Cecilia Orozco Tascón.- ¿Por qué existe la percepción en los medios de que cuando unos procesos muy importantes toman buen curso se paralizan, de pronto, en los despachos de la Fiscalía?
Fiscal Guillermo Mendoza Diago.- La sensación puede fundarse en que no existe el mismo dinamismo en todas las etapas del proceso. Por ejemplo, hay casos como el de Jamundí, en el que la investigación fue efectiva, y el llamamiento a juicio, muy rápido. Pero la etapa de juicio se demoró mucho. Hay otros en los que la prueba no es manifiesta y el funcionario no puede precipitar una decisión para darles satisfacción a quienes la piden, porque al final sólo logrará la preclusión por falta de pruebas.
C.O.T.- En el caso de la yidispolítica existe casi la certeza de que esa investigación se ha demorado para no tomar decisión respecto de ministros y ex ministros de este Gobierno.
G.M.D.- Quien así piense, podrá determinar que eso no es cierto si examina las razones. Ese proceso es de gran complejidad, porque hay pluralidad de sindicados y de delitos. Además, en la yidispolítica ocurrieron varios episodios que han tenido que investigarse en su contexto: las contrataciones en Cúcuta, en Barrancabermeja, en Cali. En todos esos lugares hay documentos y elementos de prueba que son relevantes para la investigación. Ese caso está hoy en conocimiento del Vicefiscal y se encuentra bastante avanzado. Pienso que muy pronto se tomará una decisión.
C.O.T.- Muy pronto es cuándo.
G.M.D.- No lo sé. Como le digo, el Vicefiscal es quien lleva el proceso.
C.O.T- ¿El caso es el del ex ministro Sabas Pretelt de la Vega?
G.M.D.- Sí, está para calificación. Permítame aclararle que cuando se adelanta un proceso contra varias personas, si la prueba respecto de una de ellas es suficiente para la calificación se hace un cierre parcial de la investigación. Esto fue lo que ocurrió aquí: se cerró respecto del doctor Pretelt, porque el expediente indicaba que ya se habían agotado todas las pruebas. Sobre las otras personas vinculadas al mismo proceso, todavía hay pendiente práctica de pruebas.
C.O.T- Le hago la siguiente pregunta pensando tanto en el proceso anterior, como en otros: ¿por su importancia política y social, algunos personajes tienen acceso a la Fiscalía y pueden incidir en la celeridad o demora de los fallos?
G.M.D.- No. No tienen acceso por fuera de los canales ordinarios y uno, como funcionario, se cuida mucho de caer en esas situaciones.
C.O.T- Perdóneme, pero eso es difícil de creer. Se dice que ciertas personas influyen en los procesos o tratan de hacerlo. También se sabe que hay abogados que ejercen fuerte presión social y mediática en los desarrollos judiciales.
G.M.D.- La práctica del lobby no está circunscrita solamente al Congreso o a otras entidades oficiales. Aquí, en la Fiscalía, también ocurre. La existencia de ese fenómeno no se puede negar. Pero nosotros tenemos una ventaja para contrarrestar esa actividad: estamos supeditados a la objetividad procesal. Invariablemente se les dice a quienes pretenden incidir en un proceso que éste tiene vida propia. Y que por muy entusiasmado que esté un fiscal en favorecer a alguien, si es que eso llegare a ocurrir, no puede contrariar esa objetividad, porque ella termina saliendo a la luz pública, tarde o temprano.
Testimonio de ‘Rasguño’ sobre Gómez Hurtado: ¿tiene credibilidad?
C.O.T.- No pasaron dos días desde que regresaron de Estados Unidos —a donde habían ido para interrogar a alias Rasguño por el homicidio de Álvaro Gómez Hurtado—, dos de sus fiscales y el Procurador Delegado ya le estaba pidiendo a la Fiscalía que vinculara a varias personas a ese proceso. ¿Por qué el Ministerio Público tomó el liderazgo de este caso?
G.M.D.- Propiamente hablando, no se lo ha tomado porque la Fiscalía es la que adelanta el proceso. Pero hay que reconocer que la Procuraduría nos presta una colaboración importante en ese y en otros casos.
