Con un tono solemne se cuenta del 1 al 43 y al terminar, al unísono, se escucha la exigencia en las calles: “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”. Luego, como pasando lista, se nombra a cada uno de los 43 normalistas y la misma gran voz colectiva responde: “Presente”.
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Presentes, como la noche del 26 de septiembre de 2014. Los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro de Burgos, de la localidad de Ayotzinapa, ubicada en el Estado de Guerrero de México, que se dirigían a una manifestación, fueron emboscados y desaparecidos. Las investigaciones que se han adelantado desde entonces apuntan a que estos ataques fueron perpetrados por policías municipales que trabajaron con la colaboración de distintas bandas criminales. Otras versiones mencionan a grupos de narcotraficantes.
El 29 de septiembre de 2014, dos noches después de que comenzaran las protestas y las manifestaciones lideradas por los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos, 22 policías relacionados con el caso fueron capturados por la presión social que venía desde las calles a lo largo del país. El 8 de octubre del mismo año, se convocó a una movilización global en frente de las embajadas mexicanas. El 13 de octubre, manifestantes quemaron el Palacio de Gobierno de Iguala. El 22 de octubre se presentaron cargos contra el alcalde de Iguala, José Luis Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda, quienes fueron localizados el 4 de noviembre en Iztapalapa, en la Ciudad de México.
Más de un mes después de la desaparición, el entonces presidente Enrique Peña Nieto, aceptó reunirse con los familiares de los estudiantes. En el encuentro firmaron un documento de diez puntos entre los que se incluía formar una comisión mixta que auditara las investigaciones adelantadas por la Procuraduría General de la República. El 8 de noviembre de 2014, manifestantes quemaron la puerta principal del Palacio Nacional, en donde funciona el poder ejecutivo de México.
El 6 de diciembre de 2014 se identificaron los restos del joven de 19 años Alexander Mora Venancio, encontrados en un depósito de basura de la ciudad de Cocula. Su familia lo vio por última vez en unas fiestas de Tecoanapa de ese mismo año.
Hace dos semanas, el 7 de julio de 2020, especialistas de la Universidad de Innsbruck, reconocieron los restos del normalista desaparecido Christian Alfonso Rodríguez Telumbre.
El caso Ayotzinapa ha permitido la proliferación de debates sobre el espacio público y las voces que interceden en este; se ha vuelto un lugar de disputa entre anuncios oficiales y no oficiales, testimonios y silencios, en los espacios del poder estatal y en las calles.
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El silencio, las fotografías
En cada una de las protestas que se han liderado en torno al caso Ayotzinapa, siempre se ha visto a los padres de los normalistas llevar sobre el pecho la fotografía de su hijo colgada.
Estas fotografías pasan a definir su identidad futura: prolongan su corporalidad y su historia de vida con el rostro de quien ya no se tiene rastro. Hacen visible la memoria de aquel que -(ya no “quien”)- ha devenido in-visible. La ambigüedad forma parte ahora de la corporalidad y la identidad del familiar.
El rostro colgado o impreso sobre el cuerpo del padre que reclama, parece intentar validarse por el rastro perdido y el cuerpo desaparecido: son evocados. El padre asume la voz de protesta por la voz que ya no habla: quienes les enseñaron a hablar a los normalistas son quienes hace más de cinco años hablan por ellos.
Pero el asunto es doble. Si estos cuerpos invisibles pudiesen hablar en donde sea que fueron llevados, tampoco serían escuchados, pues se encuentran en un espacio físico que no es público: es entonces desconocido, in—visible y sordo.
La fotografía de cada uno de los 43 normalistas, al estar sobre el pecho de alguien que habla, hace también eco de la complejidad del silenciamiento: es, precisamente, la reminiscencia, en el espacio público de la protesta y el grito, de una ausencia cuyos procesos, en últimas, son realmente confusos.
Aparentemente, el silencio que enrolla a la corporalidad y la historia de cada uno de los desaparecidos, parte de la inexistencia de una narrativa clara de lo ocurrido, que deviene también en el desconocimiento mismo que impide alguna narrativa de lo ocurrido. No hay quién hable sobre los hechos, ni hay qué decir certeramente sobre ellos.
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En enero de 2015, la Procuraduría General de la República decidió nombrar como “verdad histórica” una versión del caso, resumida en que la noche del 26 de septiembre los normalistas intentaban robarse a la fuerza unos buses para movilizarse hacia las manifestaciones, por lo que fueron encontrados por unos policías y estos, a los que la verdad histórica denominó “corruptos” (únicamente corruptos), los entregaron al cartel Guerreros Unidos, en donde los confundieron con integrantes de otro cartel rival y los asesinaron e incineraron en el basurero de Cocula.
Casi un año después, la versión de la verdad histórica fue desacreditada por un grupo independiente de forenses contratados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que determinó que los estudiantes no fueron incinerados en el basurero de Cocula. Además, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes no encontró evidencia alguna de incendio en dicho basurero.
