En vista de que nadie las representaba, el senador liberal Juan Manuel Galán le ha dedicado muchas horas de su trabajo como congresista, a apoyar a las casi mil madres que perdieron en los operativos militares denominados falsos positivos, a sus hijos recién salidos de la adolescencia. El terrorífico fenómeno de asesinatos selectivos que se venía dando en Colombia desde hace más de una década sin que las autoridades estatales le pusieran el menor cuidado, fue creciendo hasta cuando las vilipendiadas organizaciones de derechos humanos escucharon las historias sobre frecuentes desapariciones de los jóvenes de las barriadas pobres.
Al principio, nadie les creyó. Más adelante, las propias ONG pasaron a ser sospechosas de levantar testimonios mentirosos contra las Fuerzas Militares. Luego, los rumores llegaron a la comunidad internacional y en ese escenario, las versiones se transformaron en denuncias formales. Ni siquiera entonces, el gobierno colombiano tomó en serio el asunto, en la seguridad de que, detrás de las noticias, deberían estar otra vez los mismos subversivos de siempre tratando de hacerle daño a la Administración y al Ejército. Solo cuando las ejecuciones extrajudiciales pasaron a ser de múltiple ocurrencia y saltaron a los espacios periodísticos, el Presidente y su ministro de Defensa tuvieron que poner la cara y capotear la situación. En un acto que fue elogiado por muchos, retiraron a 27 oficiales sin decir que eran responsables de los asesinatos pero insinuando que, de alguna manera, recaía sobre ellos una cierta culpabilidad por acción o por omisión.
Hubo discursos y regaños públicos. Mea culpa y órdenes perentorias de actuar siempre con ajuste a las normas del Derecho Humanitario. Pero, pasado el primer sacudón, ahora los altos funcionarios parecen haber repensado la situación y reconsiderado su posición. Las declaraciones del Primer Mandatario y del ministro Santos así lo indican. De la ausencia de apoyo a las víctimas, ya no jurídico ni económico, y ni siquiera emocional, se ha pasado al ataque: se están divulgando acusaciones sin fundamento contra los uniformados y el gobierno va a organizar la defensa de los mismos. El senador Galán habla sobre éste y otros temas del mismo espinoso asunto: las muertes fríamente programadas de chicos veinteañeros, a manos de militares de su misma edad.
Cecilia Orozco Tascón.- Se citan diversas fuentes cuando se habla de cifras de ejecuciones extrajudiciales ¿Cuáles son las que usted considera válidas?
Senador Juan Manuel Galán.- Hemos examinado las cifras de once años, periodo comprendido entre 1998 y 2009, con estadísticas de la Fiscalía y de una alianza de ONGs nacionales e internacionales. De acuerdo con esas fuentes, se presentaron de 1.500 a 2000 casos de ejecuciones extrajudiciales en Colombia.
C.O.T.- Uno de los argumentos de defensa del gobierno consiste, precisamente, en afirmar que los falsos positivos se han presentando desde hace años y que no se les pueden adjudicar a esta administración.
J.M.G.- Es cierto que la problemática de las ejecuciones extrajudiciales no es atribuible exclusivamente al gobierno Uribe pero el periodo de sus administraciones, que comienza en 2002, es el de mayor incremento en cantidad de falsos positivos por la presión tan fuerte que ha recibido la fuerza pública. La exigencia de la política de seguridad democrática sobre los militares para que den resultados, generó la dictadura del positivo.
C.O.T.- ¿Cómo se puede probar que la frecuencia de las ejecuciones aumentó en los dos gobiernos de Uribe?
J.M.G.- Por la comparación de las cifras que reporta la Fiscalía. En estos siete años se subieron, aceleradamente, los números y además, porque se estableció un patrón: el de conseguir jóvenes desarraigados o desplazados para atraerlos con ofertas de empleo lícito o ilícito. 24 ó 48 horas después, eran asesinados en el otro extremo de la geografía nacional.
C.O.T.- El Presidente dijo la semana pasada en diversos foros que hay muchas “falsas acusaciones para afectar la política de seguridad democrática” ¿Usted terminó colaborando con quienes denuncian falsamente a los militares?
J.M.G.- Nuestra investigación se basó en cifras de la Fiscalía y en investigaciones del Cinep sobre casos que han sido reconocidos por la justicia. Es muy grave que el Presidente generalice las acusaciones y que sistemáticamente trate de asociar a los opositores con los enemigos de la fuerza pública.
C.O.T.- El Mandatario también dijo que hay el Estado debe crear un nuevo “sistema de defensa judicial para la fuerza pública” ¿Qué opina de que el Estado asuma como tal, la defensa de los denunciados?
