Hay una maniobra ya tradicional para proteger a los contribuyentes de una situación en la que deban asumir el costo del fracaso sistemático de una institución financieramente importante. Involucra a bancos centrales y ministerios de finanzas presionando a un banco mejor capitalizado para que absorba al negocio atribulado a través de una fusión concertada. No obstante, es claro que esta herramienta de administración de crisis ya no puede emplearse, lo cual genera preguntas con respecto a la habilidad de las autoridades para estabilizar el sistema financiero durante una crisis.
Nada ilustra mejor este punto que el pago de US$16.700 millones hecho el mes pasado por el Bank of America para resolver los alegatos de que engañó a sus inversionistas con los títulos apoyados en hipotecas. Esta fue una llamativa aplicación de la justicia. Los alegatos surgieron no sólo por las actividades del BoA, sino también por las de Merrill Lynch y Countrywide, que adquirió en 2008. Por supuesto, si las reglas de juego han sido fijadas por la Reserva Federal y el Tesoro de los Estados Unidos, estas transgresiones ocurridas antes de la fusión pudieron no haberse castigado, lo cual trae una serie de preguntas distintas sobre la justicia, o la ausencia de la misma.
Pero como el Departamento de Justicia, la Comisión de Bolsa y Valores y seis fiscales generales de estado tuvieron una oportunidad espléndida para poner sus cuatro patas sobre esta batalla potencialmente lucrativa, las reglas se ajustaron a una lógica distinta. El mensaje para la comunidad financiera, al igual que con el castigo para JPMorgan Chase por su mal comportamiento a través de Washington Mutual, antes de ser absorbido en 2008 por el banco más grande, resulta ser que el proceso necesario para una fusión en crisis ya sería demasiado largo para realizarlo.
Lo mismo aplica para Europa, aunque por motivos distintos. La experiencia en el Reino Unido con la adquisición hecha por Lloyds a HBOS demostró cómo la adquisición apresurada de un banco débil podría destruir a quien lo adquiera, así sea una institución fuerte. El Royal Bank of Scotland fue igualmente afectado por su adquisición de las partes afectadas de ABN Amro.
En la misma medida, es así de importante el problema de bancos que no sólo son demasiado grandes para fracasar sino demasiado grandes para ser rescatados, porque sus pérdidas son enormes y el Gobierno no tiene la capacidad fiscal para respaldarlos. Los daños ocasionados por los bancos sobredimensionados en Irlanda e Islandia son una lección clara.
Las grandes fusiones bancarias en los países desarrollados están muertas. No obstante, desde el colapso de Lehman Brothers en 2008, las desventajas de una bancarrota tradicional han sido, todas, demasiado obvias. En Estados Unidos, los rescates han sido declarados ilegales por la ley Dodd-Frank. Así que deben hallarse nuevas fuentes de financiamiento para recapitalizar sistemáticamente a los bancos importantes que están en apuros.
El consenso actual es que esto debería provenir de los acreedores que están aportando el dinero para rescatarlos, de manera que compartan sus pérdidas, mientras se organizan los mecanismos para una resolución ordenada o para la reducción en el tamaño del banco. Como ha señalado el profesor emérito del London School of Economics, Charles Goodhart, los acreedores que enfrentan un riesgo mayor demandarán unos retornos más altos o pondrán en los bancos fondos en forma de depósitos para que sean inmunes al rescate. Para prevenir esto, las autoridades probablemente obliguen a los bancos a tener un margen de absorción de pérdida impuesto que sea más alto que su capital. La pregunta que no se ha respondido es qué pasaría si se utiliza hasta acabarla la deuda de margen para absorber pérdidas.
En Estados Unidos, la Reserva Federal y la Corporación Federal de Depósito de Seguros rechazaron este mes como inadecuados los fideicomisos de bancos americanos y europeos. Hay varios mecanismos centrales para una solución ordenada a los bancos que fallan en una crisis. A pesar de los intentos por parte de Europa de dirigirse a una unión bancaria, su mecanismo único de resolución deja a las autoridades nacionales un considerable espacio de discreción.
Una paradoja que se halla en el corazón de esta nueva aproximación a las crisis sistemáticas es que rescatar a acreedores probablemente tenga efectos muy amplios, pues, a diferencia de un rescate, generará pérdidas en otras instituciones financieras importantes. La ley Dodd-Frank se vuelca hacia la industria de la banca para dar cuenta de cualquier pérdida que esté por encima de lo que pueden absorber su capital y su deuda. Esto es una receta para el pánico.
Cuando los gobiernos temen que una crisis sistemática podría desencadenar una depresión, pueden hallar formas de volver a los hábitos de rescate del pasado. En 2008 y 2009 esto demostró ser caótico. No obstante, la posibilidad de fusiones concertadas en Estados Unidos y el Reino Unido, y la estructura de supervisión que no ha sido puesta a prueba, insinúan que cuando aquello ocurra de nuevo, el manejo de la crisis podría ser aún más caótico.