Quienes estaban viendo por televisión uno de los monótonos consejos comunales sabatinos del Presidente, bostezaban con la retahíla. Pero de repente y después de un murmullito que salía del público, y de las declaraciones del alcalde de una localidad cercana que apenas se alcanzaron a escuchar, el Primer Mandatario gritó, salido de casillas. Su mirada dura y los gestos cortantes de sus manos se dirigían al centro del auditorio. La cámara que transmitía en directo la escena dio vuelta completa y mostró a una atractiva y joven señora de pie, con cara de asombro.
La voz del Jefe de Estado se oyó, botando palabras con carga de furia. “Doctora Elvira, hay que destituir a esa funcionaria ya”, sentenció. La “doctora Elvira”, que no era otra que la directora nacional del Instituto de Bienestar Familiar, le contestó, casi retadora, con una frase que también resultó desconcertante: “el acto administrativo ya está hecho, señor Presidente”. Éste dio la impresión de no quedar contento, más que con la respuesta, con la actitud de Forero. Por eso dio una segunda orden: que la directora de Bienestar y el Ministro de Protección Social, su superior jerárquico, se quedaran en Ciénaga (Magdalena) y se reunieran con las autoridades locales hasta cuando resolvieran los reclamos de los habitantes contra una funcionaria zonal del Instituto.
Presuntamente Graciela Fontalvo, quien manejaba el programa de repartición de alimentos para los niños de cinco o seis municipios magdalenenses, le había pedido dinero y participación en cupos del programa al alcalde denunciante, el de la población de Salamina. Que se recuerde, esta es la segunda vez que el presidente Uribe bota a alguien frente a toda Colombia y ordena abrirle proceso investigativo.
La primera ocasión ocurrió en Buenaventura hace un par de años. Entonces el momento fue dramático porque hizo poner de pie, igualmente en un consejo comunal, al secretario de Gobierno del puerto, Adolfo Chipantiza. Lo destituyó en forma fulminante y pidió conducirlo a la Fiscalía para que lo pusieran preso. Hoy el ex secretario de Buenaventura está condenado, aunque todavía tiene derecho a apelar ante la Sala de Casación Penal de la Corte.
Aunque similares en escenario y reacción presidencial, hay grandes diferencias entre los dos casos: la rabia de Uribe no se estrelló esta vez contra un funcionario de menor nivel, responsable directo de la comisión de delitos. Ahora la afectada era la rectora de una entidad que tiene 4.300 empleados y 200 centros zonales, además de puntos de atención en casi todo el territorio nacional; la denuncia no era contra ella sino contra una de sus funcionarias locales; y Bienestar cuenta con el cariño y el reconocimiento popular, sobre todo desde cuando se supo la historia de protección temprana de un niño anónimo que resultó ser Emmanuel, el hijo de Clara Rojas.
Interrogué a la regañada, por el tirón de orejas. Un poco reticente al principio, fue franca, hasta donde podía serlo, al final. Contó cuáles fueron sus sentimientos y aunque disculpó con lealtad la reacción del Presidente, se nota que acusó el golpe y que sintió algo de frustración. Pero, más allá de las culpas que tengan que asumir los denunciados, la importancia de este asunto radica en saber si con el enorme poder presidencial de hoy, un fallo palaciego anticipado a la acción judicial permite
garantizar el debido proceso y la imparcialidad de quienes hacen las investigaciones.
Cecilia Orozco.- ¿En qué consiste el programa de asistencia alimentaria de Bienestar Familiar?
Elvira Forero.- En el componente de nutrición que desarrolla el Instituto hay varios programas para destacar. Por ejemplo, el de alimentación escolar que busca evitar la deserción por los problemas de hambre y de pobreza. Ese programa está atendiendo a 3 millones 800 mil niños durante 157 días del año. El alimento incluye dos modalidades: desayuno o almuerzo, y se ejecuta en 49 mil 900 instituciones educativas de todo el país.
C.O.- ¿Cómo se ejecuta este programa y quiénes se encargan de hacerlo?
E.F.- El programa se ha venido ejecutando de una manera muy informal y precisamente por eso estamos buscando cualificarlo. ¿Cuál es la informalidad? Que se hace a través de las asociaciones de padres de familia. El Instituto firma un contrato con esas asociaciones y ellas manejan las raciones y definen quién las recibe. Como aspiramos a que los niños tengan una atención digna y con una buena infraestructura, creemos que el modelo debe cambiarse por un esquema de ejecución empresarial.
C.O.- Es decir, que quiere eliminar a las asociaciones de padres de familia como ejecutoras del programa y entregarles esa tarea a profesionales.
E.F.- Al menos debemos fortalecer esas asociaciones. Por ejemplo, queremos que obtengan certificaciones de calidad, capacitación e infraestructura.
C.O.- Precisamente, una denuncia sobre el manejo en Ciénaga del programa de repartición de alimentos fue la que provocó la ira del presidente Uribe. ¿Cómo le cayó el regaño frente a una cámara de televisión?
E.F.- Lo primero que quisiera decir es que la persona a la que el Presidente hacía referencia en el consejo comunal, había sido denunciada por el alcalde de Salamina (Magdalena), el día anterior, ante el ministro (Diego Palacio). Cuando el Ministro me llamó, contacté a funcionarios del CTI de la Fiscalía y les dije que nos acompañaran. No podían hacerlo inmediatamente porque eran las diez de la noche del viernes. Por eso les pedí que nos reuniéramos el lunes siguiente a primera hora, para que fuéramos a Ciénaga. En otras palabras, yo ya había asumido el tema.
C.O.- ¿Por eso le responde usted al Presidente, cuando él la conmina: “ya está hecho el acto administrativo”?
E.F.- Sí.
C.O.- ¿Firmaron el acto administrativo entre viernes en la noche y sábado a mediodía?
E.F.- Estaba listo pero no firmado. Sin embargo, no fue fácil. Esa noche tuve una discusión interna inmensa, porque me pareció que debíamos actuar de inmediato. Lo que me decían los funcionarios del Instituto era que para poder suspender a la persona denunciada, necesitábamos el testimonio del alcalde. Pero para mí, el derecho debe de estar al servicio de la realidad y no al revés. Así que la decisión fue mía y la tomé verbalmente. Ese viernes salí de mi oficina como a las dos de la mañana.
C.O.- Así tuviera razón en querer actuar con rapidez, garantizar el debido proceso es obligatorio. ¿Qué dice al respecto?
E.F.- Que se deben tomar decisiones efectivas y garantizar el debido proceso.
C.O.- ¿Por qué al alcalde de Salamina le interesaba repetir en el consejo comunal lo que ya le había dicho al Ministro?
E.F.- No lo sé. Yo llegué al sitio del evento a buscarlo pero, de hecho, fue el último alcalde en llegar. Lo esperé para que personalmente me contara su denuncia. El Magdalena es un departamento que tiene muchas complejidades y, además, después me recordaron que el país está en proceso de elección de los miembros de las juntas de acción comunal. Como los programas se han hecho más visibles, y éstos llegan a más personas, se han convertido en escenario político: quien entrega un desayuno infantil o quien administra un programa de asistencia tiene, o siente que tiene, una representación política.
C.O.- ¿Cree que la proximidad de la votación para cargos comunales tuvo que ver con la denuncia?
E.F.- Sí. El alcalde hizo una denuncia concreta, pero la proximidad de las elecciones motivó a la gente a manifestarse. Por supuesto, éste no es un argumento para defender a la funcionaria, quien, como le digo, ya está suspendida.
C.O.- Pero el Presidente no pidió la suspensión, sino la destitución.
E.F.- Él no tenía claro en ese momento si la funcionaria era de libre nombramiento y remoción, o si era de carrera. Ella es de carrera. Lo que indica el trámite en estos casos es que, a lo sumo, puede ser suspendida en un primer paso. Y no solamente hicimos ese cambio: llevamos tres más. El Presidente tampoco sabía que ella llevaba 17 años en el Instituto. Por supuesto, yo no la nombré. En cambio sí hay una responsabilidad local en el caso, porque ella llevaba cinco años como coordinadora del centro zonal.
C.O.- ¿Qué grado de manejo tenía la funcionaria suspendida?
E.F.- Manejaba los contratos con las asociaciones de padres de familia en varios municipios cubiertos por ese centro.
C.O.- Usted dice que estaba al tanto de todo, pero en televisión se notaba sorprendida. ¿Por qué?
E.F.- El Presidente empezó a hablar de los programas del Instituto y la gente comenzó a hacer ruido como diciendo “no es así, no estamos de acuerdo”. Esa reacción de los ciudadanos fue la que me tomó por sorpresa. Una cosa es que el alcalde de Salamina sostuviera que la funcionaria le hubiera dicho que le diera plata para la gasolina y que se repartieran unos cargos que ella misma contrataba, y otra, que cuando el Presidente estuviera hablando, todos le cayeran encima.
C.O.- En la reunión posterior que hicieron con la funcionaria, ¿le pidió cuentas?
E.F.- Sí. Hicimos una reunión con ella para mirar junto con la comunidad qué observaciones había y si estaban recibiendo beneficios de los programas o no. En ese momento no hubo ninguna denuncia concreta.
C.O.- ¿Ella dio explicaciones?
E.F.- No.
C.O.- ¿Y la comunidad se quejó de ella?
E.F.- En esa reunión, no.
C.O.- Después de lo que había pasado, ¿no es extraño?
E.F.- En ese momento fue cuando identifiqué la incidencia de las elecciones.
C.O.- Siendo sincera, ¿qué impacto le produjo el llamado de atención tan fuerte del Presidente en público? ¿No fue violento?
E.F.- ¿Hacia la funcionaria?
C.O.- Hacia la funcionaria y hacia usted misma. ¿Se sintió sacudida cuando la regañaron frente a todos los asistentes?
E.F.- Hacia la funcionaria, definitivamente no, porque no se puede entender cómo estaba proponiendo repartir contratos. Eso, visto desde el Instituto, duele inmensamente y no lo puedo aceptar. Quisiera que llegáramos al fondo de este asunto, porque lo que sí está claro es que la administración nacional no está involucrada.
C.O.- ¿Y usted qué sintió en el momento del regaño? Se le veía tensa y molesta.
E.F.- (silencio)… Pues creo que el Presidente tenía toda la razón en la medida en que nosotros estamos para resolver problemas y no para crearlos.
C.O.- Así la reacción presidencial sea explicable debido a la denuncia, ¿no era más sensato, tanto de parte suya como del mandatario, verificar primero que lo denunciado fuera cierto?
E.F.- Soy una persona muy franca y no oculto nada. Simplemente he podido contestar “sí, Presidente” y nada más. Pero sentí que esa respuesta era incompleta y que no era producto de lo que él mismo me ha enseñado y que se resume en la palabra “anticípese”. ¿Cómo creía yo que me había anticipado? Con tres elementos. Uno, habiendo estudiado el tema de cómo se debía proceder. Dos, que había llamado al CTI. Y tres, que había hablado con el Ministro para coordinar lo que íbamos a hacer.
C.O.- No me ha dicho cómo se sintió.
E.F.- Sentí que (el Presidente) no me dejó hablar. Si me lo hubiera permitido, hubiera podido explicarle todo. Él tiene razón de ofuscarse, por supuesto, y tiene derecho de exigirnos resultados y de proponer alternativas, sobre todo cuando se sabe, como él mismo lo dijo, que el Instituto es tan valorado y reconocido en todo el país. Pero hubiera sido diferente si yo hubiera podido explicar un poco más el caso.
C.O.- ¿En algún momento usted pensó en renunciar?
E.F.- No. Lo que hice fue enviarle un mensaje de texto al Presidente informándole lo que estábamos haciendo en ese caso; contándole la situación tan difícil que se presenta en varios departamentos y la necesidad de fortalecer el control de los programas.
C.O.- ¿Qué le contestó el Presidente?
E.F.- Me contestó: “Elvira, toda la confianza en ti”.
El caso Emmanuel.
C.O.- En contraste con lo de Ciénaga, el Estado pareció funcionar a las mil maravillas con el caso del niño de Clara Rojas, que fue recogido y protegido por un defensor de familia, sin saber quién era.
E.F.- El Instituto atiende en situaciones similares a alrededor de 46 mil menores. Emmanuel llegó reportado por funcionarios del sector salud en San José del Guaviare, que lo identificaron como un niño maltratado. Pero eso ocurre permanentemente
C.O.- ¿Cómo fue posible que, entre los 46 mil niños atendidos, el de Clara Rojas llegara a Bogotá tan solo después de pocos días de estar con Bienestar?
E.F.- Por dos razones. La primera, para protegerlo. La segunda, por la necesidad de practicarle la cirugía del brazo. El niño sólo estuvo en la entidad en San José del Guaviare tres semanas, y después fue remitido a Bogotá.
C.O.- ¿Qué pasó con el defensor de San José?
E.F.- Fue asesinado el 29 de septiembre del año pasado.
C.O.- ¿Cuánto hacía que él tenía el caso del niño?
E.F.- Él llevaba el caso desde que el niño ingresó al Instituto, es decir, el 25 de julio de 2005.
C.O.- ¿El defensor fue asesinado por proteger y sacar de San José al niño de Clara Rojas?
E.F.- Estoy segura de que fue por eso.