C.O.T.- El Procurador pidió explícitamente que sus funcionarios fueran a los interrogatorios de los extraditados en el exterior. ¿Por qué cree que surge ese interés en el doctor Ordóñez?
G.M.D.- Creo que son enfoques. Quizás el Procurador encontró que es útil conocer los detalles de estas diligencias para el desarrollo de los procesos disciplinarios o para cuando sus funcionarios tengan que intervenir en los procesos penales.
C.O.T.- Según la versión del narcotraficante ‘Rasguño’, dos personas que están muertas le habrían contado a él que ellas y un ex oficial de Policía, también muerto, participaron en el homicidio de Álvaro Gómez para acceder a la supuesta petición de Ernesto Samper y Horacio Serpa. ¿La Fiscalía considera creíble esa afirmación?
G.M.D.- Todo testimonio tiene que ser evaluado de acuerdo con las reglas de la sana crítica. El propio Código de Procedimiento Penal prevé cuál es el camino a seguir. Si sometido a las reglas de la crítica, ese testimonio sale airoso, hay que tenerlo en cuenta. Pero si es inconsistente e incoherente, no tendrá ninguna credibilidad.
C.O.T.- El extraditado también afirmó que ningún sector del estamento militar tuvo participación en el asesinato de Gómez Hurtado, ¿es suficiente esa declaración para descartar la participación de uniformados en este magnicidio?
G.M.D.- No es posible descartar ni incorporar anticipadamente a nadie como autor de un proceso. Es la dinámica del proceso la que revela cuál es el elemento probatorio que sirve para vincular a alguien. Pensar que hay que descartar a los militares porque Rasguño lo dice es muy aventurado. Eso no ocurre así. Nunca se descarta ninguna hipótesis de antemano.
C.O.T.- El declarante se refiere a un presunto golpe de Estado contra el gobierno del ex presidente Samper, ¿se investigará esa hipótesis?
G.M.D.- Por ahora no estamos trabajando en ese sentido. Habría que mirar si ha operado la prescripción en los hechos relacionados con el presunto golpe de Estado y también se tendría que evaluar, desde la perspectiva de los tipos penales que protegen el régimen constitucional del Estado, si hay algún delito que encaje en esos hechos.
C.O.T.- Samper y Serpa le pidieron a usted que los investigue. ¿Quién va a asumir esa investigación: usted como Fiscal General o la Comisión de Acusación de la Cámara?
G.M.D.- La Unidad Antiterrorismo de la Fiscalía está adelantando el proceso por el asesinato del doctor Gómez Hurtado. Toda documentación o informe que se tenga sobre lo sucedido en ese caso se envía a esa unidad, para que se evalúe si realmente hay que investigar a alguna persona que se haya señalado. También se evaluará si hay concurrencia de fuero en ellos (Samper y Serpa).
C.O.T.- Pero el doctor Samper, en su condición de ex Primer Mandatario, ¿no tiene fuero natural?
G.M.D. – El reconocimiento del fuero, en principio, depende de que haya pruebas suficientes para atribuir un delito a quien pudiera aducir ese privilegio. Un simple testimonio, sin verificación de su credibilidad, no permite sacar conclusiones anticipadas de responsabilidad, ni mucho menos de manejo del fuero.
C.O.T.- Esta es una pregunta puntual: ¿Existe la posibilidad de que se considere que el ex presidente no goza de fuero?
G.M.D.- Como hipótesis, sí. Sin embargo, le repito que hay que examinar muy cuidadosamente este testimonio para determinar si ofrece alguna credibilidad. Después se examinará lo del fuero.
C.O.T. ¿Qué tanta influencia tiene la familia Gómez, en particular la rama familiar de Enrique Gómez Hurtado, en el curso que tome este proceso?
G.M.D.- Ninguna. Ellos como dolientes y como víctimas tienen todo el derecho de conocer el rumbo de la investigación y de constituirse en parte civil, como lo han hecho. Y, por lo tanto, cualquier solicitud que hagan tiene que ser atendida. Pero nada más.
