“La violencia es sólo el comienzo de la censura”

A propósito del día mundial de la libertad de prensa, Pedro Vaca Villarreal, director ejecutivo de la fundación colombiana que protege ese principio democrático, evalúa los avances en dos procesos emblemáticos debido a la notoriedad de los periodistas víctimas: Ricardo Calderón, editor judicial de Semana, y Gonzalo Guillén, investigador de los nexos criminales entre los políticos, los narcotraficantes y los paramilitares de la Guajira. “El caso de Gonzalo Guillén es muy grave porque él sufre un riesgo intenso y prolongado”, advierte Vaca. / Óscar Pérez Hace ya dos años, al editor judicial de Semana, Ricardo Calderón, le dispararon en cinco oportunidades cuando regresaba a Bogotá, después de una celada que le tendieron. No lo mataron, tal vez, porque los atacantes querían hacer una advertencia de alto calibre a él, y por su intermedio a los demás periodistas. ¿Qué ha pasado con la investigación de la que no se sabe, hoy en día, para dónde va? Según los reportes que tiene la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) sobre el caso Calderón, la investigación permanece en etapa preliminar en la Fiscalía. Si eliminamos el tecnicismo legal, significa que está en la impunidad. Pocos sucesos como este, una vez ocurren, generan tantos pronunciamientos y compromisos del presidente, el ministro de Defensa y el fiscal general, como este. Dos años después, sin resultados palpables, sólo cabe una de dos conclusiones: o no se hizo mucho esfuerzo para cumplir esos compromisos o la justicia tiene frenos internos y obstáculos que son, en la práctica, más poderosos que la voluntad del fiscal. Las agresiones contra la prensa no necesitan posturas oficiales. Requieren investigaciones rápidas y contundentes. En los primeros meses la investigación del caso Calderón avanzó rápidamente y de pronto, cuando aparentemente se estaban encontrando hilos que conducían hacia los sospechosos, se paró. ¿La Flip ha podido determinar qué sucedió y le ha preguntado a la Fiscalía cuáles son las razones de su inactividad? En interpretación de la Fiscalía, ninguna investigación se encuentra frenada. Siempre explica las razones del estancamiento de los procesos en instancias fuera del búnker. Lo cierto es que este es un caso que a diferencia de muchos otros tiene un buen recaudo de pruebas técnicas; ocurrió en uno de los lugares más vigilados del país y, ante todo, desde el mismo día del atentado se conoce cuáles eran los temas que estaba investigando el periodista que sufrió el atentado. La Flip sabe que hubo un despliegue importante de esfuerzos judiciales al comienzo, por lo cual se lograron determinar unas “fotoceldas” de comunicaciones por celular y, mediante una depuración de la información, se alcanzaron a identificar tres números de móviles relacionados con el atentado. Después vino la inacción. Pero, ¿qué sucedió si las pistas daban para seguir adelante? Creo que la impunidad en este caso se debe más al temor y a presuntos obstáculos internos en la Fiscalía, que a falta de insumos investigativos, hipótesis sobre los móviles del atentado y pistas sobre la autoría intelectual y material. Una de las razones más frecuentes para que las investigaciones no avancen es la rotación de los fiscales que conocen los procesos. ¿La Flip ve en esos traslados una estrategia interna de dilación de las investigaciones como la que afecta a los victimarios de Calderón? La dinámica de la Fiscalía se caracteriza por tener procesos largos y por la alta rotación en los cargos. Estas situaciones les restan memoria, enfoque y estrategia de investigación a los casos. En años recientes se inició una reingeniería de la Fiscalía que aún es prematuro evaluar. Por ahora se puede afirmar que esa famosa reestructuración ha dispersado la responsabilidad interna. La antigua Dirección Nacional de Fiscalías, que era la entidad en donde la Flip hacía seguimiento de los casos que afectan al periodismo, se fragmentó en muchas unidades, lo que ha hecho más difícil conocer el curso de las investigaciones. ¿Es cierto que la Flip tiene información sobre la presunta influencia de unos funcionarios de la Fiscalía en el estancamiento del proceso Calderón, debido a los hallazgos judiciales que apuntarían a la autoría intelectual y material de unos uniformados? Recientemente, y de manera confidencial, la Flip conoció que en la Fiscalía había, al parecer, quienes advertían previamente a las personas cuyas comunicaciones estaban siendo interceptadas dentro de este proceso. Si eso es así, claramente se estaría intentando obstruir la investigación. Precisemos porque su afirmación es delicada: la Flip se enteró de que unos funcionarios de la Fiscalía habrían obstaculizado el avance de la investigación por el intento de asesinar a Ricardo Calderón? Sí, aun cuando debo precisar que esa información es confidencial y su veracidad no se ha