“No se trata de hacer un museo de idiomas. Estamos hablando de la vida de las personas, de que los padres no se avergüencen de enseñar a sus hijos la esencia de su cultura que es su lengua nativa, para que no crezcan niños sin identidad propia que no hablan su lengua y no hablan bien español”. Son palabras de Jon Landaburu, etnolingüista y hoy la máxima autoridad en el tema de lenguas indígenas en el país.
Ahora, desde el Ministerio de Cultura, Landaburu lidera un equipo que realizó encuestas dentro de las distintas comunidades sobre el estado de cada lengua nativa y un proyecto de ley presentado hace poco por la ministra Paula Marcela Moreno para proteger, conocer y difundir las 68 lenguas vivas entre aborígenes, raizales y rom.
Aunque se trata por ahora de un marco legislativo en proceso de aprobación, lo realmente importante es que por primera vez de manera directa el Gobierno Nacional asume la responsabilidad de la protección y divulgación de idiomas distintos al español. Históricamente, el primer estadista en ocuparse del tema fue Alberto Lleras quien trajo al Instituto Lingüístico de Verano para realizar estudios de las lenguas nativas.
Desafortunadamente, esta era una congregación evangélica y religiosa que antes que hacer un trabajo etnolingüístico se dedicó a catequizar a las comunidades. Los resultados, muy pocos en términos lingüísticos, se limitaron a algunos textos bíblicos traducidos a las lenguas. Una vez más, en pleno siglo XX, la cultura mayoritaria quiso imponerse sobre las tradiciones sin respeto alguno.
Posteriormente, en la conmemoración de la Expedición Botánica en 1984, se realizaron nuevos desarrollos del tema y desde Colciencias se hicieron otras aproximaciones. Ese año, con el apoyo del gobierno francés y la Universidad de los Andes se creó un doctorado en etnolingüística que existió 16 años y que formó aproximadamente a 55 expertos.
Así que mientras en el campo teórico se avanzó, en la práctica no existía un conocimiento real del estado de las lenguas nativas. Lo que está sucediendo en Colombia hoy no es único. Ejemplos hay muchos: en Europa comunidades como el País Vasco, y Cataluña en España decidieron desde mediados de los 70 recuperar su lengua y así ha sido. En Latinoamérica Perú, México y Guatemala ya tienen legislaciones equivalentes. Los aborígenes maories de Nueva Zelanda han trabajado en comunidades con abuelos y niños pequeños para que la lengua sea transmitida y todo esto responde a una toma de conciencia sobre la importancia del patrimonio cultural. Un despertar que por fin toca a nuestro país de manera transversal.