Con tres iniciativas legislativas y reglamentarias, el año 2009 termina con un balance positivo para la cultura y una política definida en materia de lenguas, bibliotecas y patrimonio. En primer lugar está la aprobación de la Ley de Lenguas, encaminada a proteger y promover el uso de lenguas nativas con mecanismos reales como maestros bilingües en territorios con población indígena, y la obligación de traductores en los organismos del Estado en estas regiones, además del respeto de nombres de personas y lugares en lenguas nativas.
Con esta normativa, redactada a partir de experiencias colectivas entre comunidades afrocolombianas (de San Andrés y San Basilio de Palenque), indígenas (que tienen 65 lenguas distintas) y romaníes —que sirvieron para conocer el estado actual de éstas—, y concertada con 81 grupos étnicos del país y 82 organizaciones y cabildos indígenas, se busca saldar un vacío existente en esta materia desde la consagración de los derechos culturales en la Carta Magna de 1991. Lo cierto es que hasta la fecha no existía una política de Estado en materia lingüística.
¿Quién financia la cultura?
Que el Estado no hace lo suficiente por la cultura, que los recursos públicos son pocos, y que se reparten entre los mismos eventos grandes de siempre. Estas quejas, llenas de lugares comunes y acertadas bajo cierta mirada, son el reflejo de una manera de ver el rol público en materia cultural heredado del modelo europeo de Estado benefactor encargado de financiar la cultura. Un modelo viable en países poderosos, pero difícil de sostener en el nuestro. Así, se hizo necesario empezar a mirar otras formas de financiación de los procesos culturales que promueven la participación de recursos privados, más cercano al modelo de mecenazgos típico anglosajón.
Cuando en 2002 se aprobó la Ley de Cine, un gran paso se dio en esta dirección, pues la ley creaba también beneficios tributarios para las empresas que participaran en la financiación de películas y se creó con recursos parafiscales un fondo de promoción cinematográfica. El modelo de esta ley ha servido para diseñar las otras dos iniciativas importantes de este año: La Ley de Bibliotecas, aprobada en el mes de diciembre y pendiente de sanción presidencial; y los decretos reglamentarios de patrimonio inmaterial que crean mecanismos fiscales para que la empresa privada encuentre interesante invertir.
“Después de siete años de trabajo para consolidar el Plan Nacional de Lectura, que además de llevar bibliotecas a más de 900 municipios del país ha servido para consolidar una red de bibliotecas públicas muy comprometida, era indispensable una ley que protegiera y le diera continuidad a este gran proyecto”, afirma Ana Roda, directora de la Biblioteca Nacional.
Así, con el apoyo del Gobierno y de los congresistas ponentes, se sacó adelante una norma que tiene como eje principal la definición del perfil y protección del bibliotecario, “rol fundamental en la vida de la biblioteca y la promoción de lectura”, como explica Roda, y se toman las medidas para que las bibliotecas hagan parte de los planes de gobierno de alcaldías y gobernaciones; se crea la obligación de destinar a la red de bibliotecas municipales el 10% de recursos de la estampilla pro cultura y del Iva a la telefonía móvil, de manera que siempre exista una base de recursos para la renovación de colecciones y la manutención de la biblioteca; entre otros puntos encaminados a apoyar los programas de extensión con los que se llega a poblaciones rurales o en situaciones no convencionales como la población discapacitada, hospitalaria o carcelaria.
Además, se crean incentivos tributarios, elemento común con el decreto para el patrimonio inmaterial, para que la empresa privada se vea motivada a invertir tanto en bibliotecas como en los planes de salvaguardia de las manifestaciones culturales que sean declaradas de interés patrimonial. Con esto se construye un paquete de garantías para que la lectura, el cine, las expresiones populares y otras formas e industrias culturales reciban el impulso que tuvo el cine hace algunos años.