Cuando un ejecutivo asumía como presidente de su compañía, tenía tres misiones claras: compromisos tributarios, arrojar márgenes de rentabilidad positivos a corto plazo y cumplir con metas de crecimiento y expansión comercial. A eso, hace un poco menos de cinco años, se sumó un nuevo reto: adoptar un papel más activo en la construcción de paz y desarrollo sostenible de la sociedad por medio de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE).
En Colombia la tarea no ha sido fácil. Trabajar en un solo escenario donde se reúnan los negocios, la RSE y el conflicto armado se ha convertido en un desafío. Ese es el debate que hace poco abrió la Fundación Ideas para la Paz, en donde académicos, empresarios y expertos en la materia dejaron saber sus opiniones al respecto y expusieron el escenario actual en el que se mueven los empresarios.
En Colombia, durante más de dos décadas, el secuestro y la extorsión fueron el mayor aporte para las arcas de los grupos armados al margen de la ley, “factor que hizo que muchos empresarios, entre hacendados y compañías que tenían sus instalaciones en zonas de riesgo, se vieran en la ‘obligación’ de pagar vacunas en busca de su seguridad. Entonces, el dinero de los empresarios se volvió una fuente importante de las guerrillas. Ese era el tamaño del problema”, detalló Antanas Mockus, ex alcalde de Bogotá y director de la Corporación Visionarios.
Sin embargo, los empresarios aclaran que gracias a las medidas de seguridad que hoy operan en el país es que han llegado mayores flujos de inversión extranjera y se han reducido obstáculos como las extorsiones, logrando que los programas de RSE (escuelas, cultivos sostenibles, programas de vivienda, entre otros) se hayan podido adelantar sin mayores presiones y disponer de más recursos para ello.
Jeffery Flood, gerente general de Responsabilidad Empresarial de Nexen Inc., una multinacional petrolera de Canadá, con 11 años en Colombia, relató el caso de su compañía y dejó saber que la fórmula más viable para concertar en ambientes hostiles era hablar abiertamente con la comunidad donde se van a adelantar las exploraciones. “Escuchar sus necesidades y contarles sobres los proyectos que los beneficiarán, explicar que no somos el Gobierno, ni una ONG y tampoco damos caridad. Y lo más importante, que como empresarios estamos motivados por valores y no simplemente por el crecimiento corporativo a expensas de otros”. Y agrega: “Lo que buscamos es que, después de la explotación de un pozo, nos podamos ir tranquilos por dejar proyectos productivos y microempresas en marcha”.
Carrefour, por su parte, en escenarios en conflicto ha trabajado de la mano de “instituciones y organizaciones que tengan legitimidad entre la población y que sean neutrales frente a los actores armados, como en el caso de sustitución de cultivos, con Naciones Unidas, o desplazados con la OIM. Además, se deben trabajar alianzas para proyectos que den soluciones sostenibles a las problemáticas ligadas al conflicto y no en políticas asistencialistas”, explica Ximena Botero, gerente de comunicación y marketing de la compañía.
Modelos como estos han generado tan buenos resultados que varias empresas en Colombia los han desarrollado con éxito. Casos como el de Cemex, Nestlé, Microsoft y gremios como Indupalma, han adelantado proyectos en zonas que han sido tocadas por el conflicto, por medio de proyectos de cultivos, compra de bienes y servicios, educación y suministros de herramientas para un mejor desarrollo de la sociedad. El Cerrejón, una de las compañías más grandes en la exportación de carbón colombiano a Europa y Estados Unidos, por ejemplo, encontró que el 95% de la población del área de influencia de sus zonas de operación se mostraba favorable y receptiva a las iniciativas de RSE de la compañía, de acuerdo con la encuesta que realizó en febrero de 2008 el Centro Nacional de Consultoría.
Aunque el panorama es positivo y hay muchos proyectos ya trabajando y sobre la marcha, hay algunas inquietudes que aún no dejan el camino libre a este tipo de iniciativas corporativas, como las manifestadas por Alexandra Guáqueta, de la Fundación Ideas para la Paz, que aunque ya se expusieron y abrieron al debate, aún no tiene respuestas claras en el escenario colombiano: ¿Qué tan seguros están los empresarios de que sus proveedores o contratistas no están pagando extorsiones en las regiones? ¿Qué hacer para ayudarlos y no permitirlo? ¿Cuáles son las reglas de juego para las empresas en Colombia que trabajan en zonas de conflicto? ¿La ley ayuda con ese tema?