Hace menos de una semana la Misión Rural, al mando de José Antonio Ocampo, le entregó una serie de recomendaciones al Gobierno con un objetivo sencillo y claro: la transformación y el bienestar del campo. El trabajo, que se tomó un tiempo prudente –desde comienzos de 2014–, logró analizar en detalle el grave estado en el que está la agricultura, qué tan competitiva es, quiénes son sus protagonistas, qué tan amigable es con el medio ambiente y en un apartado adicional, no menos importante, le evidenció al Ejecutivo la necesidad de una reforma a las instituciones que hoy llevan el timón rural.
Básicamente, lo primero que allí se propuso, palabras más, palabras menos, era la extinción del Incoder. Y ayer, por medio de “una serie de decretos en el marco de las facultades extraordinarias otorgadas por el Congreso de la República”, el presidente Juan Manuel Santos decretó su liquidación. Pero la firma del mandatario fue más allá y se estampó en la que, desde el mismo Gobierno, ha sido llamada “la reforma institucional integral al sector agropecuario”. ¿Qué fue lo que hicieron?
Se crearon la Agencia de Desarrollo Rural, la Agencia Nacional de Tierras, la Agencia para la Renovación del Territorio, la Dirección de Mujer Rural, el Consejo Superior del Ordenamiento del Uso del Suelo, el Consejo Superior de Restitución de Tierras. Además, “se amplían las fuentes del Fondo de Microfinanzas Rurales y se fortalece la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario”, detalló la Presidencia en una comunicación oficial en la que explicaba los cambios.
Esta es, quizá, una de las respuestas más rápidas que ha tenido el Gobierno en la atención al agro. Pero, ¿qué tan efectiva podrá resultar? Mario Bonilla, codirector de Agrosolidaria, organización que promueve la agricultura familiar, advierte que habrá que dejar andar estas reformas “para ver cómo se validan en los territorios”. Y como el tema es de institucionalidad, Bonilla tiene clara su opinión al respecto: “Nuestra preocupación es que tenemos una institucionalidad muy centralista, que no hace presencia en los territorios, necesitamos una más cercana a los indígenas, a la gente”. Por eso, “falta ver la operación, porque o si no se convertirá en un ‘pull’ de burocracia que cambió de nombre”.
En la práctica, la Agencia de Desarrollo Rural “se encargará de ejecutar planes y proyectos integrales de desarrollo agropecuario, para aprovechar mejor los recursos en las regiones y apoyar a los pequeños, medianos y grandes productores fomentando la asociatividad”. Busca que los campesinos que son productores estén acompañados de servicios de asistencia técnica y de comercialización.
Entre sus funciones se destaca aquella de contar con el “banco de proyectos para el sector rural, así como el diseño de los esquemas de cofinanciación de los proyectos. Se promoverán las alianzas público- privadas. Esta, respondiendo a las preocupaciones de organizaciones como Agrosolidaria, “contará con presencia territorial para garantizar la construcción del campo desde el territorio”.
Sin embargo, aparecen nuevas críticas. Óscar Gutiérrez, director de Dignidad Agropecuaria augura que, para él, “lo de menos es la burocracia”. En el fondo “lo más grave es que lo que se quiere hacer con la reforma al Ministerio de Agricultura es adecuarlo para que se desproteja la pequeña y la mediana producción, se niegue toda posibilidad de acceso a la tierra por parte de los trabajadores agrarios y de esa forma facilitar que grandes monopolios nacionales y extranjeros accedan a ella a través de concesiones”.
Gutiérrez denuncia que lo que sucederá es que “a través de otra agencia, no la de tierra sino la de producción, se impida que los municipios ejerzan control sobre sus territorios en las zonas de las que habla el proyecto de ley Zidres. Es el acomodamiento de las instituciones del Estado a esta nueva política”.
Habrá que esperar entonces quién estará al frente de cada una de estas entidades y cómo la pone a andar en beneficio de todos los agricultores. De todo el país. Juan Camilo Restrepo, exministro de Agricultura, le dijo a El Espectador sobre la reforma que “el Plan de Desarrollo le dio facultades al Gobierno para que escindiera del Incoder lo de tierras y desarrollo rural en dos entidades nuevas, en eso coincide con las recomendaciones de la Misión Rural”. Cecilia López, quien hizo parte de la Misión Rural, aseguró que “el Gobierno ya sabía para dónde iba esto y en la propuesta de reforma institucional hemos visto que las grandes ideas las han acogido”.
Respecto a las demás entidades, de acuerdo con el Gobierno, la Agencia Nacional de Tierras ejecutará la política de ordenamiento social de la propiedad; la Agencia para la Renovación del Territorio se encargará de atender los municipios priorizados y que por sus condiciones actuales en materia económica, social y de seguridad tienen un nivel de desarrollo inferior al promedio nacional; la Dirección de Mujer Rural recogerá y atenderá las necesidades de las habitantes rurales y el Consejo Superior del Ordenamiento del Uso del Suelo definirá la política relacionada con el ordenamiento del suelo rural. La realidad es que ya fueron creadas las instituciones y ya fue liquidado el Incoder, ahora hay que esperar a que funcionen una vez prendan motores y arrojen su primera cosecha.