La primera consiste en un derecho de petición presentado por los senadores Jorge Enrique Robledo, del Polo Democrático, y Juan Mario Laserna, del Partido Conservador, ante la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), con el objetivo de conocer los recursos legales interpuestos por Claro en contra de las medidas de cargos asimétricos tomadas por el ente regulador.
Las dudas de los congresistas se refieren a la solicitudes de aclaración y respuestas del operador que, según cifras oficiales, dominaba el 61,52% del mercado de telefonía móvil al tercer trimestre de 2012; asimismo, pide aclaración sobre el modelo de medición de la CRC para establecer los impactos de las medidas.
De acuerdo con el ente de control, disposiciones como la reducción de los cobros a sus usuarios por llamar a otro operador, el congelamiento de los cargos cobrados y la intervención de los costos de conexión para toda la industria, ya se encuentran en vigor.
La segunda actuación contra Claro se trata de una denuncia interpuesta ayer por el abogado Mauricio Mateus ante la Fiscalía General de la Nación contra Slim. En su condición de “ciudadano interesado” en defender los intereses de la ciudad, lo acusa de incumplir la decisión del Consejo de Estado que obliga al operador a devolverle más de $179.000 millones a la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB).
Se trata de una disputa por cobros de interconexión internacional que se origina en 1998 y en la cual Claro abrió un nuevo frente de pelea al anunciar una demanda contra la compañía distrital por $97.000 millones, la cual se presentó ante la Cámara de Comercio de Bogotá.