En el ciclo noticioso del año, diciembre es el mes que suele recoger asuntos como la información sobre movilidad en las carreteras de Colombia (que tristemente suelen protagonizar las tragedias viales) y las cifras de personas quemadas con pólvora.
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En el mundo económico, diciembre es el mes para consultar el oráculo y preguntarle cómo se comportarán el dólar y el petróleo el próximo año y también es un tiempo para pasarle revista al comercio (uno de los motores actuales del PIB). Pero, sin duda, la estrella de estos días es la negociación del salario mínimo, pues de él dependen directamente casi dos millones de trabajadores en Colombia, así como el cálculo de asuntos como comparendos de tránsito y multas impuestas por los jueces de la república.
Año tras año, el ritual del salario mínimo comienza en las últimas semanas de noviembre, cuando arrancan las primeras reuniones entre los gremios empresariales y las centrales obreras. Estos primeros encuentros son de la llamada subcomisión de productividad: acá se trata de llegar a un acuerdo sobre la cifra de productividad que se llevará a la mesa de concertación del salario.
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Esta primera etapa suele atraer mucho menos la atención mediática y a ella solo atienden algunos funcionarios técnicos del Departamento Nacional de Planeación (DNP), el DANE y el Minhacienda, junto con asesores económicos de las centrales y los gremios económicos.
La existencia de esta sección de la negociación se justifica porque la ley establece que el salario mínimo en Colombia se debe calcular teniendo las cifras de inflación y productividad: sobre esa base técnica es que se debe dar el debate económico del aumento del mínimo.
Tradicionalmente, la cifra de productividad que llegaba a la mesa era provista por el DNP y solía incluir dos miradas técnicas sobre el asunto: una enfocada duramente en la productividad del trabajo y otra que tenía en cuenta otras variables incluidas en la producción (como el capital, por ejemplo), conocida como PTF.
Esta última medición era típicamente aceptada por todos los sindicatos, excepto por uno (la CUT), que discutía la conveniencia de enfocarse solo en la productividad del trabajo.
Este año, la negociación incluyó una novedad: la cifra de productividad ahora la provee el DANE y se calcula utilizando un estándar global llamado Klems, que, si bien es más detallado, por su construcción muestra cifras de productividad laboral más bajas. Hasta este punto, la negociación solía no tener mayores desacuerdos, aunque este año sí hubo varios debates entre el DANE y los asesores económicos de las centrales por este cambio de visión sobre la productividad.
Ahora bien, de fondo, es un debate técnico que termina teniendo poca importancia para la siguiente fase, en donde ya no se trata de hablar de política económica, sino de política, realmente.
Una vez la subcomisión de productividad ha terminado sus sesiones arranca la instalación oficial de la mesa de concertación. Primero, el Banco de la República, los ministerios de Hacienda y Trabajo, así como el DANE, presentan cifras macroeconómicas y los datos de inflación, que deben ser los insumos cuantitativos para la discusión. Y aquí comienzan las apuestas de los gremios y los sindicatos.
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Una pregunta primero: ¿alguien escucha hablar del salario mínimo antes de noviembre? Exacto, es una discusión que solo pareciera cobrar relevancia en noviembre. La respuesta más rápida diría que sin conocerse datos como productividad e inflación del año corrido no se puede comenzar a calcular este tema. Y esto es cierto. Pero aquí hay un punto más de fondo: al final, a nadie parece importarle el tema hasta que el capital político del año no ha sido recogido por completo para, ahí sí, sentarse a negociar.
El salario mínimo es una discusión en la que, históricamente, nadie parece ponerse de acuerdo. Desde 1997 solo ha podido concertarse en siete ocasiones y en tres de ellas la decisión no ha tenido el aval de dos de los sindicatos (CUT y Confederación Democrática de Pensionados, CDP).
Ante un desacuerdo sistemático de este tamaño, se podría pensar que uno de los debates internos de gremios y centrales quizá sería cómo mejorar la discusión. “Debatamos acerca de productividad laboral durante el año, por ejemplo. Pero no, hasta noviembre nadie quiere pensar en el salario mínimo y eso parece preocupante porque al final es sentarse a hablar desde la política y no desde lo técnico; y más en un año como este”, dice una de las personas involucradas en la negociación, quien pidió la reserva de su nombre.
Incluso en muchas ocasiones las pujas políticas se dan en las mismas centrales obreras, pues en varias oportunidades entre ellas tampoco hay un acuerdo respecto al porcentaje sobre el cual se plantea la negociación (aunque este año sí han llegado con una cifra unificada, lo que puede facilitar la discusión). Las movilizaciones nacionales del paro sin duda han fortalecido el discurso de los sindicatos, lo que también ayudó a que, a pesar de sus brechas y diferencias, este año sí concertaran entre ellos la propuesta que llevaron a la mesa (8,1 % de aumento).
Ya en la negociación (que puede alargarse hasta el 30 de diciembre) suelen aparecer los temas de la coyuntura (el paro, por supuesto) y algunos de los temas académicos relevantes: reformas tributarias y desigualdad han sido puntos importantes en los discursos de los presidentes de las centrales obreras.
Por parte de los gremios, las preocupaciones por los costos no salariales junto con el comportamiento de la economía en el año en cuestión son algunos de los temas tradicionales que exponen estos actores.
En este punto, el debate comienza a alejarse cada vez más de las cifras presentadas al principio y, en general, de los debates económicos que deben animar y sustentar la definición del salario mínimo. En su lugar, toman el mando las discusiones ideológicas entre ambas partes y entre los mismos bandos; en las centrales se evidencian las fracturas de las varias ideologías de las izquierdas. Y estos factores condicionan que, al final, lo que pase con el salario mínimo tiene que ver más con el ciclo político del momento que con la economía.
Por ejemplo, tanto en 2017 como en 2018 hubo un acuerdo que estuvo estimulado por el impulso político que antecedió las elecciones de 2018, pues los partidos (con sus posturas ideológicas) también tienen sus representantes (no oficiales) e intereses en la mesa de concertación.
Pero, así como hay momentos para el acuerdo, también hay instantes en los que las posiciones de lado y lado se radicalizan y no hay terreno común, pues el juego político del año es mínimo y para los que están sentados en la mesa (de quienes ninguno gana el mínimo) hay mucho que perder.
Este año, sondeando analistas y participantes de las conversaciones, puede que no haya mucho espacio para la concertación, pues el paro condiciona la discusión y ambas partes quizá tengan más para ganar en el desacuerdo político que en la discusión económica.