El Comando Nacional Unitario, conformado por las Centrales Sindicales (CUT, CTC y CGT), las Confederaciones de Pensionados (CDP y CPC) y la Federación de Trabajadores de la Educación (Fecode), compartieron un comunicado en el que exponen las once razones por las que exigen el hundimiento de la reforma tributaria que el Gobierno radicó ante el Congreso.
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La reforma busca recaudar más de $23 billones para hacer frente a las nuevas necesidades económicas y sociales que tiene el país por cuenta de la pandemia del COVID-19. El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, señaló que con el recaudo por IVA se recogerían $7,3 billones, por renta en personas naturales habría $17 billones y las empresas pagarían un tributo de $3,7 billones. Para las regiones, a través del Sistema General de Participación (SGP), se repartirían $4,6 billones.
De acuerdo con los sindicatos, la reforma atenta “contra la estabilidad económica de los trabajadores, pensionados, clase media y personas de menores ingresos, mientras que Colombia requiere de un sistema tributario eficaz, en el que se honre la justicia social, la equidad y la distribución equitativa de la riqueza, y que sean quienes más tienen, quienes más tributen, y que, al final, se beneficie de manera real y palpable a la clase social más necesitada del país”.
Uno de los temas más llamativos de la reforma es la propuesta de hacer del programa Ingreso Solidario una renta básica permanente. Actualmente, Ingreso Solidario es un esquema mediante el cual el Gobierno realiza transferencias monetarias de $160.000 mensuales en favor de los hogares en situación de pobreza y vulnerabilidad que no son beneficiarios de otros programas sociales del Estado, como Familias en Acción, Colombia Mayor, Jóvenes en Acción y Devolución del IVA. La iniciativa nació en medio de la pandemia para llegar a quienes más necesitaban asistencia económica, pero no estaban en las bases de datos del Estado.
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Sin embargo, el Comando Nacional Unitario asegura que esa propuesta es una “burla” a la renta básica solicitada. “El Programa Ingreso Solidario, como fórmula de equidad y eliminación de la pobreza, sólo trae cifras ridículamente bajas y para un escasísimo sector de la población, pobres y extremadamente pobres para quienes hasta la transferencia es de difícil ejecución”.
En cuanto al IVA a los combustibles y a los servicios públicos aseguran que es “otro atraco a todos los colombianos”. La reforma autoriza a los municipios, distritos y departamentos adoptar la sobretasa a la gasolina motor extra y corriente. Y se propone crear la sobretasa al ACPM, que sería cobrada por la Nación y distribuida en un 50 % para el mantenimiento de la red vial nacional y otro 50 % para los departamentos, incluido el Distrito Capital.
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“Cerca de $1.000 por galón constituyen una nueva carga económica para los transportadores, los productores y “finalmente para los 50 millones de consumidores por el impacto en los productos y en el presupuesto de los hogares con el alza de los servicios”, es otra de las razones de los sindicatos.
En cuanto a gravar los vehículos viejos por la emisión del CO2, dicen que “es golpear a los pobres que son los propietarios de estos modelos, la mayoría como instrumentos de trabajo”. Afirman que se trataría de un “duro golpe a la informalidad producto del desempleo”.
La aplicación del IVA a los productos de primera necesidad, “ya sea directamente o por efecto de pasarlos de excluidos a exentos, representa un recaudo nuevo por $10 billones, un estímulo a las importaciones, un golpe a los productores nacionales y el saqueo al bolsillo de los colombianos especialmente de ingresos medios y bajos”.
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La ampliación de la base tributaria de quienes devenguen un poco más de $1 millón, “significa que tres millones de colombianos, adicionales a los que hay, deben declarar renta y por lo menos la mitad de estos deben pagar impuesto. Duro golpe al bolsillo de los trabajadores y los más pobres”, afirman los sindicatos.
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“Es tan desacertado pretender resolver la crisis económica sacándole más plata a los colombianos de clase media y pobres, que la ANDI, en cabeza de su presidente Bruce McMaster, planteó la no aplicación de la reforma del 2019 con exenciones por cerca de $14 billones al sector empresarial, propuesta que dejó sin piso los argumentos del Gobierno para seguir pretendiendo la reforma, pero fue ignorada olímpicamente por el ministro Carrasquilla”.
De acuerdo con el comando, en la reforma las facultades que se solicitan para que el presidente Duque pueda “suprimir, fusionar, reestructurar y modificar entidades, organismos y dependencias de la rama ejecutiva, son un veneno laboral y el preludio de una masacre laboral en el Estado. Se establece en la práctica la congelación de salarios en el sector público hasta el 2026″.
Afirman que gravar con IVA los insumos agrícolas constituye “un golpe de gracia a los campesinos y productores del campo, a la producción agrícola y agropecuaria y a todos los colombianos por el encarecimiento que genera en la producción y en los precios de todos los productos alimenticios provenientes del campo”.
Las pensiones de jubilación, invalidez, vejez, de sobrevivientes y sobre riesgos profesionales estarán gravadas solo en la parte de los pagos que excedan 1.600 UVT anuales (58.092.800). Además, se aplicará la misma norma para las devoluciones de saldos de ahorro pensional, en este caso se deberá multiplicar el valor mencionado por el número de años a los que corresponda. De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, unos 28.000 pensionados que reciben más de $7 millones mensuales empezarían a pagar este impuesto.
La pensión también estará sujeta a retención en la fuente, por tratarse de un ingreso laboral. De acuerdo con el proyecto, para 2022 la tarifa comenzará en 10 % para pensiones entre 60 (2.178.480) y 70 UVT (2.541.560) mensuales e irá progresivamente hasta 41 % para pensiones de más de 1.050 UVT (38.123.400). Para 2023, el tope mínimo (10 %) se correrá a 39 UVT mensuales (1.416.012) y el máximo (41 %) aplicará a partir de 833 UVT (30.244.564).
Respecto al impuesto a las pensiones hasta de $4,8 millones, los sindicatos señalan que “es abrir la compuerta para extenderla luego a todos los pensionados. Constituye un atentado económico a quienes dedicaron su vida al servicio del país”.
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Otra de las razones de los sindicatos para estar en contra de la reforma es que “eliminar los parafiscales y atentar contra las cajas de compensación familiar y el sistema de subsidio familiar, se camufla en la reforma con la exoneración de este aporte a los empresarios que contraten mujeres y jóvenes por los próximos cinco años. Truco para continuar con el desmonte de los mismos”.
El comando asegura que la reforma afecta a todos los colombianos, especialmente a la clase media, los trabajadores y los colombianos más pobres. “El objetivo es satisfacer las exigencias de las calificadoras de riesgo, el FMI y la OCDE para continuar con la política de endeudamiento desenfrenado. Las consecuencias recaerán principalmente en el próximo gobierno”.
Tras exponer las razones por las que piden que la reforma presentada ante el Congreso el jueves se hunda, el Comando Nacional Unitario también confirmaron el Paro Nacional del 28 de abril.