contrastado, todavía, con la Fiscalía. ¿Cuáles acciones puede emprender la Flip para reactivar casos emblemáticos como el de Ricardo, no sólo por la importancia de la víctima, de la investigación periodística que se trató de frenar y del medio en que él trabaja, sino también por el ataque tan violento que sufrió? Lamentablemente nuestra capacidad de acción es reducida. Desde hace 19 años procuramos hacer seguimientos a los procesos, realizar informes y emitir recomendaciones a las autoridades. Algunas han tenido eco. Por ejemplo, la Unidad de Contexto de la misma Fiscalía empezó una línea de investigación sobre violencia contra la prensa, se han instalado mesas de trabajo sobre priorización de ataques a los periodistas y se han canalizado apoyos técnicos de organismos reconocidos, como la Relatoría de Libertad de Expresión y la Unesco, para que los fiscales encargados de estos procesos puedan capacitarse y llegar a los estándares exigidos internacionalmente en materia de libertad de prensa. Además, hace cuatro años iniciamos una tarea nueva: la de participar en los litigios que consideramos estratégicos. ¿Como cuáles? Comenzamos con el largo proceso judicial que se emprendió cuando la periodista Jineth Bedoya fue atacada y cuyo secuestro y violación están por cumplir 15 años de impunidad, pese a los avances que se han logrado con el concurso y esfuerzo de muchas personas, empezando por ella misma. En este caso hay tres paramilitares vinculados, uno de los cuales llegará a juicio en los próximos meses. En la actualidad sólo tenemos capacidad de litigar en tres casos, simultáneamente. Otro proceso de gran significado personal y colectivo, pues de su resolución depende que la víctima en particular, y los periodistas colombianos en general, sepan si tienen garantías para ejercer libremente la profesión, es el del investigador Gonzalo Guillén, amenazado por sus trabajos sobre las relaciones entre el poder político de La Guajira y los narcoparamilitares. ¿Qué sabe la Flip al respecto? El caso de Gonzalo Guillén es extremadamente grave, porque él sufre un riesgo intenso y prolongado que se ha contenido, por el momento, con un esquema de protección. Se contiene el riesgo, pero no se elimina: se sabe que está ahí, acechándolo. El peligro contra su vida, entre tanto, se va incrementando. Se sabe que las amenazas en su contra se derivan de sus investigaciones sobre la trayectoria criminal del exgobernador Kiko Gómez que Guillén ha publicado desde hace años. También se originan en el hecho de que el periodista se ha relacionado con distintas fuentes que, a su vez, son objetivo de los criminales de la región. Pese al peligro que sufre, Guillén aceptó ser testigo de la Fiscalía en el proceso contra el exgobernador. Junto con otros reporteros y analistas, entre estos la hoy senadora Claudia López, Guillén ha denunciado públicamente que el exgobernador habría dado la orden de asesinarlos. ¿Cómo ha actuado la Flip para proteger, de otra parte, a los reporteros amenazados de La Guajira que son desconocidos en el nivel nacional? Cuando se hizo pública la peligrosa situación de varios periodistas y analistas, en octubre de 2013, la Flip los acompañó, entre ellos a Claudia López, Gonzalo Guillén, León Valencia y Ariel Ávila, en la urgencia de sus trámites de viaje fuera del país. Algunos de ellos se refugiaron temporalmente en el exterior por su cuenta, y Guillén contó con el apoyo de Reporteros Sin Fronteras y el respaldo de la Flip. Desde entonces, la Fundación ha trabajado haciendo seguimiento al esquema de seguridad de Gonzalo y presionando a la Fiscalía para que la investigación avance. En cuanto a los reporteros regionales, la periodista Amalfi Rosales, que trabajaba como corresponsal de Noticias Uno en la zona, sufrió un atentado a finales del año pasado: dispararon tres veces contra su casa. Ella también tuvo que salir del país y contó con el apoyo de la Flip y de la organización internacional Rory Peck.Como usted lo contó, en una decisión que pocos se arriesgan a tomar, el periodista Guillén sostuvo sus denuncias frente a Kiko Gómez durante una audiencia ante juez. ¿La Flip está enterada de lo que sucedió al término de la diligencia cuando, según se ha rumorado, el exgobernador habría dado nueva orden de atacar al comunicador? Sí. Son dos hechos que se suman a una lista de más de diez incidentes en la persecución que hay en contra de Guillén. Después de salir de la audiencia, el esquema de Guillén fue seguido por una camioneta y una motocicleta. El segundo suceso ocurrió el 4 de mayo, cinco días después. De acuerdo con Gonzalo, una fuente de su más alta credibilidad le informó que cabecillas de la organización criminal de La Guajira viajaron a Bogotá con el objetivo de afinar un plan para asesinarlo. No hay esquema de protección que pueda garantizarle la vida así. ¿No debería ser este un caso de máxima prioridad para el