Si es cierto que vivimos en una “aldea global”, relacionados por vínculos comerciales, financieros y sociales, entonces también es cierto que la actividad económica informal en un lugar del mundo tiene un impacto negativo en otros lugares. Formalizar las economías debería considerarse un bien público mundial. El G-20 y otras entidades internacionales deberían tomar la iniciativa y asegurar la coordinación y la cooperación necesarias para lograr este objetivo.
Los grandes perdedores de la economía informal son los ciudadanos, porque la informalidad inhibe el crecimiento de largo plazo y el aumento de la productividad, crea una competencia injusta, obstaculiza el crecimiento de pequeñas y medianas empresas (las principales fuentes de empleo) y deja a millones de trabajadores sin derechos básicos, como seguro de salud y pensiones. De igual manera, conduce a pérdidas importantes en los ingresos fiscales, reduce la calidad y cantidad de servicios públicos. La desigualdad en el ingreso y la injusticia social aumentan también invariablemente.
Reducir el alcance de la economía informal bien puede parecer una tarea nacional y los gobiernos realmente deberían actuar. Deberían disminuir la carga fiscal, simplificar los sistemas fiscales y reducir los costos de cumplimiento de normas, al mismo tiempo que fortalecer el cumplimiento. También deberían eliminar los obstáculos a la competencia, simplificar los procesos de registro comercial, aumentar la transparencia de contrataciones públicas y mejorar el acceso al crédito.
Sin embargo, para combatirla también necesita de la cooperación global. Según la Comisión Europea, las jurisdicciones “no cooperativas” y “no transparentes” —conocidas como paraísos fiscales— le cuestan a la Unión Europea más de un billón de dólares en ingresos anuales. Controlar y disminuir los riesgos que plantean, sólo puede suceder a nivel mundial.
En este punto, la OCDE y el G-20 pueden participar significativamente. La primera ya ofrece un apoyo crucial a la promoción de cooperación internacional en cuestiones de imposición fiscal. El artículo 26 de su Modelo de Convenio Tributario sobre la renta y el patrimonio regula el contenido y práctica de intercambios bilaterales de información tributaria, que son esenciales para luchar contra la evasión y el fraude fiscal y combatir la competencia fiscal perjudicial.
La focalización de las reuniones del G-20 sobre erosión global de la base imponible de años recientes también es alentadora. Cuando sus dirigentes se reunieron en Los Cabos, México, en junio de 2012, reiteraron su compromiso para fortalecer el intercambio de información fiscal amplia y transparente. También hicieron hincapié en la necesidad de avisar al BEPS.
Además, el G-20 ha emprendido esfuerzos para alentar a todas las jurisdicciones a firmar el Convenio multilateral sobre asistencia administrativa mutua en materia fiscal, elaborado conjuntamente por el Consejo Europeo y la OCDE. Sin embargo, se debe hacer más para combatir la economía informal. Pienso en acuerdos bilaterales —y después uno multilateral— que establecen una identificación tributaria única para los contribuyentes.
En Turquía, un plan integral para reducir su alcance incluye 14 instituciones públicas, entre ellas el Ministerio de Finanzas. Se han puesto en aplicación mecanismos proactivos de recaudación para mejorar el cumplimiento voluntario; por ejemplo, se desarrolló un sistema para los arrendadores que incrementa el número de contribuyentes que reportan ingresos de alquiler. Turquía también ha fortalecido el cumplimiento normativo, creó un consejo de auditoría fiscal más efectivo e invirtió en capital humano y tecnología.
Las reformas macroeconómicas también han ayudado a reducir la economía subterránea. En 2006, el impuesto de sociedades disminuyó de 33% a 20%, al igual que el impuesto sobre la renta, cuya reducción mayor pasó de 49,5% a 35% y la menor fue de 22% a 15%. Además, en 2008 la renta a trabajadores que perciben el salario mínimo se fijó en 0%, según el estado civil y el número de hijos.
Finalmente, pero no menos importante, las autoridades aplicaron reformas importantes destinadas a mejorar el ambiente empresarial, que incluyen un nuevo código de comercio y legislación en materia de deuda. Actualmente se revisa en el Parlamento una nueva ley sobre el impuesto sobre la renta, y pronto se presentará una ley sobre procedimientos fiscales.
Los responsables del diseño de políticas también se han centrado en la cooperación internacional y coordinación durante la creación de una plataforma de participación a nivel mundial. Ahora tiene acuerdos de doble imposición con 82 países y de intercambio de información con cinco.
Estos esfuerzos han desembocado en una disminución de 14,5 puntos porcentuales del empleo informal desde 2002, a 37,6% en abril de 2013. La economía informal, como proporción del PIB, se redujo en seis puntos porcentuales durante dicho período, a 26,5%.
Sin embargo, estas proporciones siguen siendo demasiado altas. El objetivo de medio plazo de las autoridades es reducir la proporción de la economía informal en el PIB en otros cinco puntos porcentuales y disminuir el empleo informal en sectores no agrícolas también en cinco puntos más.
Son indispensables este tipo de esfuerzos decisivos para disipar las sombras de la actividad económica informal. Pero los responsables del diseño de políticas nacionales no pueden aclararlas solos.
*Ministro de Finanzas de Turquía.