La informalidad empresarial en Colombia supera el 50%. Se debe, en buena medida, al creciente costo de los servicios legales, contables y notariales que pesa mucho a la hora de constituir una sociedad tradicional. Por ello, los pequeños empresarios prefieren muchas veces mantenerse en la informalidad.
El sistema económico pierde por esta causa nuevos contribuyentes, al tiempo que el crecimiento de las empresas se ve truncado por la imposibilidad de acceder a recursos de crédito.
El éxito de la nueva Ley de Sociedad por Acciones Simplificada (SAS) obedece a la sencillez y flexibilidad del sistema introducido por la Ley 1258 de 2008. En el régimen de la SAS cualquier empresario puede cumplir directamente el único trámite requerido para su creación, que consiste tan sólo en la inscripción del texto de los estatutos en la Cámara de Comercio. Una vez constituida la sociedad, los accionistas ven limitada su responsabilidad al monto de lo aportado y pueden comenzar a operar con todos los privilegios que se le confieren a cualquier sociedad regular.
Esta modalidad de compañía ha permitido disminuir notoriamente los costos de transacción por medio de la supresión de formalidades inútiles y de arcaicos requisitos que se exigían en las leyes anteriores. Su estructura interna es tan leve que la compañía puede funcionar con un solo accionista y basta un único funcionario que haga las veces de representante legal. La capitalización de la sociedad se logra mediante procesos ágiles y expeditos que se refuerzan por la multiplicidad de clases de acciones que se pueden emitir. Pero no es sólo la reducción de trámites lo que se ha logrado con la ley sobre sociedades simplificadas. El nuevo régimen ha permitido incentivar el diseño de nuevas estructuras de negocios y ha propiciado la creatividad empresarial. Estos objetivos se dificultaban enormemente antes de la vigencia de la SAS, debido a las restricciones legales y a innumerables obstáculos que impedían pactar reglas innovadoras y adecuadas a las realidades empresariales de hoy.
Todas estas ventajas han hecho de la SAS el modelo societario predilecto de pequeños y grandes empresarios en Colombia. Tanto las sociedades familiares, como los grandes grupos empresariales, han migrado hacia la sociedad simplificada. Al culminar el año anterior, existían en el país más de 12.000 sociedades por acciones simplificadas, una cifra que ha superado todas las expectativas. Hoy se crean más SAS que cualquier otro tipo de sociedad. La nueva forma ha superado en número de nuevas compañías, incluso a la sociedad de responsabilidad limitada que había reinado en este ámbito desde su introducción en 1937.
Existen algunos retos pendientes para la SAS. El primero tiene que ver con la forma y efectividad en que tendrán que resolverse los conflictos que surjan en estas sociedades. Por fortuna, el comienzo de año trajo para la SAS una noticia excepcional que fue la creación del centro de conciliación y arbitraje de la Superintendencia de Sociedades. Se espera que a él concurran los más calificados árbitros lo que, sin duda, garantizará para las nuevas sociedades simplificadas una resolución técnica y expedita de disputas para sus accionistas.
El segundo reto se refiere a la necesidad de poner en práctica el sistema de constitución electrónica de la SAS. Es halagüeño en este sentido el esfuerzo que vienen adelantando las Cámaras de Comercio de Medellín, Cali y Bogotá para poner en marcha nuevos mecanismos de certificación digital que permitan —ojalá en muy breve lapso—, garantizar la rapidez y seguridad de las constituciones en línea de esta clase de compañías.
También es urgente que se promueva la reforma inaplazable de la ley de insolvencia que hasta ahora ha resultado casi inoperante para las sociedades, debido a los extravagantes requisitos de admisión que se incluyeron en la Ley 1116 de 2006. La necesidad de facilitar el acceso al trámite concursal tiene relevancia innegable en épocas que no son propiamente de prosperidad económica.
No menos importante es evitar cualquier intento de contrarreforma a la ley de sociedades simplificadas (como la anunciada por ciertos sectores para restablecer formalismos innecesarios). Una norma que ha funcionado espléndidamente durante su primer año de vigencia merece la oportunidad de continuar ofreciéndoles a los empresarios colombianos un régimen moderno y acorde con los tiempos que corren. Ningún sentido tendría retroceder en un esfuerzo de innovación normativa que ha tardado más de una década en diseñarse. Sería un atentado contra los empresarios y la propia evolución del sistema económico.
* Ex superintendente de Sociedades