Si hay un sector de la economía colombiana que sea saqueado por la corrupción ese es el de las regalías. Paramilitares, guerrilleros, delincuentes comunes, ladrones de cuello blanco, contratistas del estado y hasta servidores públicos como alcaldes y gobernadores han sido históricamente vinculados a hechos de despilfarro de dichos recursos sin que se tenga claro a cuánto puede ascender el descalabro. Una escuela mal hecha en Arauca, una piscina olímpica a medio terminar el algún municipio apartado del Casanare, un “impuesto” de los paras a cualquier municipio y un contrato con comisiones por debajo de la mesa al adjudicatario son modalidades tan diversas como difíciles de rastrear para las autoridades.
Y por supuesto hace falta mucho más que una reforma como la que acaba de aprobar el Congreso para resolver esta problemática, que requeriría una sinergia entre los organismos de control, el ejecutivo y la misma ciudadanía. Pero aunque no resuelve todos los problemas es un buen paso para garantizar mayor equidad en uno de los más importantes: el de la distribución de los recursos.
Las regalías son una compensación económica que el estado recibe por la explotación de sus recursos no renovables a manos de multinacionales en por lo menos 18 sectores. No sólo el petróleo le produce regalías al país. También lo hacen las esmeraldas, el oro (tan atractivo por estos días para la inversión extranjera en Colombia) y muchos otros productos. Entre 1994 y 2005 el país recibió más de 20 billones de pesos por concepto de regalías, de las cuales el 83% tuvieron su origen en ocho departamentos.
Lo que ocurría hasta antes de la reforma aprobada ayer por el Congreso era que aquellas regiones del país (departamentos y municipios) donde se originaba, por ejemplo, la explotación petrolera tenían mayores privilegios a la hora de la asignación de los recursos por concepto de las regalías. Eso obedecía a la lógica de que si fue allí donde se originaron los nuevos recursos para la nación, en ese mismo lugar deberían invertirse. Pero la llegada de todos los problemas aquí descritos, y de otros, terminó volviendo perversa una idea que en principio era noble.
Con la nueva reforma, los recursos de las regalías tendrán una destinación distinta, pues el Estado deberá ahorrar como mínimo el 20% de los mismos (y hasta el 30%, dependiendo de las circunstancias) y se crean cuatro fondos para promover la formación y la competitividad del país, los cuales señalarán la ruta de las inversiones por ejemplo para temas como ciencia y tecnología.
El hecho de que se les quite a las regiones parte del manejo directo de las regalía es el que ha llevado a los reclamos de los productores de las mismas a quienes, evidentemente, se les reducirán los ingresos directos. Su reto está en manejarlos mejor y en acometer proyectos de desarrollo serios y bien estructurados que puedan ser financiados con el respaldo de los cuatro grandes fondos que trae la nueva ley. Será una oportunidad para que por fin las regiones que más riqueza le han dado al país tengan las escuelas que merecen y sus piscinas no queden a medio terminar.