«Nada tiene que ver con la legalidad la cancelación de las personerías jurídicas de» los nueve organismos», afirmó la escritora, autora de la novela «El País de las Mujeres», ganadora del Premio Latinoamericano de Literatura La otra orilla 2010, en una declaración pública.
Los organismos a los que el Parlamento, de mayoría oficialista, despojó de su legalidad son el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), el Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (Cisas), el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Ieepp), el Instituto para el Desarrollo de la Democracia (Ipade) y Hagamos Democracia.
También a las ONG Instituto de Liderazgo de las Segovias (ILS), Fundación del Río, el Centro de Investigación de la Comunicación (Cinco) y la Fundación Popol Na.
Para la poeta, una ONG que, como el Cenidh, ha sido legal y actuado de forma respetable durante 32 años, no se descalifica de un día al otro.
«Doña Vilma Nuñez de Escorcia (presidenta del Cenidh), una de las ciudadanas más probas de este país, es tan profesional y valiente que cuando el Frente Sandinista todavía era verdadero, ella fue no solo miembro de la Corte Suprema, sino miembro de la Comisión de Ética del FSLN, entre otros muchos cargos de responsabilidad», recordó Belli.
A su juicio, es la oposición de Nuñez al Gobierno de Ortega y Murillo, que data, como la de otras ONG, «de hace muchos más años que la revuelta del 18 de abril, la que ha motivado esta cacería inicua».
«La venganza contra ellas va dirigida a sus directores, por su posición crítica y su activismo en pro de valores que no existen ya en el credo de este Gobierno», apuntó la escritora, crítica del Ejecutivo nicaragüense.
En las últimas horas la Policía también allanó las oficinas de los medios Esta Semana, Esta Noche y Confidencial, críticos con el Gobierno. Nicaragua vive una crisis social y política que ha generado protestas contra el Gobierno de Ortega y un saldo de entre 325 y 545 muertos, según organismos de derechos humanos locales y extranjeros, mientras que el Ejecutivo cifra en 199 los fallecidos.
La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han responsabilizado al Gobierno de «más de 300 muertos», así como de ejecuciones extrajudiciales, torturas y otros abusos contra los manifestantes y opositores.
Ortega ha negado las acusaciones y ha asegurado que se trata de un intento de «golpe de Estado». Las manifestaciones contra Ortega y Murillo se iniciaron el 18 de abril pasado por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario.