El proceso de adjudicación del tercer canal privado de televisión recibió el martes un fuerte cuestionamiento por parte de la Contraloría General de la República (CGR).
El titular del ente de control, Julio César Turbay, le envió un documento llamado Función de Advertencia a Juan Andrés Carreño, presidente de la Comisión Nacional de Televisión (CNTV), en el que hace varias consideraciones sobre el proceso, como revisar el precio base e implementar la subasta para la adjudicación, entre otros.
En primer lugar, hace consideraciones sobre el precio base. Pide actualizar el valor de la concesión, definido por la CNTV, en enero de 2009, por $69 mil millones, en razón de los cambios que ha tenido la Inversión Neta en Publicidad en Televisión (INPTV), porque no consideró el momento económico de la entrada en operación del tercer canal, el 1° de julio de 2010.
Como segundo punto dice que hay un error en la fórmula de ajuste del precio base. Para la prórroga de los privados (RCN y Caracol) se previó que el ajuste del precio base se haría teniendo en cuenta la pauta que capten entre enero de 2009 a enero de 2011. Para el tercer canal se previó que el ajuste fuera con base en la pauta del mismo período de los privados. El ente de control considera que se debería tomar el período 1º de julio de 2010 hasta el 30 de junio de 2012, mientras el modelo propuesto estima que a partir de julio de 2010 se comenzaría a salir de la crisis y se incrementaría la pauta. Por eso, se podría decir que el tercer canal se pagaría a precios de crisis sin haberla vivido.
En opinión de los expertos de la Contraloría, que corrieron los modelos financieros, estos puntos podrían significar una subestimación del precio de por lo menos el 20%.
El tercer planteamiento tiene relación con la integridad del patrimonio público en caso de renuncia. Tiene relación con la eventual renuncia de algún concesionario actual de TV, sin que se deteriore el erario. Por ello, la CNTV debe exigir a los renunciantes la totalidad de los perjuicios económicos por este acto. En este sentido, el Consejo de Estado dijo en octubre pasado que las renuncias a canales de televisión requieren que el adjudicatario esté a paz y salvo por todo concepto antes de firmar otro contrato de concesión.
La cuarta observación se relaciona con la subasta mediante combinación de sobre cerrado y pujas sucesivas. La Contraloría pide que se aplique lo dispuesto en la Ley de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones (TIC), de este año, que dice que se evalúe la calidad de los contenidos y se permitan condiciones más favorables para el fisco a través de pública subasta con combinación de sobres cerrados y pujas sucesivas.
El quinto señalamiento es cuantificar los riesgos previsibles. Tiene relación con que la CNTV debe cuantificar los riesgos, porque de no hacerlo pierden la condición de previsibles y quedarían a cargo del Estado, lo que puede afectar el erario con futuras demandas.
Por último se refiere a la frecuencia del canal 13 de TV Andina. La Contraloría dice que no es clara la cesión de la frecuencia de VHF del canal 13 (TV Andina) al tercer canal privado, por cuanto se trata de una frecuencia que está asignada a un canal estatal, lo que podría generar daños en el patrimonio público y afectar la transparencia e igualdad dentro del proceso. Los daños serían por los costos de la reasignación de frecuencias y la adquisición de nuevos equipos.
Juan Andrés Carreño indicó que la CNTV estudiará los puntos y luego se pronunciará sobre ellos.
Por su parte, Jaime Lombana, abogado de los canales privados Caracol y RCN, indicó que “el faltante de fondos públicos puede conformar el delito de peculado y que de no hacerse una subasta habría un detrimento económico al Estado. Además, no querer hacer una subasta pública favorece a un tercero”.