tiempo real”. El SICE-TAC es el sistema de información del Ministerio de Transporte que permite medir o calcular los costos de la operación del transporte, de acuerdo a las características propias de cada viaje (tipo de vehículo, tipo de carga, origen/destino, horas estimadas de espera, cargue y descargue, entre otros factores).
- Implementar un régimen de sanciones para aquellos actores del sector transporte que no cumplan con las regulaciones establecidas.
- Establecer un Fondo Nacional de Transporte destinado a financiar la reposición de vehículos y otros recursos necesarios para todas las modalidades de transporte
- Acciones contra la ilegalidad en el transporte, como decretos que obliguen a las autoridades a actuar en este sentido.
- Promover una ley de peajes.
- Un decreto que reglamente las fotomultas y que se implemente un programa de cámaras de seguridad en carretera.
La posición del Gobierno
La decisión del Gobierno del presidente Gustavo Petro de ajustar el precio de los combustibles busca evitar que el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) siga creciendo. Aunque los expertos aplauden esta medida, no es una decisión para nada popular, así sea sensata en términos de macroeconomía.
Con el ajuste en el precio del ACPM que entró en vigencia la semana pasada, el costo por galón pasó de $9.456 a $11.360.
Vale recordar que en 2022, el déficit del FEPC fue de $36,7 billones, de los cuales $20 billones correspondían al diésel. En 2023, el déficit fue de $20 billones, con $15,2 billones por el diésel. Este año, sin ajustes, se habrían necesitado $11,6 billones. La ministra de Transporte informó que el incremento de $1.904 por galón, definido el pasado viernes, permitirá ahorrar $1,6 billones este año.
La ministra García añadió que, con el incremento en el diésel, no se trata de “sacarle el dinero del bolsillo” al usuario final o al transportador, “es evidencia hoy el déficit de $12 billones al año. El déficit es real”.
Para entender mejor el impacto, comparemos: con los $36,7 billones destinados al FEPC en 2022, se podrían haber construido más de 25.700 kilómetros de vías terciarias nuevas. Ese monto, según el Minhacienda también alcanzaría para entregar 851.000 subsidios de vivienda VIP y VIS, o para cubrir con una transferencia mensual (equivalente a la línea de pobreza extrema) a 7,7 millones de personas en condición de pobreza. En otras palabras, el 100 % de las personas en pobreza extrema podrían haber recibido una transferencia mensual equivalente a la línea de indigencia por dos años con ese dinero.
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