Este martes, el superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, se refirió al presunto cartel del papel higiénico revelado por la entidad y por el que fueron formulados pliego de cargos contra cinco empresas que habrían acordado un incremento de precios al consumidor entre 1998 y 2013.
Según el funcionario, las compañías –Familia, Kimberly, Papeles Nacionales, Cartones y Papeles Nacionales y Drypers– habrían llegado a acuerdos anticompetitivos para fijar precios en el papel higiénico, las toallas de cocina, servilletas y pañuelos para manos y cara. Se estima que en conjunto, las cinco empresas tienen el 88% del mercado de estos papeles, llamados suaves.
Tres de las cinco empresas se acogieron al programa de beneficios por delación de la Superindustria. Esto quiere decir que confesaron y entregaron pruebas que darían cuenta de la existencia de un cartel empresarial, como correos electrónicos y documentos. Por esto, el primer delator podría recibir exoneración del 100% de la sanción, mientras el segundo y el tercero, el 50 y 30%, respectivamente.
Las multas que puede imponer la entidad de control –aseguró el superintendente– pueden ascender a más de 60.000 millones de pesos para las empresas y 1.232 millones de pesos, para las personas naturales involucradas.
De acuerdo con Robledo, tras una reestructuración de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) en 2009, se logró fortalecer su actuar y ahora, cuentan con todas las herramientas y el respaldo para sancionar drásticamente el delito de la ‘Cartelización’.
“Antes del 2009 una empresa que violaba la libre competencia y que se ‘cartelizaba’, era sancionada hasta con $1.000 millones, lo que de una u otra manera parecía un chiste y más bien una invitación a que los distintos agentes del mercado incurrieran en el hecho (…) con una ley expedida en 2009 ahora podemos imponer sanciones de hasta $60 mil millones”, aseguró Robledo en diálogo con Caracol Radio.
El superintendente de Industria y Comercio manifestó que previamente la entidad tenía un presupuesto de $38 mil millones, pero gracias a la nueva legislación se triplicó, se dobló su planta de personal y se superó “una irrisoria capacidad sancionatoria”.
“Los agentes del mercado saben que el tema de la libre competencia, no solo dejó de ser importante en la teoría, sino que ahora es importante en la práctica y motiva nuestras decisiones”, agregó Robledo.
El funcionario recordó que la OCDE –el grupo de países con las mejores políticas públicas– recomendó a Colombia “desaparecer el límite de los $ 60 mil millones de pesos, que puede ser una suma irrisoria al momento de sancionar varias conductas anticompetitivas como la cartelización”.