J.M.G.- Indudablemente la guerra también es jurídica. Por eso fui ponente de un proyecto de ley con Nancy patricia Gutiérrez para crear la defensoría de las Fuerzas Armadas para que tengan una adecuada defensa cuando se presenten casos injustos. Pero eso no quiere decir que la Fiscalía y la justicia ordinaria dejen de asumir la competencia cuando se presenten casos de violaciones de derechos humanos y del Derecho Humanitario. Esa es la recomendación de la ONU. La justicia penal militar ha sido mirada con suspicacia porque trata de desviar las investigaciones, de jugar con los términos y de evitar que haya condenas. Eso no puede pasar en este caso porque se trata de delitos de lesa humanidad.
C.O.T.- En principio el Gobierno dio la sensación de que le hizo frente al escándalo al despedir a 27 oficiales, pero después se puso a la defensiva. En particular ¿Cómo califica la actitud del Ministro Santos frente a este tema?
J.M.G.- Me parece que el ministro ha respondido en forma equivocada y de manera coyuntural y que solo cuando sube la presión de los medios o de la comunidad internacional, parece asumir el caso. Con la destitución de los 27 oficiales, el gobierno quería dejar la impresión de que había tomado una medida drástica y de que tenía la voluntad plena de enfrentar el problema. Sin embargo, todos quedamos a la expectativa de que las investigaciones internas de las Fuerzas Militares dieran resultados y de que después acusaran penalmente a quienes tuvieran responsabilidad. Pero he visto que el espíritu de colaboración del gobierno con la Fiscalía, no se ha dado. Por ejemplo, el Fiscal recibió hace solo pocos días el informe de destitución de los oficiales. Tuvo que interponer una acción judicial para que el Ministerio le entregara el documento. No ha habido voluntad de cooperación.
C.O.T.- ¿Tiene evidencias de que el Ejército, en concreto, ha sido renuente a colaborar con los investigadores?
J.M.G.- No se puede generalizar porque hay algunos oficiales apegados a la ley, que son muy valiosos y que quieren que este asunto quede claro. Ellos piensan que las investigaciones deben llegar hasta el final, precisamente para que el honor militar se salve y se recupere ante la opinión pública. Puede que no se note el mismo espíritu de colaboración en todos los sectores, pero repito que no hay que generalizar.
C.O.T.- Con ese panorama que usted pinta, parece improbable que el gobierno haya tomado medidas efectivas para impedir que se cometan más crímenes.
J.M.G.- Me parece que el gobierno está en mora de presentar un proyecto de ley para tipificar el delito de ejecución extrajudicial, en la legislación interna. Otra medida debería ser la de crear un sistema de registro unificado para la recepción de denuncias porque hoy las víctimas no saben a quién acudir ni dónde denunciar. No se puede decir, simplemente, que este tema está resuelto porque no hay más denuncias.
C.O.T.- ¿Diría usted que las ejecuciones extrajudiciales constituyen el germen que destruirá la política de seguridad democrática?
J.M.G.- Por lo menos está demostrado, por la experiencia que vivió Estados Unidos en la guerra de Vietnam, que medir resultados por bajas en combate no es el rasero adecuado para medir los resultados del Ejército. La gran lección es que la guerra se gana, ante todo, en el corazón y en la mente de la población y no solo en el campo de batalla.
C.O.T.- ¿Es cierto que la presión internacional fue el factor definitivo para que se pusiera al descubierto lo que estaba pasando?
J.M.G.- Sí, es verdad. En los informes de derechos humanos de Naciones Unidas y de ONG europeas y norteamericanas, se llamaba la atención sistemáticamente sobre estos crímenes. Esos informes fueron los que más pesaron para que este fenómeno saliera a la superficie. Aquí había mucha incredulidad sobre tales denuncias pero cuando se encontraron las historias de carne y hueso, el país vio de frente la realidad y tuvo que admitirla.
C.O.T.- ¿Por qué cree usted que el gobierno no le puso atención al tema?
J.M.G.- Creo que estaba obnubilado por mostrar resultados en la materia para la cual los colombianos eligieron al Presidente, es decir, la recuperación de la seguridad frente a la amenaza que representaban las FARC. La presentación de esos resultados, también le permitía al gobierno justificar el enorme esfuerzo fiscal que ha hecho en el campo de la seguridad. Por último, había que mostrarle a Estados Unidos que el dinero del Plan Colombia, estaba bien invertido.
C.O.T.- Ha podido verificar si el Gobierno y más específicamente el Ministerio de Defensa o las Fuerza Militares, han atendido de alguna manera a los familiares de las víctimas o por el contrario, los ven como ‘enemigos’?
J.M.G.- Lo más triste y dramático es que la Administración no ha tenido ningún contacto, programa de apoyo o acompañamiento a los familiares de las víctimas. Ni siquiera les habían puesto la cara, hasta cuando la citamos al debate de hace unos días en Soacha. Ésa fue la primera vez que el alto mando escuchó los testimonios de los familiares.
C.O.T.- ¿A qué aspiran los familiares de las víctimas?
