Los pequeños y medianos empresarios del país recibieron una noticia que llevaban esperando desde hace casi una década: el Gobierno reglamentó la reducción de los impuestos parafiscales (aportes que todas las empresas deben hacer al Sena, las Cajas de Compensación Familiar y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – Icbf-) para las nuevas pequeñas y medianas empresas (pymes).
El decreto expedido por el Ejecutivo reglamenta que en el primer año de operación las nuevas pymes paguen sólo el 25% de los parafiscales; en el segundo, el 50%; en el tercero, el 75%, y sólo en el cuarto año cubrirán la totalidad de esta carga tributaria.
En la actualidad las empresas deben pagar de su nómina: al Sena, 2%; al Icbf, 3% y a las Cajas de Compensación Familiar, 4%. Con este decreto, en el primer año, los aportes quedan así: 0,5%, 0,75%, y 1%, respectivamente.
Esta medida, que además establece sanciones para las empresas ya existentes que falsifiquen documentación con el fin de acceder a los beneficios, fue aplaudido por la industria nacional. “Los gremios empresariales consideran que la adopción de esta medida contribuirá en el corto plazo a aumentar la competitividad nacional y a disminuir la informalidad laboral. Permitirá la preservación del empleo formal y adaptar la estructura de costos que garanticen la sostenibilidad de las empresas”, sostuvo en un comunicado el Consejo Gremial Nacional.
Para Norman Correa, presidente de la Asociación Colombiana de la Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi), “este es un estímulo para las nuevas compañías porque los comienzos siempre son muy difíciles y se requiere de acompañamientos. Además facilita que empresas que están en la ilegalidad tengan una buena razón para ingresar al sector formal, pero el Gobierno se demoró mucho en reglamentarlo”.
En el mismo sentido, el analista económico Mauricio Rodríguez aplaude la decisión del Gobierno, pero cree que no es suficiente para garantizar la ocupación, en medio de la actual crisis económica: “Es una excelente decisión y va en la vía recta de defender el empleo. Es un primer paso necesario pero no suficiente, porque la solución es que sean las finanzas públicas nacionales las que asuman esta carga con un impuesto progresivo que paguen las personas y empresas que tengan mayores ingresos”.
Sobre esa propuesta, que también comparte el director adjunto de Fedesarrollo, Mauricio Santa María, quien considera que al haber una carga tributaria que equivale al 55% de la nómina, los empleadores prefieren evitar nuevas contrataciones y comenzar a prescindir de muchos empleados, el Gobierno reiteró que está descartado que se desmonten o se reduzcan los parafiscales en el corto tiempo.
“Ya hemos dicho en varias oportunidades que política y socialmente no es una propuesta posible, y en el escenario actual el Gobierno no tiene prevista ninguna modificación”, confirmó el ministro de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga.