Un pozo gigante, así es el teatro de Juan Atalaya en Cúcuta: un expendio de drogas, un espacio para hacer piques de motos en medio del trago, un epicentro de los excesos. “Hasta violaron a una muchacha”, cuenta María Elizabeth Vega, habitante del sector, quien no despega los ojos de sus dos niños. Atalaya, el barrio más habitado de este municipio, ha visto pasar distintas generaciones de familias y ha recibido los coletazos de la guerra en el Catatumbo, los residuos paramilitares y la delincuencia juvenil que por estos días, con la crisis venezolana, parece adueñarse de las pesadillas de los cucuteños.
Si el comercio antes era el sostén de esa zona fronteriza, ahora no queda mucho de qué echar mano. Cúcuta ha sido la ciudad más informal del país en el último año, con un 72%, según la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco). Lo que cuesta una motocicleta nueva en Venezuela es el precio de una bicicleta en Cúcuta. Sucede lo mismo con todos los productos. Así, las ventas legales en el lado colombiano son cada vez menos.
En ese contexto, uno de los pocos teatros de la ciudad, propiedad del municipio y ubicado precisamente en Atalaya, fue adjudicado al Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad). Así lo anunció Donamaris París, alcalde local, por distintos medios de comunicación desde el 31 de diciembre de 2013. De inmediato, líderes juveniles apoyados por el concejal Oliverio Castellanos y el edil Leonel Cárdenas manifestaron su descontento con el anuncio. “Esta es una ciudadela de más de 70 barrios. La comunidad necesita un espacio para la cultura”, era y es el argumento de los inconformes. Danzas y muestras teatrales frente al teatro fueron su herramienta para luchar por un lugar que reclamaban como suyo. Alegaban que existía un contrato por $80 millones que exigía que el teatro fuese adecuado y remodelado con el objetivo de fomentar las cualidades artísticas de los ciudadanos.
París y la Secretaría de Cultura del municipio ratificaron en diversas ocasiones que el teatro sería entregado al Esmad y el periódico La Opinión se encargó de reseñarlo. Ahora la Alcaldía anuncia que el teatro sí debe ser usado para fines culturales y reversa su decisión. Según María Eugenia Navarro, secretaria de Cultura, “el alcalde sólo se remitió a un interés de la comunidad. Ellos mismos pidieron la presencia del Esmad porque estaban cansados de la delincuencia. Pero el alcalde no les había confirmado nada. Consultó con sus asesores jurídicos y se le informó a la gente que no era posible. En la Secretaría estamos a la espera de que nos sea entregado el predio y lo manejaremos nosotros directamente”, dice, haciendo énfasis en ello, pues explica que luego de una primera remodelación hecha en 2004, los residentes no cuidaron su patrimonio y pocos meses después no quedaban sillas, luces, cableados ni cielorraso. Este es un ejemplo del lugar que ocupa la cultura en una sociedad en la que pensar en la supervivencia deja poco tiempo para leer o asistir a una muestra de danzas.
En efecto, miembros de la comunidad han expresado con pancartas y arengas su deseo de que el Esmad tome las riendas del espacio y su desacuerdo con la reciente retractación de la Alcaldía.
“La gente, cuando nos ve, nos insulta, a mí y a los artistas, nos llaman marihuaneros y otras cosas desagradables. Fue un cambio muy drástico porque antes nos recibían muy bien”, dice Leonel Cárdenas. María Elizabeth Vega confiesa que la comunidad está dividida respecto al tema. Algunos querían al Esmad, motivados por el constante peligro de la zona, otros sentían que ese lugar debía ser para el fomento de la cultura. “A mí me gustaría que viniera la cultura, pero también entiendo a los que piden al Esmad pues la delincuencia es terrible”.
No obstante, a una cuadra del teatro se encuentra ubicado un CAI de la Policía. “Se supone que el CAI debe estar ahí para velar por la seguridad de la zona”, asevera Cárdenas.
Para el concejal Castellanos hay intereses de por medio. “A mí me han declarado persona no grata y la comunidad ha escrito que por allá ni me aparezca. Creo que han sido influenciados por la administración. Yo soy un concejal de la oposición”.
Según Guerrero, en una de las reuniones a las que asistieron las distintas partes implicadas, realizada en la Alcaldía Local, los miembros de la comunidad fueron movilizados en la camioneta personal del comandante del Esmad de Cúcuta, el capitán Henrique Guzmán. Y agrega: “La líder de las personas que quieren al Esmad, la que los convoca, es la suegra del comandante que vive en el barrio”. Frente a esto, Leonel Cárdenas apunta: “No sabemos cuáles son los intereses de por medio que tienen la administración o el comandante del Esmad al querer el teatro como sede de la Policía. Estoy seguro de que lo que está pasando no es culpa de la gente”.
Guzmán asegura que es una mera coincidencia que la familia de su esposa viva en la zona. “Directamente les he pedido a mis familiares no involucrarse con ese asunto. Yo no puedo tener ningún interés personal allí. Si es el caso, sería un beneficio para la Policía Nacional o para la misma comunidad, pero nunca para mí. Ni mi familia ni yo estamos involucrados en ese tema”.
Aunque María Eugenia Navarro afirma no tener ningún conocimiento de una investigación de la Contraloría de Cúcuta, Enrique Casas, vocero de esta entidad, asegura que sí se está desarrollando un seguimiento al contrato de la administración para establecer si hubo alguna irregularidad en su aplicación, pues lo establecido era que se destinarían $80 millones para la recuperación y el desarrollo de la cultura. “Ya se realizó una inspección fiscal y ahora el contralor procederá a determinar si el uso dado fue correcto”.
Un mes lleva la nueva remodelación del teatro de Atalaya y la fachada luce mejor. Aunque adentro, el desnivel, fundamental para un teatro pues es el elemento que permite que el público y el escenario se sitúen en una altura diferente, fue anulado con los arreglos. “La Alcaldía dijo que era por un problema con las aguas”, asegura un habitante del barrio. Pero cuando ingenieros civiles de la Universidad Santo Tomás liderados por Carlos Sierra y consultados por Leonel Cárdenas revisaron el teatro no encontraron necesario abolir el desnivel. Cárdenas agrega: “La Alcaldía no ha manifestado nada formalmente ni ha explicado con claridad porqué niveló el teatro”.
Inicialmente, la administración había ofrecido usar la Casa de la Juventud que también queda en la zona para compensar la llegada del Esmad. Pero en este momento esa opción no es clara y la casa tampoco se encuentra en buenas condiciones. Por ahora, la inseguridad y el inconformismo frente al resultado atormentan a los vecinos. La batalla en teoría la ganó el arte: el teatro quedará a disposición de la Secretaría de Cultura del municipio. Pero la remodelación ejecutada por la Constructora Karsa no camina en sintonía con esa última decisión. A menos que se vuelva a derrumbar y se pierda lo invertido, el teatro de Atalaya ya no será un teatro. Quedó inundado por una nube de cemento.
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