Maria Carolina Hoyos Turbay, le dijo a la W Radio que al menos un directivo sería socio simultáneamente de las compañías Correval CGI y Esfinanzas, lo cual contradice la afirmación inicial de la CNTV que las dos empresas no tenían ninguna relación al momento de contratar con el organismo el estudio que llevó a la definición del precio de la prórroga.
La señora Hoyos dijo que la Comisión investiga la veracidad de esa afirmación que estará planteada en un derecho de petición. que será presentado en los próximos días por el reconocido jurista Jaime Lombana.
Versiones surgidas al finalizar la semana pasada, señalan que las firmas Correval CGI y Esfinanzas trabajan juntas en varios proyectos; uno de ellos sería el del Tren de Cercanías de la capital del Valle del Cauca.
De confirmarse, la relación entre las dos organizaciones se ensombrecería aún más el manto de duda que ha cubierto el proceso de definición del futuro de la televisión comercial.
La señora de Hoyos aseguró además que desconoce de algún otorgamiento hecho a través de la Comisión Nacional de Televisión (CNTV), de una concesión para la prestación del servicio de televisión vía satélite a una empresa referenciada con DMG.
La semana pasada la CNTV reveló toda la información de las dos bancas de inversión escogidas. Esta semana fue adoptada la determinación, tras el pronunciamiento del procurador General de la Nación, Edgardo Maya Villazón, quien aseguró que es contrario a la ley, el ocultamiento del precio base para la subasta por de un nuevo canal privado.
El Procurador envió una carta a la directora de la Cntv, advirtiendo que la adjudicación del tercer canal de televisión no era un simple proceso licitatorio.
"En el servicio público de televisión, están involucrados los derechos a la información y a la comunicación, reconocidos a todos los sujetos y, por consiguiente, un procedimiento de semejante naturaleza, ante todo debe estar dirigido a garantizar la libertad y el pluralismo de las telecomunicaciones", aseguró el Procurador en la misiva.
Además, Maya advirtió que para la calificación de las ofertas, era necesario unificar los criterios técnicos, jurídicos, financieros y de organización.
"Las propuestas deben ser calificadas como requisitos mínimos de participación, en un sistema de simplificación que lo único a lo que contribuye es a la mayor transparencia", agregó el documento enviado a la CNTV.