El plan, que circuló a finales del año pasado entre los funcionarios de los ministerios de Finanzas de la Eurozona, enfrentaría a los países que tienen dificultades a dos opciones: invertir en sus bancos atribulados mediante el Mecanismo de Estabilidad Europeo (MEE) o garantizar cualquier pérdida que pueda sufrir el MEE.
Al obligar a los países afectados por la deuda a aceptar una de estas opciones, el plan plantea preguntas sobre la voluntad de los líderes de “romper el círculo vicioso” entre bancos atribulados y los gobiernos de los países a los que pertenecen.
En Irlanda, Chipre y España, los miles de millones de euros en fondos nacionales que se necesitan para los rescates a los bancos generaron una explosión en los niveles de deuda soberana. Esto forzó a Dublín y a Nicosia a rescates gubernamentales completos y empujó a Madrid hacia un precipicio general para su rescate.
Muchos en Irlanda y España tenían la esperanza de que las propuestas para las llamadas recapitalizaciones directas de los bancos fallidos por parte del MEE, aprobadas en junio, cambiaran las reglas de juego, de manera que el costo más alto de los rescates pasara de sus balances soberanos al MEE, que es financiado por los 17 países de la Eurozona.
Un cambio de este tipo le pondría fin a una de las dinámicas más dañinas de la crisis de la Eurozona y protegería a los gobiernos soberanos de las consecuencias de rescates bancarios que, en el caso de Irlanda, costaron el 40% del PIB.
En cambio, una propuesta escrita por la Comisión Europea obligaría a los países que pueden hacerlo a aportar sus propios fondos nacionales para hacer viables los bancos atribulados, antes de que el MEE aporte su propio dinero.