Estado? Sí, pero como suele suceder, la gravedad de su caso ha sido atendida sólo desde el punto de vista del incremento en su esquema de custodia, pero no se ha tomado ninguna decisión para acelerar la investigación judicial con el fin de poner en la cárcel a los responsables. Hablando de la decisión de Guillén de ser testigo en un proceso penal, viene al caso una obligación ética del periodista: la de colaborar con la justicia. Según la Flip, ¿los comunicadores deben atender o negarse frente a las citaciones de fiscales y jueces? Creemos que esa es una decisión del ciudadano más que del periodista. Éste debe resolver si contribuye con la justicia o si se mantiene al margen aportando sólo las investigaciones que publique. En cualquier caso, sin embargo, se sobreentiende que la reserva de la fuente es inviolable. Si la información que se busca obtener de él es propia del sigilo periodístico y bajo presión, la solicitud es inconstitucional y, por lo tanto, no tiene que atenderla. Aparte de los procesos capitalinos, ¿cuántas veces, en el último año, tuvo que intervenir la Flip para proteger a las víctimas invisibles de las zonas más apartadas del país? Colombia es un país que mira con indiferencia las regiones y las discrimina en función de la mayor o menor “notoriedad”. En el año 2014 la Flip documentó 164 violaciones a la libertad de prensa en las que intervenimos, pero hay que darle la dimensión que corresponde a cada caso. Por ejemplo, en febrero de este año, mataron a Luis Peralta, en El Doncello, Caquetá. El impacto de ese crimen, aunque no es nacional, es enorme: él era quien dirigía Linda Estéreo, emisora que les brindaba información local a cinco municipios del norte de ese departamento. Con esta ya son once semanas en que los habitantes de la zona no disponen de espacios regulares de información local. La gran sacrificada es, pues, además de la familia de la víctima, la sociedad. Como dijo el asesinado periodista Orlando Sierra, la violencia es sólo el comienzo de la censura, porque a esta le sigue el miedo, y al miedo, el silencio. En este sentido, nos preocupan, especialmente, las regiones del Bajo Cauca antioqueño, Norte de Santander, Arauca, Guaviare y el norte del Cauca. Dos casos notables, ningún resultado Hace exactamente dos años, en mayo de 2013, el jefe de investigaciones de la revista Semana, Ricardo Calderón, viajaba en su vehículo de Ibagué a Bogotá. A las7 de la noche su carro fue atacado a bala. Recibió cinco impactos. Milagrosamente, o tal vez con intención de dejarlo vivo pero intimidado, los asesinos no dieron en el blanco. Calderón acababa de publicar varios artículos sobre las extravagantes ventajas que tenían los presos militares de Tolemaida (“Tolemaida Resort”, “Tolemaida Tours”). Además, adelantaba otra investigación que dejaba mal paradas a las Fuerzas Armadas. El proceso abierto en la Fiscalía avanzó con rapidez, pero de repente se paralizó y desde entonces nada ha ocurrido. Gonzalo Guillén es un veterano reportero investigador que ha trabajado en prestigiosos medios de Colombia y el exterior, y que se ha dedicado en los últimos años a descubrir las relaciones de los políticos con los narcotraficantes y los paramilitares de varias regiones, en particular de La Guajira. Guillén y otros analistas tuvieron que viajar fuera del país cuando se descubrieron planes de asesinarlos, una semana después del atentado a Calderón. El proceso por las amenazas que ha sufrido Guillén tampoco ha tenido ningún resultado significativo. Las infidencias parten de los abogados, no de los periodistas Una preocupación de la prensa colombiana es la tendencia de jueces y magistrados de cerrarles las puertas a los reporteros, de las salas de audiencias pese a que éstas son clasificadas como “públicas”. Los togados argumentan, muchas veces en coordinación con los defensores, que se trata de una diligencia reservada. ¿Se está violando así el derecho a informar y a ser informado? Las reservas protegen un derecho, no un espacio. Regularmente, para un juez es más cómodo hacer su trabajo sin cámaras, pero eso no se soluciona dejando a la prensa por fuera, sino entendiendo —y esto es un tema de mucha controversia—, que deben hacer su trabajo como si siempre tuvieran una cámara al frente. El otro problema es que los jueces están tratando de atacar las consecuencias en lugar de las causas de la difusión de los “juicios mediáticos”. Hay que entender que el periodismo es una profesión no limitada en cuanto a revelar piezas procesales, en tanto que los abogados, que son parte en esos procesos, están sujetos a control disciplinario. La causa está en los abogados y fiscales que litigan en los medios. La consecuencia es que tales casos, tal como lo han deseado los apoderados, llegan a ser de interés público y, por lo tanto, se convierten en noticia.

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Gonzalo Guillén