La ministra de cultura, Nicky Morgan, afirmó que en una época de auge de plataformas como Netflix todos los difusores públicos «deben adaptarse».
Y calificó de «anacronismo» que quienes se nieguen a pagar el impuesto audiovisual -una tasa anual obligatoria por ley para todos los telespectadores- puedan ser castigados con una multa o incluso la cárcel.
Esta propuesta de descriminalizar el rechazo a pagar la tasa provocó alarma en un contexto de tensiones entre la BBC y el Partido Conservador de Johnson, que acusó al ente de parcialidad política.
La radiotelevisión pública, que paradójicamente fue acusada de parcialidad también por el opositor Partido Laborista, niega estas acusaciones.
El impuesto audiovisual es actualmente de 154,50 libras (202 dólares, 183 euros) anuales por hogar y el año pasado generó 3.690 millones de libras para la BBC, lo que le permite operar sin necesidad de publicidad.
En un acto público en Londres, Morgan reconoció que suprimir la amenaza de acciones judiciales contra quienes no paguen implicaría «casi con seguridad» un recorte en la financiación.
Previamente la BBC había estimado el coste de esta medida en unos 200 millones de libras.
Sin embargo, la ministra negó que el cambio propuesto por su gobierno sea «cualquier tipo de ataque contra la BBC», a la que calificó de «organización increíblemente importante».