J.M.G.- Ellos aspiran a que se reconozca que se cometieron esos crímenes. El gobierno tuvo que hacerlo a regañadientes, pero todavía no ha dado el paso definitivo de reconocerles a las víctimas su derecho a la justicia. La motivación que tuve para hacer la sesión de Soacha fue la de darles visibilidad ante los altos mandos, y la de mostrarles que son gente que existe y que está adolorida. A todos nos conmovió ese día en Soacha, una madre que dijo que la única persona que le había dado la mano, había sido el sepulturero cuando estaba desenterrando al hijo para que lo identificara.
C.O.T.- ¿Qué opina de que en medio de esta situación tan dramática, el Gobierno haya decidido eliminar del proyecto de ley para las víctimas, los casos de ejecuciones extrajudiciales?
J.M.G.- Es un pésimo mensaje interno con efectos internacionales. Negar que hay víctimas de agentes del Estado y desconocer su derecho a la dignidad, la justicia y la memoria, es profundizar el aislamiento de Colombia.
C.O.T.- Hay un grupo de ultraderecha con gran poder en el país que ha sido abiertamente escudero de militares cuestionados por la justicia.¿Cree que ese grupo va a permitir que se juzgue y sancione a los uniformados?
J.M.G.- La legislación internacional tiene claramente definido que cuando un Estado no quiere o no puede juzgar los crímenes que se cometan en su territorio y que sean considerados como de lesa humanidad, se debe declarar la competencia de la jurisdicción penal internacional. No solo tendrán que dar la cara a esos escenarios internacionales quienes hayan cometido los crímenes sino también las personas que obstruyan las investigaciones, o impidan sus avances y resultados.
C.O.T.- Según sus indagaciones ¿Las ejecuciones extrajudiciales están en el ‘radar’ de la Corte Penal Internacional, y de otros organismos de derechos como la Comisión Interamericana?
J.M.G.- estoy convencido de que sí y creo que la tipificación del delito de lesa humanidad que ocurre cuando se comprueba la sistematización en los mismos, se da en este caso. El Estado colombiano y sus autoridades deberían pensar en facilitar la acción de la justicia para que no tengamos que pasar por la vergüenza ante el mundo de que la Corte Penal Internacional sea la que tenga que intervenir para que haya justicia en Colombia.
Ejecuciones extrajudiciales recientes
En sus debates, el senador Galán insiste en que hay reportes verificables de tres nuevos casos de ejecuciones extrajudiciales. El primero de ellos sucedió el 26 de diciembre pasado. Militares habrían ejecutado a Arnobis Negrete, a quien posteriormente presentaron como integrante de una banda criminal, muerto en combate. Tenía 18 años y desapareció el 25 de diciembre cuando se encontraba en su casa, al sur de Montería. “Un muchacho llegó y conversó con él. Entonces, se cambió y se fue. No volvimos a saber de él”, relató un testigo. La muerte de Negrete se produjo un día después. El reporte oficial decía que era miembro de la banda de Don Mario.
El segundo caso es del 7 de enero de este año. María Concepción Rico se encontraba en su casa en zona rural de Meta, cuando pasaron unos guerrilleros. Detrás venía el Ejército persiguiéndolos. Los soldados empezaron a disparar indiscriminadamente y ella cayó herida. Según las denuncias, los uniformados trataron de ponerle prendas militares y armamento para reportarla como guerrillera dada de baja en combate. El tercer caso es del 14 de marzo. Luis Arbey Díaz fue asesinado por un soldado en la vereda El Tapir de la Macarena (Meta). Díaz iba, de día, acompañado de su hijo menor por un camino de más de dos metros de ancho. Luis Arbey cayó muerto por impacto de bala y después se dijo que había sido un error militar.
“Mi padre nos enseñó que política y negocios son incompatibles”
C.O.T.- Usted clasifica en la denominación de delfín pese a que su padre desapareció dolorosamente. Si los hijos del Presidente lo buscaran para pedirle consejo sobre los negocios ¿Qué les diría?
J.M.G.- Primero, permítame decirle que me siento más huérfano que delfín. Segundo, una de las enseñanzas que mi padre nos dejó con su ejemplo y no solamente con las palabras, es que la política y los negocios son incompatibles. Uno no puede hacer negocios desde el campo de la política, porque termina cruzando intereses particulares con el interés general. Cuando uno se decide por la política, debe renunciar a enriquecerse y a llevar una vida material suntuaria. Desafortunadamente, la familia asume con uno ese sacrificio.
C.O.T.- Pero los defensores de Tomás y Jerónimo Uribe argumentan que ellos tienen tanto derechos como el resto de los colombianos.
J.M.G.- Tienen los mismos derechos pero no los mismos deberes. Ellos son el ejemplo de la nación y eso los obliga a actuar con mayores rigores éticos.
C.O.T.- Los hijos del Presidente le pudieron una cita al ex presidente Gaviria, su jefe y jefe de la oposición ¿Qué opina de esa reunión?
J.M.G.- Conozco el talante del presidente Gaviria y sé que es un hombre pragmático, pero también sé que es un hombre de principios. Por eso estoy seguro de lo que piensa y de que su pensamiento no ha variado por una visita.