Casanare es hoy el tercer hato ganadero nacional, el segundo productor de arroz y el cuarto de aceite de palma. Tiene grandes potencialidades en turismo y reforestación comercial y nichos de mercado para café y algodón. Aquí se vislumbran como promisorias las cadenas productivas de cítricos, piscicultura, cacao y zoocría como la del chigüiro, entre otras. Además, la ganadería vacuna es la principal actividad económica de los habitantes, la mitad de ellos campesinos. Sin embargo, el departamento presenta deficiencias notorias en cuanto a la atención de sus necesidades básicas, como salud, educación y saneamiento básico.
Por otro lado, el petróleo se proyecta como la actividad de mayor generación de ingresos. Los campos de Cusiana y Cupiagua son los mayores del país, sus reservas han sido estimadas entre los 2.000 y 2.200 millones de barriles y le generarían al departamento ingresos por concepto de regalías del orden de US$5.000 millones durante la ejecución de esos proyectos.
Este diagnóstico lo entregó hace menos de dos años la Gobernación en un intento de que el Estado colombiano centrara su atención en las oportunidades que tiene Casanare de convertirse en un centro de desarrollo potencial para el país.
Pero esa caracterización también fue clara en otra cosa: los pobladores no podrán beneficiarse completamente de ese desarrollo si el departamento no invierte en ofertas educativas pertinentes, si su población no se proyecta como una fuerza competitiva.
A partir de este panorama, la Gobernación ha impulsado una campaña, que ya supera cuatro años, para lograr que Casanare cuente con una universidad pública local.
“Al año salen 4.000 bachilleres de todo el departamento, más los de Arauca y Vichada, que tienen que venirse a Yopal a pagar universidades que les resultan muy costosas, teniendo en cuenta sus necesidades. Necesitamos darles a los jóvenes la opción de ir a una universidad pública de calidad”, dice el gobernador, Marco Tulio Ruiz.
En este debate, la Fundación Universidad Internacional del Trópico Americano (Unitrópico) ha estado en el centro de la discordia, pues la idea de la Gobernación es que sus instalaciones sean la sede de esa universidad pública anhelada.
Unitrópico fue construida en 1997, en su mayoría con recursos de la Gobernación y sobre predios que el Sena le donó al departamento, pero desde el comienzo ha sido administrada por privados. Según el gobernador Ruiz, la institución les cobra a los estudiantes matrículas costosas que se encuentran cerca de los $3,5 millones, “dejando por fuera a la población vulnerable. Por eso estamos proponiendo que la Unitrópico entregue sus instalaciones al departamento, para poner a funcionar en este campus la Universidad de Casanare que estamos proyectando, y si ellos quieren seguir como institución que se cambien de sede”.
La naturaleza jurídica de la institución ha sido objeto de confusiones desde el comienzo. Mientras la Gobernación y otras entidades del Estado, como la Contraloría, han defendido que se trata de una institución mixta, por los predios, los directivos de Unitrópico han asegurado en varias ocasiones que se rige por el derecho privado, argumentando, entre otras cosas, que ha tenido que financiarse sólo con las matrículas porque desde su constitución la Gobernación ha incumplido su compromiso de aportar anualmente el 5% del ingreso de las regalías del petróleo.
La naturaleza jurídica es un asunto que no ha sido resuelto por el Ministerio de Educación, aunque la puja entre la fundación universitaria y la Gobernación ya cobró la salida de la rectora Sandra Patricia Rincón Serrano, quien estuvo durante cuatro años en el cargo.
Los directivos han dicho que no se oponen a la posibilidad de que la Unitrópico se convierta universidad pública, pero han insistido en que ese tránsito debe hacerse de manera ordenada, con compromiso claros del Gobierno Nacional y el departamental para que se garantice la sostenibilidad financiera y la calidad académica de los programas.
Pero antes de lograr ese tránsito la Gobernación tendrá que demostrarle a Gobierno Nacional que la apertura de la Universidad de Casanare es necesaria. Por eso acaba de contratar, por un valor de $1.200 millones, el estudio de factibilidad que ordena el Ministerio de Educación. Ese análisis socioeconómico determinaría si el proyecto es viable y también definiría las carreras que se deberían implementar de acuerdo con las necesidades productivas de la región.
En siete meses, con el estudio sobre la mesa, será el Ministerio de Educación el que defina si habrá o no Universidad de Casanare.
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@angelicamcuevas