Colombia estrenó el 25 de junio su más reciente ley laboral. Quienes la han impulsado aseguran que esta fortalece el trabajo digno, la remuneración justa, el bienestar integral de los trabajadores y el acceso efectivo a la seguridad social.
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Los críticos, como se evidenció en los debates, advierten que estos cambios incrementan de forma considerable los costos de contratación. Esto, según sostienen, podría limitar la capacidad de las empresas para crear nuevos empleos o incluso llevarlas a realizar recortes de personal con el fin de ajustar sus finanzas a la nueva realidad.
Lo cierto es que los más recientes datos del DANE no muestran un deterioro en el mercado laboral. En el trimestre comprendido entre junio y agosto, la tasa de desempleo fue del 8,6 % que, sorpresivamente, resulta ser la más baja en casi una década.
La informalidad, aunque se mantiene en niveles elevados, continúa disminuyendo. En agosto alcanzó el 55,7 %, una cifra 0,3 puntos porcentuales inferior a la del mismo mes del año pasado y 4,6 puntos por debajo de la registrada para el mismo tiempo en 2021.
¿Entonces la reforma está siendo efectiva en la lucha contra todos estos malestares? No necesariamente. Según lo explicado a este medio por expertos académicos, lo que se está viendo es más el resultado de la inercia con la que viene el mercado laboral.
Tampoco se puede decir que la caída del desempleo no tiene sus grises, pues una parte importante de quienes se han ocupado lo han hecho bajo la posición de trabajador por cuenta propia, la cual está altamente relacionada con la informalidad y el bajo valor agregado.
También es cierto que aún es prematuro hacer una evaluación completa de las consecuencias de la reforma. En parte porque las empresas todavía se están adaptando a las nuevas reglas de juego y, además, algunos artículos aún no entran completamente en vigor.
Así avanza la implementación de la reforma
No siempre las leyes empiezan a regir de forma inmediata, y más cuando se trata de un documento tan extenso como lo es esta ley laboral que cuenta con 70 artículos. Muchas de estas normas requieren de un tiempo adicional para ser reglamentadas, o se les fija una progresividad o tiempo de gracia para facilitar una transición.
Ejemplo de esto es el recargo por trabajar en días de descanso que, hasta el momento, solo ha aumentado un 5 %, al pasar del 75 % al 80 %. Esta medida se aprobó de manera gradual para permitir que las empresas se ajusten y eviten que el impacto económico sea estruendoso. El primero de julio de 2026 este recargo aumentará al 90 %, y desde esa misma fecha en 2027 alcanzará el 100 %.
Otro es el incremento en el recargo nocturno, que actualmente aplica a partir de las nueve de la noche, pero desde el 26 de diciembre de este año comenzará a pagarse desde las siete de la noche.
En entrevista con El Espectador, el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Fabio Arias, recordó que otros pendientes que tiene la reforma son los proyectos reglamentarios que se deben expedir en favor de las madres sustitutas, comunitarias y trabajadoras domésticas, para quienes la nueva ley promete mecanismos de formalización. Estos beneficios, detalla el líder sindical, entrarían en vigencia en un año. También se avanza en programas similares para los trabajadores del Programa de Alimentación Escolar (PAE), los cuales tardarían cerca de tres años.
En el balance de los 100 primeros días de la reforma, el Ministerio de Trabajo resaltó que ya hay algunos avances en esta materia, como lo es la publicación de la resolución que crea un espacio de diálogo tripartito para la formalización del trabajo doméstico. La iniciativa tiene el objetivo de crear un canal formal para la interlocución y negociación de las condiciones laborales. Con esta medida se busca impactar a más de 700.000 personas.
El mercado laboral también espera la implementación del artículo 52 de la reforma, que es la que regula las modalidades de teletrabajo (autónomo, móvil híbrido, transacional y temporal/emergente). Para esto se usará el Sistema de Información del registro de Teletrabajadores (SISTEL), el cual permite la estandarización y registro de este tipo de contratos, además de un panorama claro y apto para las labores de inspección, vigilancia y control (IVC) que realiza el ministerio.
“La reforma laboral no se ha quedado en el papel, no es letra muerta. En estos 100 días podemos contar más de 30 victorias que están transformando el día a día del pueblo trabajador colombiano”, señaló el ministro Antonio Sanguino.
En el grupo de lo que ya está en vigencia se encuentra el reconocimiento de carácter laboral que se le dio al contrato de aprendizaje. Según lo descrito por Arias, hasta septiembre se habían vinculado 23.000 aprendices más que en el mismo mes del año anterior, lo que se consolida como uno de los principales impactos que está generando la ley laboral. El cambio para ellos es que ahora reciben un salario mínimo en su etapa práctica, así como acceso a seguridad social (cotización a salud, pensión y otras prestaciones).
Para el líder sindical, en este caso el dato mató al relato, pues los detractores de la reforma habían advertido que, con el aumento de estos costos, muchas empresas obligadas a contratar aprendices preferirían pagar la multa (la denominada monetización de la cuota de aprendizaje), la cual se estableció en 1,5 salarios mínimos. La información del Ministerio de Trabajo puntualiza que son 310.000 los aprendices del SENA que, en promedio, se vinculan en su etapa práctica.
La cartera laboral también resalta que ya se cuenta con lineamientos de inspección y con enfoque de género para dar cumplimiento al artículo 18 de la ley, el cual brinda protección contra la discriminación y medidas contra la violencia y el acoso en el trabajo. A esto se suma el lanzamiento de una cartilla de género, diseñada como instrumento de orientación para las labores de IVC, y que el equipo élite del Ministerio de Trabajo pasó de 58 a 120 inspectoras e inspectores.
Otro punto importante, y clave en la lucha contra la informalidad, es la expedición de lineamientos para ajustar la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA). Los cambios permiten realizar cotizaciones a seguridad social por periodos inferiores a un mes, lo cual beneficia a trabajadores con ingresos inferiores a un salario mínimo o con jornadas parciales. Esta es una realidad que se acentúa, por ejemplo, en sectores como el agro, el comercio, el servicio doméstico y las microempresas.
La previsión que hace el presidente de la Confederación General del Trabajo (CGT), Percy Oyola, es que esta ley demostrará la teoría económica que no solo defendieron en el debate de la reforma laboral, sino que sacan a relucir cada año en las concertaciones del salario mínimo, y es que trabajadores mejor remunerados se traducen en economías más prósperas.
La explicación que dan es que en la medida en que un trabajador tenga mayor capacidad de gasto, la demanda en el mercado aumenta, lo que hace que las empresas vendan más y, por ende, se vean en la necesidad de aumentar sus contrataciones. Un círculo virtuoso en el que todos ganan. Aunque la creciente inflación, que en septiembre registró una variación anual del 5,8 %, aleja a Colombia de llegar a la meta del 3 % y alerta que la demanda está superando la oferta.
Fenalco enciende las alarmas
El director del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, Andrés García, señala que si bien es reciente medir los impactos de la reforma (tanto en sus potenciales positivos como negativos) es válido ver los cambios que se han sentido durante estos meses en los sectores más sensibles a la nocturnidad y otros costos adicionales que plantea la laboral.
Recientemente, Fenalco (uno de los gremios que más se opuso a la aprobación de la reforma) publicó los resultados de una encuesta realizada a comerciantes, con el propósito de obtener un panorama sobre los efectos que ha tenido la nueva ley en los dos primeros meses de su entrada en vigor.
El 13 % de los encuestados considera que para el cierre del segundo semestre del año habrá aumentado el empleo en su empresa; en contraste, el 52 % cree que seguirá igual y el 35 % que disminuirá. En cuanto al impacto que ha tenido la reforma en los costos laborales, el 9 % asegura que ha sido bajo o muy bajo. La mayoría, el 41 %, señala que el coletazo ha sido alto; el 30 % lo califica como muy alto y el 20 % dice que ha sido moderado.
“Estas cifras confirman que, para la mayoría de los empresarios, la reforma implica una carga significativa que afectará directamente la competitividad, limitando la capacidad de contratación y de inversión en otros frentes estratégicos”, alerta Fenalco.
La encuesta también sugiere que muchas empresas ya están realizando ajustes para adaptarse a la nueva realidad laboral. A raíz del incremento en el recargo nocturno, el 41 % de los comercios ha reducido sus operaciones en horario nocturno; el 28 % aún no lo ha hecho, pero planea hacerlo; el 15 % no ha implementado cambios; el 11 % continuará operando sin ajustes, y el 5 % no sabe o no responde.
Para enfrentar los desafíos económicos que plantea la reforma, el 24 % de los comercios ha ajustado sus horarios; el 19 % ha reducido sus horarios nocturnos; el 18 % ha reducido o congelado su planta de personal; el 14 % ha aumentado las inversiones en automatización; el 13 % dejó de contratar personal temporal; el 9 % ha reducido su contratación de aprendices y pagará la multa; otro 9 % ha redefinido su estrategia hacia las ventas virtuales; y el 5 % cerró su negocio o una parte de este.
Aún es temprano para dictar una sentencia sobre el impacto real de la reforma. Por ahora, las cifras parecen dar un respiro, pero el mercado laboral se mueve entre la expectativa de una transformación estructural y el temor de un encarecimiento que frene el empleo. En últimas, el verdadero éxito de esta ley no dependerá solo de lo que quedó escrito en el papel, sino de la capacidad del país para equilibrar derechos y sostenibilidad empresarial.
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