La vivienda volvió a convertirse en campo de batalla sobre la política económica del sector, tras el cruce entre el presidente Gustavo Petro y Camacol, el gremio de los constructores.
El mandatario acusó a algunas constructoras de “estafa delictiva” a sus clientes al decirles que los precios de la vivienda se ajustarían en la misma proporción del salario mínimo. Incluso pidió a la Superintendencia investigar y al Ministerio de Vivienda suspender giros de subsidios a quienes incurrieran en esa práctica.
Horas después, Camacol no solo defendió su posición técnica, sino que cuestionó la forma del debate. Señaló que el Gobierno pasó de la discusión de cifras a la descalificación y la amenaza, una postura que, dijo, choca con la narrativa de diálogo y “política del amor” que sostiene el Gobierno.
En respuesta, el gremio apuntó que los precios de las VIS están definidos en el Plan Nacional de Desarrollo “y se encuentran indexados al salario mínimo que su Gobierno decreta. Estos topes son límites máximos, no aumentos automáticos”.
Pero hay hechos que conviene ordenar. Desde el 1.º de enero de 2026, el salario mínimo quedó en COP 1.750.905, tras un aumento del 23 %. Ese salto tiene efectos distintos según el rubro. En Colombia, los precios máximos de la vivienda de interés social y prioritario suelen estar definidos en salarios mínimos, no en pesos.
- Vivienda VIS (hasta 150 salarios mínimos), tope legal de COP 262,6 millones en 2026.
- Vivienda VIP (hasta 90 salarios mínimos), tope legal de COP 157,5 millones.
Esto no significa que todas las viviendas suban automáticamente de precio. Lo que sube es el límite máximo permitido. Es como subir el techo de una casa: no obliga a levantar el piso, pero permite hacerlo.
Ahí está uno de los nudos del debate.
Camacol sostiene que no hubo una decisión gremial de subir precios, y que el alza del mínimo tomó por sorpresa a toda la economía. El Gobierno, en cambio, teme que ese nuevo techo se use como excusa para trasladar el incremento al comprador final.
Ambas pueden ser ciertas al mismo tiempo.
El punto ciego: menos vivienda, más arriendo
Mientras la discusión se centra en si las constructoras suben o no precios, el mercado ya está mostrando un resultado claro: comprar vivienda es cada vez más difícil.
Los datos son contundentes:
- En 2025, el 40 % de los hogares en Colombia vive en arriendo, frente al 34 % en 2018, de acuerdo con cifras del DANE.
- Más de 24.000 familias desistieron de comprar vivienda en 2025, tras la cancelación del programa Mi Casa Ya, según Camacol.
- La oferta de vivienda nueva lleva 19 meses consecutivos cayendo.
Cuando hay menos casas disponibles para comprar y más hogares formándose, la presión se traslada inevitablemente al arriendo.
El arriendo es el gasto que más pesa en el bolsillo. En noviembre, la inflación anual fue de 5,3 %. El rubro de alojamiento y servicios públicos aportó 1,65 puntos porcentuales a ese resultado. En cifras desgranadas, el gasto de vivienda representa 21 % de la canasta del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y más del 40 % del gasto de los hogares más pobres.
De este modo, restringir la oferta de vivienda para proteger compradores puede terminar encareciendo el arriendo, que hoy ya es la única opción para millones de familias.
A la fecha, las tasas de interés siguen siendo altas para créditos hipotecarios (más del 11,5 % anual), mientras que la cuota inicial, cercana al 30 % del valor del inmueble, es inalcanzable para muchos hogares.
Según la encuesta de El Libertador, empresa especializada en seguros de arrendamiento, predominan arrendatarios entre 25 y 45 años, de estratos 2 y 3, con empleo formal o ingresos independientes. El 64 % de estos hogares tiene entre una y tres personas, y los hogares unipersonales crecen con fuerza. En Cali, por ejemplo, ya son el 23 % del total.
No es casual que en 2025 la demanda de apartaestudios se haya duplicado.
De este modo, la discusión de quién tiene la culpa es poco útil para quienes, mes a mes, ven cómo el arriendo se come una parte mayor de su ingreso. Al final, el interés en comprar vivienda es proporcional a reglas claras y justas para todas las partes. La realidad del país por ahora es que Colombia es un país de arrendatario, y el tiempo para corregir esa tendencia se está agotando.
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