Un apagón masivo podría ser el desenlace de una crisis anunciada. La Contraloría General de la República ha elevado una alarma sobre el deterioro del sector energético en Colombia: deudas acumuladas por más de $7 billones, atrasos en el pago de subsidios y la ausencia de nuevos proyectos ponen en peligro el acceso a servicios esenciales de electricidad y gas.
El contralor Carlos Hernán Rodríguez advirtió sobre el riesgo de que millones de colombianos de estratos 1, 2 y 3 enfrenten un incremento en las tarifas o incluso queden sin servicio. En un llamado urgente, convocó a los ministros de Minas y Energía, y Hacienda, a buscar soluciones inmediatas para evitar un posible racionamiento de energía, que tendría consecuencias económicas y sociales devastadoras.
El peso de la deuda: $7 billones sin pagar
El sector energético enfrenta una acumulación de deudas que afecta tanto a empresas como a usuarios:
- Subsidios pendientes: $2,7 billones por energía eléctrica y $628 mil millones por gas natural.
- Opción tarifaria: $3,3 billones, un mecanismo que permitió reducir tarifas durante la pandemia.
- Deudas oficiales: $1 billón de usuarios institucionales.
Esta situación, que compromete 60 % de los recursos necesarios anualmente, tiene a las empresas al borde del colapso financiero, disminuyendo su liquidez y capacidad de operación.
La opción tarifaria, implementada en 2020 como respuesta a la crisis económica, permitió a los comercializadores reducir temporalmente las tarifas, acumulando los saldos para cobrarlos posteriormente. Aunque fue una medida beneficiosa durante la pandemia, su efecto a largo plazo ha sido problemático:
- Impacto en los usuarios: familias de bajos recursos enfrentan facturas que podrían duplicarse, pasando de $30.000 a $58.000 mensuales en algunos casos.
- Presión sobre las empresas: con cerca de $5 billones en deudas acumuladas, las compañías deben ajustar sus operaciones para evitar el colapso.
En julio de 2024, el Ministerio de Hacienda habilitó créditos para comercializadores con tasas compensadas, buscando aliviar la carga de la opción tarifaria. Sin embargo, la Contraloría destaca que estos esfuerzos han sido insuficientes. La nueva resolución de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) propone trasladar los beneficios de estos créditos a los usuarios mediante reducciones en las tarifas, pero el problema de fondo sigue sin resolverse: el Gobierno carece de mecanismos claros para cubrir las deudas acumuladas.
Además, la falta de inversión en nuevos proyectos de generación eléctrica y abastecimiento de gas exacerba la inseguridad energética, afectando la confianza de inversionistas públicos y privados.
El Ministerio de Minas y Energía anunció un abono por $184.000 millones a las empresas de las Zonas No Interconectadas. Nada dijo de pagar a las del Sistema Interconectado Nacional, que atiende a la mayoría de los usuarios del país.
Camilo Marulanda, presidente de Isagen, dice que si el Gobierno incumple los pagos los comercializadores podrían verse abocados a dejar de financiar los subsidios, lo que implicaría un aumento de hasta 150 % en tarifas para los más vulnerables y hasta cortes del servicio, por hechos no imputables a las empresas del sector. “Las empresas han buscado respaldo financiero a la espera de los giros del Gobierno, pero el atraso actual desborda la capacidad de muchas compañías”, dice.
Un llamado a la acción inmediata
La Contraloría ha instado al Gobierno a priorizar el pago de subsidios, estabilizar las finanzas del sector y asegurar el acceso a servicios esenciales. Entre las propuestas más urgentes se encuentran:
- Declarar las deudas como obligaciones corrientes en el Presupuesto General de la Nación.
- Implementar estrategias claras para garantizar la sostenibilidad financiera del sistema.
- Fortalecer los esquemas de subsidios con transparencia y equidad.
La creación de mesas de trabajo con la participación de ministerios, gremios y entidades de control será clave para delinear un plan de acción que evite la crisis, aseguró la entidad de vigilancia.
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