Al finalizar el año pasado, la Superintendencia indicó que recaudó $20.036 millones; cerca de $7 mil millones más de los $12.900 millones que se había propuesto recuperar durante el año.
Todas las empresas del sector de los servicios públicos domiciliarios están obligadas a pagar a la Superintendencia de Servicios, por sus funciones de vigilancia y control, una contribución especial de hasta el uno por ciento anual sobre sus gastos operacionales, al igual que también cancelar los valores que por sanciones le son impuestas.
Hasta el 30 de noviembre del año pasado la Superintendencia impuso sanciones por un monto superior a los $21.700 millones y recibió 74 mil quejas de los usuarios en el país.
Las empresas que se encuentran en mora en el pago de sus contribuciones y sanciones ascienden a 783, de las cuales 108 están en situación especial, es decir, en procesos de disolución, liquidación o de reestructuración económica de acuerdo con 550 de 1999. La Superintendencia de Servicios inició 450 procesos de cobro coactivo y 106 nuevos embargos el año pasado.
Las contribuciones que recibe la Superintendencia tienen como objetivo la recuperación de los costos de los servicios de vigilancia y control que realiza la entidad, explicó en un comunicado.
Los dineros recibidos por sanciones, que en lo corrido de este año ascienden a $7.632 millones, son transferidos al Fondo Empresarial que administra la Fiduprevisora y que sirven para apoyar los procesos de toma de posesión de empresas de servicios públicos. Para el año 2009, la meta de recaudo por contribuciones y sanciones se calcula en $15.200 millones.