En la mañana del lunes pasado , la oficina de prensa de la casa de subastas Christie’s envió un correo a los medios de comunicación: allí anunciaba, con tono festivo, que subastaría 85 obras de Joan Miró, pintor catalán, influencia esencial en el trabajo de Pablo Picasso y Jackson Pollock. La subasta, planeada para dos sesiones entre el 4 y 5 de febrero, es uno de sus más ambiciosos objetivos de principios de 2014; nunca en la historia del arte se habían vendido tantas obras de ese pintor al mismo tiempo.
La noticia llama a coleccionistas de arte impresionista y de arte de posguerra, porque la colección, de propiedad del estado portugués, comprende cerca de 70 años de carrera artística. Así lo certificó Olivier Camu, miembro de la oficina de Arte Moderno e Impresionista de Christie’s: «Recorriendo la obra de Miró durante siete décadas, la amplitud de trabajos ofrecidos (en la subasta) provee una oportunidad sin igual para coleccionista en cualquier escala de precio para celebrar y comprometerse con el genio creativo y la gozosa inmediatez del trabajo de Miró».
Para ese momento, ya los ciudadanos lusos y la política interior se habían agitado con el anuncio. Desde la semana pasada, la entidad cultural Casa da Liberdade lanzó una campaña para recoger firmas y detener la subasta. La respuesta fue inmediata: recogieron cerca de 6.000 firmas bajo el argumento de que es imposible calcular el valor cultural de estas obras —guardadas en un almacén de la Caja General de Depósitos de Lisboa— y que, en cualquier caso, ese número de obras supera el estimado de venta total de la casa Christie’s, que roza los US$40 millones. «La suma es ridícula —dice el texto de la campaña—, en la medida en que la cantidad de obras colocadas a la venta hace descender su precio».
El llamado ciudadano fue acompañado por la política y los interesados en el arte: dirigentes de los partidos comunista y socialista presentaron la semana pasada una resolución en contra de esa medida. Entonces recordaron la historia de aquellos cuadros: pertenecientes en principio al Banco Portugués de Negocios, pasaron a manos del estado luso en 2008, cuando el banco fue nacionalizado —dada su pésima situación económica— y el Gobierno criticado por la pérdida de 800 millones de euros en dicha operación. El estado luso aún afronta investigaciones por parte de la oposición a causa de esta decisión.
Por entonces, dice el texto de campaña en contra de la venta de los cuadros, el valor total de los cuadros oscilaba entre US$109 y US$205 millones; dicha cifra les daría la razón: ese patrimonio estatal se vendería a coleccionistas privados y museos a un precio risible. «Las obras ya están aquí y son propiedad del Estado. ¿Cómo se van a deshacer de obras de arte de este valor, que son patrimonio universal y serían una valiosa plusvalía para cualquier museo de Portugal?», dijo el director del Museo Colección Berardo de Lisboa, Pedro Lapam, al diario ‘Público’ de Portugal.
Las razones, también, van más allá del valor cultural —siempre algo etéreo— de las obras: los firmantes argumentan que la venta sería un «expolio nacional» y que las obras le harían bien al turismo del país al «generar ingresos muy superiores» a través de su exhibición en los museos nacionales. Esta es una de las mayores colecciones de are de Miró en un país extranjero y, por su influencia y el tamaño de su obra artística, podría venderse a precio más altos de los esperados; entre las obras puestas en subasta están seis de las 27 pinturas sobre madera que Miró realizó durante la Guerra Civil Española, cuadros muy apreciados por su técnica y la variedad de registros pictóricos. «Estamos hablando de cuadros significativos de un autor consagrado mundialmente que, por su importancia artística e histórica, se revalorizarán con el paso del tiempo», dijeron los firmantes.
En la India, por ley, las obras de algunos artistas nacionales no pueden ser sacadas del país, de modo que el mercado de subastas en esa zona flaquea por falta de una legislación que permita la internacionalización de su arte. En este caso, los firmantes no han utilizado ningún argumento legal, de modo que el estado estaría en su derecho, por patrimonio, de vender las obras. ¿Podrán los demandantes, argumentando un presunto expolio y declarando las obras como parte del patrimonio nacional, detener su venta?