Para evitar la prolongación de pensiones millonarias en las entidades públicas del país, la contralora General de la República, Sandra Morelli Rico, dijo que el ente de control está próximo a revelar un estudio que dará a conocer las pensiones más altas del país. Con esto se busca evitar nuevos desfalcos en materia de mesadas desproporcionadas, así sean legales.
La funcionaria explicó que el ente de control estará atento a tomar decisiones pertinentes en los casos en que se encuentre que las pensiones sean irregulares o ilegales. En cuanto a las elevadas mesadas pensionales de la rama judicial, Morelli dijo que la Contraloría considera que el Consejo de Estado es quien tiene la competencia para resolver este conflicto.
Las auditorías para detectar las pensiones millonarias en entidades públicas, según fuentes del ente de control, continúan haciéndose en Cajanal y en el Seguro social. Asimismo, los resultados de las mismas pueden darse a conocer el próximo mes con montos exactos.
Según un estudio del Centro de Investigación y Desarrollo (CID) de la Universidad Nacional, 1.750 personas ubicadas en la “parte alta de la pirámide pensional” reciben cada una al año $167,1 millones ($14 millones al mes). Dice el informe que los privilegiados están concentrados en el sector público, particularmente en el Congreso de la República (652 personas) y en Cajanal (307).
Entretanto, 748.000 pensionados localizados en la base de la pirámide reciben $6,8 millones anuales ($600.000 mensuales). Aclara el estudio de la Universidad Nacional que las cifras son al corte de 2006, porque “el Ministerio de Hacienda se negó a entregar información más reciente, pese a las peticiones que le hizo la Procuraduría General de la Nación”.
Las estadísticas oficiales aseguran que de 19 millones de trabajadores que tiene el país, tan sólo 6 millones están cotizando en sistema pensional. En contraste, 13 millones no pueden acceder a este esquema por estar en la informalidad.
Investigaciones invernales
En materia de ola invernal, Morelli aseguró que la Contraloría tiene abiertas 152 investigaciones a alcaldías por no suministrar información sobre los estragos causados por la temporada de lluvias y por entorpecer el empalme con las nuevas administraciones, causando retrasos en las obras de mitigación.
Explicó que también existen investigaciones por presuntos sobrecostos en las ejecuciones de obras invernales, el desconocimiento de los diseños originales y la construcción de infraestructura en lugares donde no podía hacerse.
Adicional a esto, la contralora señaló que en algunos municipios se ha detectado la no ejecución de recursos para obras invernales y también el fraccionamiento de contratos. Muestra de ello es un caso sucedido en La Virginia (Risaralda), donde la construcción de un proyecto se contrató con cinco personas diferentes.