Volver a la política de la dieselización, la sobreoferta de camiones, el avance del transporte informal y revisión del programa de chatarrización, encabezan el pliego de peticiones que el gremio del transporte de carga por carretera ha presentado al Gobierno del presidente Santos.
La carta que firman los presidentes de Colfecar, Defencarga, Fedetranscol y Acc insisten en que uno de los factores que más incide en el acrecentamiento de los costos operativos, es el incremento que sufre regularmente el combustible, en gran medida por el abandono de la política de dieselización y que sin lugar a dudas deberá volverse a retomar.
Ante la próxima entrada del Sistema de Información de Costos Eficientes para el Transporte Automotor de Carga (Sicetac), los transportadores advierten incertidumbre en el caso de libertad vigilada para los precios a pagar por el servicio público de transporte de carga por carretera.
Consideran que los costos operativos se han incrementado en 2.2% en 2013, “que impactan muy negativamente en el sector transportador”.
Reiteran que uno de los factores que más incide en el incremento de dichos costos, es el incremento que sufre regularmente el combustible, por el abandono de la política de dieselización.
En cuanto a la sobreoferta de equipos denuncian una sobreoferta en sectores como el de hidrocarburos, “ante lo cual no hay cifras actualizadas”.
Se desconocen las cifras en materia de equipos que deben salir del mercado por cumplimiento de su vida útil, y que a pesar de que el Gobierno afirma que asciende al 37%, está aún no se encuentra definida y regulada.
Piden una revisión del presupuesto recaudado por el programa de chatarrización. “Consideramos que se debe mejorar la gestión de los recursos que se apropian por el Ministerio de Hacienda”, dicen.
Los dirigentes gremiales del transporte advierten una amenaza constante del transporte informal e ilegal que compiten, sin mayor control por parte de la autoridad. Y denuncian la falta de presencia de representantes del ministerio de Transporte en la movilidad de carga fronteriza, en especial con Ecuapass lo que sin lugar a dudas dará lugar a restricciones operativas.
“Son temas de mucha trascendencia para el sector y el país, que exigen la atención del Gobierno, en momentos en los que el valor de los fletes se encuentra por debajo de los costos operativos, sumado el incremento oferente del servicio (más de 2.800 empresas habilitadas), cuando antes había una política de restricción a nuevas habilitaciones, lo que ha favorecido el desequilibrio de este mercado”, señala el informe de prensa del gremio transportador”.
En el pliego de peticiones, los dirigentes gremiales dicen estar preocupados por “la difícil problemática que afronta el sector del transporte terrestre” y que requiere una pronta atención del Gobierno.