En agosto de 2015, los militares del Batallón 27, que serían investigados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, exigieron que las entrevistas fueran únicamente por escrito, lo que la CIDH rechazó y ante lo cual no procedió. El batallón abrió sus puertas a los familiares de los 43 normalistas en junio de 2019, con lo que empezó la investigación de los soldados que estarían involucrados en la desaparición.
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Sobre el papel han entrado también disputas de carácter político. El gobierno de López Obrador corrobora que la verdad histórica del gobierno anterior es nula. Pero, en su afán por resolver el caso, se han encontrado faltas al debido proceso, como también sucedió en el gobierno de Peña Nieto. Recientemente, se reconoció que el interrogatorio hecho en 2015 a Felipe Rodríguez Salgado, miembro de Guerreros Unidos, fue ilegal. Ha habido así más de un caso que se desconoce, hasta que por distintos motivos se hace público y el gobierno se ve en la obligación de dar explicaciones leídas, con micrófono y bandera de fondo, ante las cámaras.
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El duelo sin cuerpo
Aunque hay formas de elaborar el duelo mediante objetos que se elevan a un valor simbólico, cuando no hay evidencia de la pérdida, a esta se le suma la ambigüedad de los términos con los que se designa: desaparecido, por ejemplo, pone en cuestión la identidad y el arraigo de la persona.
¿Qué ocurre cuando la desaparición no se contempla como parte de la vida y el duelo? ¿Entonces no parece una opción? Siguiendo a Lévi-Strauss, los ritos funerarios representan un puente entre el pasado y el presente, haciendo del pasado algo conocible y apropiable por el presente.
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Sin embargo, cuando la muerte (el trauma) no se ha resignificado y no es motivo de rememoración sino de crisis -pues sin cuerpo parece no haber puente con el pasado: con la identidad de quien fue-, entonces el trauma por la pérdida permanece.
Un psicólogo consultado para este artículo, cuyo trabajo se ha relacionado con este tipo de duelos en Colombia, y quien solicitó no revelar su nombre, expresa que:
“El acompañamiento psicosocial que se hace es que nunca se les dice a los familiares que la persona no va a volver, teniendo en cuenta que los familiares han escuchado muchas versiones de la misma historia. Generalmente lo que ocurre en estos casos de desaparición es que los investigadores les dicen a los familiares que hallaron al desaparecido muerto y luego el cuerpo resulta no ser el de la persona; o dicen que lo que pasó fue X y al tiempo terminan desmintiéndolo. Con el tiempo la identidad que apropia la persona es la de ‘desaparecido’, pero para los familiares cercanos (generalmente las madres) es una incoherencia que la persona a la que dieron a luz, criaron, ayudaron a construirle su identidad y que tiene un nombre, sea ahora un desaparecido. En este sentido, podría pensarse que el duelo no se genera porque nunca se va la incertidumbre, por lo que la idea del acompañamiento psicosocial es hacer un proceso en el que puedan plasmar en otras materialidades lo que significa un cuerpo. El desaparecido no deja rastro, pero deja vacía ilógicamente la cotidianidad de sus familiares; sin embargo, ese vacío es lo único que los familiares tienen”.
Si las narrativas de los familiares de los desaparecidos se concentran únicamente en el voz a voz de la protesta, la cual es símbolo de la ambigüedad permanente del caso, y su voz pervive ignorada en los espacios de poder estatal, que es la voz oficial de los avances del caso, ocurre una doble violencia simbólica.
Si bien cada proceso de duelo es diferente y cada expresión se va desarrollando en lógicas irregulares, la doble violencia indica que no se trata, entonces, únicamente de que el desaparecido no tiene cuerpo, ni voz, ni espacio y sus allegados parecen no tener cómo elaborar el duelo, sino que la voz de quien ha asumido protestar y (casi que) se ha tejido el rostro in-visible a su cuerpo, no es visibilizada por el registro histórico del caso ni su afectación por parte del mismo es tenida en cuenta en su desarrollo; lo que significa que, mientras el familiar sobrevive al padecimiento del vacío, su voz es no escuchada -al igual que el desaparecido, que aquí vuelve a ser silenciado- y es cada vez más afectado su proceso de duelo por la variedad cruda de las versiones oficiales, como ocurrió con la “verdad histórica”.
El caso Ayotzinapa ha excedido tales diagnósticos psicosociales sobre la ausencia de cuerpos en la elaboración o no elaboración de duelos y les ha dado la vuelta a las violencias simbólicas que la estructura judicial implica.
Más allá de que el duelo de los familiares se fundamente como una de las complejidades que envuelven el caso, la voz colectiva de las protestas que cuenta del 1 al 43 y que menciona a cada uno de los desaparecidos, vislumbra que el espacio público, en la exigencia del regreso de los cuerpos que ya no tienen voz, logró entonar millares de voces que claman por sus cuerpos: no son ya cuerpos sin voz, sino voces sin cuerpos que en la rememoración contragolpean la noción de desaparecer.
Las voces de los cuerpos que quisieron silenciar y que viven en el solemne sonido de la protesta por su reencuentro, han sido un timbre imperecedero en los tímpanos de la Procuraduría y el Palacio Nacional para que el Estado, evocado por la gente, ejerza los deberes democráticos que el cuerpo estatal burló hace más de cinco años.