Glen Mercado es el padre de Carolain, una niña de cuarto de primaria que este año sólo ha recibido clase de matemáticas. En mayo de 2012, los profesores de español, ciencias naturales, ciencias sociales, preescolar y primero solicitaron traslado de la Institución Educativa Nueva Unión, en Tierralta, al sur de Córdoba. Según ellos, llegaron a sus teléfonos celulares mensajes de texto de desconocidos en los que se les pedía que abandonaran la zona.
Aunque en esta escuela de 320 estudiantes debería haber nueve docentes, a más de un año de las presuntas amenazas, sólo hay cuatro, dos de los cuales apenas fueron nombrados por la Secretaría de Educación del departamento el mes pasado.
Según argumenta Mercado, líder de un grupo de 200 padres que enviaron una carta a la administración municipal y a la Procuraduría departamental exponiendo la situación de sus hijos, “la supuesta persecución a estos maestros se llama autoamenaza. Nunca antes hubo acoso a profesores en este lugar, ni siquiera a los comerciantes. Aquí tenemos presencia de una base militar y dos estaciones de Policía. Como eran profesores de otras zonas del departamento, lo que ellos querían era ser ubicados cerca a sus hogares, y a nosotros nos dejaron viendo un chispero”.
Yulieth Guzmán, secretaria de Educación de Tierralta, cuenta que, como sucedió en Nueva Unión, 24 docentes han solicitado traslado del municipio en el último año argumentando amenazas, pero pasan los meses y el departamento no ha buscado los reemplazos.
En Montelíbano la situación es similar: el número de maestros que solicitaron traslado por amenazas o retiros forzosos llegó este año a 40. “No hay profesores que se quieran ir para los municipios lejanos. En muchas ocasiones, las amenazas son sólo una excusa, para que los cambien a sitios más cercanos”, afirma el secretario de Educación de este municipio, Iván Tapias.
Así mismo, en el corregimiento de Corosalito, municipio de Puerto Libertador, 23 niños aún no comienzan clases y muy cerca, en el corregimiento de Juan José, otros 21, esta vez de la comunidad indígena zenú, siguen esperando a que llegue un profesor, mientras las 40 semanas de calendario académico estipuladas por el Ministerio de Educación se agotan.
El problema se reproduce con las mismas características en Valencia, Puerto Libertador, San José de Uré y Ayapel. Por eso, los secretarios de estos seis municipios se unieron para solicitarle al Ministerio de Educación “que declare la emergencia educativa en la zona”. Al respecto, Yaneth Sarmiento, directora de Fortalecimiento a la Gestión Territorial del Ministerio, dijo en un comunicado que hay “una gran preocupación por estas situaciones” y que la Nación solicitó una “medida preventiva que obliga al departamento a definir las acciones y tiempos para superar los eventos de riesgo en el sector educativo”.
Una emergencia educativa
Aunque el defensor del Pueblo de Córdoba, Víctor Daniel Castilla, reconoce que algunos maestros emplean la autoamenaza para justificar un traslado, el funcionario no descarta que muchos de los casos reportados sí corresponden a persecuciones por parte de grupos organizados. De hecho, según cuenta Castilla, “sabemos que muchas de las llamadas extorsivas provienen de cárceles”.
De acuerdo con el defensor, “aparentemente la zona vive una calma”, pero “es un hecho que actúa la guerrilla de las Farc, sobre todo el frente 48, y permanecen bandas criminales, como los Paisas, los Rastrojos, las Águilas Negras y las Autodefensas Gaitanistas”, que luchan por controlar corredores para el transporte de droga y un territorio tan rico como olvidado.
En respuesta a este contexto, el Gobierno Nacional declaró a los municipios de Tierralta, Valencia, Montelíbano, Puerto Libertador, Sanjosé de Uré y Ayapel como zona de consolidación que, se supone, crearía “condiciones de seguridad, convivencia y establecimiento del Estado social de derecho”.
Sin embargo, la situación de las escuelas deja ver una Córdoba con unas condiciones distintas de las esperadas. Al problema de los traslados de maestros se suma el hecho de que muchas de las vacantes que quedan en estos seis municipios se ocupan con maestros contratados por convenio entre el departamento y siete empresas: Fundación Gepic, ABC Pasant, Arcosol, Mundo del Saber, Fundación Educativa, Ana Carmela López y el Cabildo regional del Pueblo Zenú.
Las críticas a esta modalidad de contratación son múltiples. De acuerdo con Tomás Arévalo, secretario de Educación de Puerto Libertador, el municipio ya tiene 80 maestros nombrados por banco de oferentes y con el tiempo, dice, “Toda la nómina será de este tipo. Cada vez más maestros quieren irse y la forma de reemplazarlos es la más fácil: la educación contratada”.
En Tierralta, la situación no es muy distinta. Cuenta Guzmán, la secretaria de Educación, que de los 27.000 estudiantes del municipio, 6.419 estudian en colegios con convenio e iniciaron clases en junio cuando llegaron 131 docentes por educación contratada y las escuelas de las veredas La Gloria y El Manso aún no tienen profesor.
Según Iván Tapias, secretario de Educación de Montelíbano, con 70 docentes por educación contratada, “esta modalidad está privatizando la educación y haciendo perder medio año de clase. De otro lado, los docentes son mal remunerados, no tienen el perfil para dar una buena educación y, como son temporales, no se están capacitando. Así, es muy difícil hablar de calidad educativa”.
Por lo pronto, Janeth Sarmiento, del Ministerio de Educación, se comprometió a realizar una visita técnica al departamento, así como hacer una reunión esta semana en Montería “para escuchar a las partes y buscar de manera conjunta soluciones a las situaciones planteadas”.
Lo cierto es que la “emergencia educativa en Córdoba” requiere algo más que una visita. Por ejemplo, en la Institución Educativa Carel del corregimiento de Tierraadentro, Montelíbano, no hay servicios públicos ni mucho menos acceso a Internet; su rector, Francisco Pérez, tiene que cumplir las labores de secretario, aseador y profesor porque falta personal; no hay transporte público para llegar con facilidad al casco urbano ni restaurante escolar ni biblioteca y algunos niños de primaria toman clases en lo que Pérez denomina “ranchitos de plástico”.