Uno de los temas que más controversia generaron en el gobierno que termina fue el de la infraestructura, crucial para la competitividad del país. Obras que no arrancaban, procesos licitatorios cuestionados, escándalos en el Instituto Nacional de Concesiones (Inco) y en el Instituto Nacional de Vías (Invías).
Pero la realidad es que la red de carreteras de Colombia cuenta con 162 mil kilómetros, de los cuales 16.599 kilómetros pertenecen a la red vial nacional o primaria que es administrada por el Invías.
Los 146 mil kilómetros restantes conforman las vías secundarias y terciarias que, de acuerdo con la Ley 105 de 1993, son responsabilidad de los entes territoriales, quienes responden por su usufructo, administración y mantenimiento. Es decir, que los municipios deben responder por 114 mil kilómetros de vías y los departamentos por 32 mil kilómetros.
En lo que corresponde a la Nación, el 80% de la red nacional se encuentra pavimentada, es decir, 13.286 kilómetros, y 620 de ellos en doble calzada. Hasta 2010 hay 4.011 kilómetros concesionados, sin incluir la Ruta del Sol y la nueva Transversal de las Américas.
El Gobierno aspira a que al finalizar su gestión pueda contar con 1.000 kilómetros de carreteras en doble calzada, cifra que comparada con los 52 kilómetros de vías de doble calzada existentes en 2002, representa un gran avance para la competitividad del país.
No obstante, el mismo Gobierno reconoce que en cuanto a las vías secundarias y terciarias todavía hay mucho por hacer, pese a los grandes esfuerzos, como los contemplados en el Plan 2.500, que se implementó desde 2004 y al que se le asignaron $1,83 billones.
El Plan 2.500 se concibió como un proyecto de integración y desarrollo regional que contenía varios criterios de priorización, permitiéndole al Ministerio de Transporte concertar con la comunidad y priorizar los proyectos.
En el documento Conpes 3311 de 2004 se definió una lista de proyectos por departamento. Un análisis cuidadoso del cuadro evidencia la complejidad del Plan, pues contempla la realización de más de 250 obras, todas ellas de pocos kilómetros. Éstos van desde 0,5 kilómetros hasta 140 kilómetros; sin embargo, la mayoría de los proyectos se ubican en un rango de entre 20 y 40 kilómetros.
Esta cifra da una idea de lo complejo que le resultó este proyecto a la Nación, por su administración y el riesgo en la contratación, que es muy alto, ya que exige un control muy severo, para lo cual es difícil para una entidad como el Invías contar con la institucionalidad necesaria para hacerlo apropiadamente, debiendo confiar esta labor, por lo general, a las firmas interventoras.
El Ministerio de Transporte reporta que existen aproximadamente 16 contratos de este plan en problemas, sobre los cuales se adelantan acciones jurídicas para resarcir los perjuicios causados. Sin embargo, el reporte suministrado por Invías es satisfactorio por los avances sociales en infraestructura, desarrollo e integración que este Plan permitió a muchas regiones apartadas.
Al 30 de julio de 2010, el Invías reporta una ejecución del 92% en este programa, es decir, se han pavimentado y realizado obras de mantenimiento en 2.472 kilómetros de vías que pertenecen a 440 municipios del país.
Un segundo proyecto ambicioso del Gobierno 2002-2010 es el “Sistema Integrado de Transporte Masivo (SITM) y Ciudades Amables”, con inversiones de $12 billones, de las cuales el 70% le corresponde a la Nación.
Como complemento a esta inversión, el sector privado invirtió $4 billones, especialmente en material rodante y servicios tecnológicos en transporte de gran nivel.
Esta inversión permitió el desarrollo de Transmetro en Barranquilla, Transcaribe en Cartagena, Metrolínea en Bucaramanga, Metroplús en el Valle de Aburrá, Megabús en Pereira, Transmilenio de Soacha y MIO en Cali; y las fases II y III de Transmilenio en Bogotá.
En materia aérea se destaca el desarrollo del nuevo aeropuerto El dorado, cuya contratación estuvo rodeada de múltiples controversias y discusiones que concluyeron en la necesidad de reemplazar las actuales instalaciones por una edificación moderna que permita incorporar nuevas tecnologías de servicios aeroportuarios y ampliar la capacidad de las terminales, tanto para pasajeros nacionales e internacionales, como para carga; así como la necesidad de construir una nueva torre de control y nuevos espacios administrativos para el funcionamiento y operación de la oficina de la Aerocivil.
Esta entidad reporta una inversión de $3 billones durante los ocho años en mejoramiento de la seguridad en las operaciones aéreas e infraestructura en 49 aeropuertos comunitarios.
Finalmente se deben destacar las inversiones y el avance en la infraestructura portuaria, que representan para la Nación una inversión de $1,8 billones, que se refleja en el incremento de la capacidad instalada en cerca de 24 millones de toneladas en las sociedades portuarias de Barranquilla, Santa Marta y Buenaventura.
Cabe destacar el mejoramiento de la profundidad de los canales de acceso a Buenaventura, que pasó de 9,8 metros a 12,5 metros; Cartagena, de 11,5 metros a 14,5 metros; Barranquilla, de 7,5 metros a 12,3 metros y Tumaco, que se consolidó en 7,5 metros de profundidad.
*Decano de la Facultad de Ingeniería Civil, Universidad de Colombia.