Después de los escándalos por los denominados autopréstamos que terminaron en cierre de bancos, quiebra de grupos y cárcel para influyentes personajes en la década de los ochenta, el pleito financiero más impactante y rudo es el que enfrenta hace una década a Bancolombia – y al Sindicato Antioqueño tras él –, con la familia Gilinski.
Todo se inició cuando el Banco Industrial Colombiano (BIC), de propiedad del Sindicato, y el Banco de Colombia, de propiedad de los Gilinski, se fusionaron para crear Bancolombia S.A. Lo que prometía ser un espectacular matrimonio financiero, terminó muy pronto en denuncias penales y en demandas ante tribunales de arbitramento.
La familia Gilinski adujo que había sido engañada por los compradores del Sindicato, porque le habían ocultado información sobre operaciones del BIC previas a la fusión. Por su parte, los propietarios del BIC aseguran que la insatisfacción de los Gilinski se debe a que después de la venta, no le compraron las acciones que le restaban a la familia a un precio que no correspondía con la realidad económica del momento.
La semana pasada, este lío que ha dado vueltas y revueltas jurídicas y mediáticas produjo, una vez más, triple sobresalto periodístico: primero, el Tribunal Superior de Bogotá anuló un laudo que obligaba a los Gilinski a pagarle a Bancolombia $63 mil millones por prejuicios. Segundo, ese mismo tribunal le ordenó a Bancolombia pagarle a los Gilinski cerca de $42 mil millones. Doble round a favor de la familia. Tercero, la fiscal del caso, Claudia Patricia Guantiva, fue relevada de la investigación días después de que el abogado del banco fusionado, Ricardo Calvete, se hubiera quejado de ella. Round a favor de Bancolombia.
Sin embargo, este último asunto no se quedó así. La fiscal se defendió, en carta enviada a Mario Iguarán y señaló que dos superiores suyos, supuestamente la presionaron para que mantuviera una preclusión a favor del presidente de Bancolombia, Jorge Londoño. Y es que el enredo penal no es menor que el arbitral. Londoño estuvo detenido durante unos días pero la decisión tuvo que reversarse por errores legales de la Fiscalía, aunque lo mantuvo vinculado al proceso. También están siendo investigada su junta, funcionarios de la Superintendencia Bancaria y miembros de la junta del Banco de la República de la época de la fusión. Incluso hay pendiente un llamamiento a indagatoria a los banqueros Nicanor Restrepo, Jorge Vega, Jorge Vélez, Fabio Rico. Casi nadie.
Así las cosas, retomar el hilo de esta pelea entre “duros” es apasionante. Les formulamos las mismas preguntas a los abogados de las dos partes, quienes respondieron los interrogantes que quisiera hacer la gente de a pie, precisamente la usuaria de los bancos.