Palacio de Justicia: hipótesis de genocidio político
C.O.T.- Lo ocurrido en el Palacio de Justicia en 1985 ha vuelto a ser noticia criminal por lo sucedido con los cuerpos de los magistrados Carlos Horacio Urán y Manuel Gaona. ¿Estos casos tienen posibilidad judicial de llegar a buen término?
G.M.D.- Se está haciendo lo posible para que esta clase de delitos no quede en la impunidad. A los homicidios del doctor Gaona y del magistrado auxiliar Urán se les ha dado un tratamiento diferente de los procesos que están en etapa de juicio por desaparición forzada o por secuestro en la toma del Palacio de Justicia. Ante todo, hay que tener en cuenta que los fiscales tienen autonomía y que, por eso, se deben respetar las decisiones que ellos tomen. La hipótesis jurídica que está manejando la fiscal de los casos Gaona y Urán consiste en que como se presentó un ataque reiterativo y sistemático de parte de quienes se oponían a la extradición y, además, a algunos magistrados se les tenía por izquierdistas, lo que eventualmente pudo suceder fue un genocidio político.
C.O.T- ¿La Fiscalía cree que se configura el genocidio político en la retoma del Palacio de Justicia?
G.M.D.- Es una hipótesis que se está explorando a ver si se puede sostener. Por el momento esa teoría permitió abrir investigación preliminar.
C.O.T- A propósito, ¿por qué cree usted que la jueza María Stella Jara, que analiza el proceso del coronel (r) Alfonso Plazas Vega, ha sido tan amenazada y asediada?
G.M.D.- Es muy difícil lanzar una hipótesis sin tener cómo sustentarla. Sí se sabe que se han presentado unos incidentes bastante enojosos durante el desarrollo de las audiencias que ella ha presidido.
C.O.T- ¿No es raro que esa ola de amenazas se presente en este y otros casos precisamente cuando los investigados son uniformados o servidores públicos?
G.M.D.- A veces uno se encuentra con que las personas más difíciles de juzgar no son los criminales peligrosos, sino los propios funcionarios. Por ejemplo, cuesta un trabajo impresionante adelantar un juicio contra un fiscal que esté comprometido en actos delictivos, por la cantidad de maniobras dilatorias que realiza. Pero no por eso se le puede atribuir automáticamente a un procesado la responsabilidad de tales conductas.
‘Chuzadas’ del DAS: señalamientos pero no imputaciones
C.O.T- ¿Qué ha pasado con la investigación por las interceptaciones, grabaciones y seguimientos ilegales a la Corte Suprema, políticos de la oposición y periodistas, por parte de agentes del DAS? De nuevo, parece que nada se adelanta.
G.M.D.- Esa es una investigación complejísima por su aspecto técnico y por la dificultad para llegar a los señalamientos concretos. Los medios presentaron unas grabaciones y se esbozaron unas teorías. Pero cuando tratamos de volver asunto judicial las tesis periodísticas, y trajimos todo a un proceso penal, se nos presentaron las dificultades. La fuente de los datos, es decir, el equipo electrónico donde está almacenada toda la información, es un sistema que tiene una recopilación infinita de grabaciones. Hay que descifrar los códigos, hay que encontrar las llamadas ilegales y las legales. Y también hay que averiguar a quiénes corresponden los números. Lo único que se pudo hacer rápidamente fue determinar la identidad de los que manejaban los equipos de interceptación. Ellos son los que han sido llamados a juicio.
C.O.T- ¿Lo que usted está diciendo es que será muy difícil, si no imposible, llegar, como siempre ocurre, a quienes ordenaron el espionaje ilegal?
G.M.D.- El problema es que las labores de inteligencia no son nuevas y, además, siempre que se detecta que una persona puede ser sospechosa, es objeto de seguimiento, de vigilancia, etc., por parte de los organismos de seguridad.
C.O.T- Pero los perseguidos eran de un nivel tan insospechable y alto en el Estado y en la sociedad, que se puede decir con certeza que esas actividades no son iniciativa de cualquiera, sino que fueron ordenadas por alguien de mayor rango. ¿A quién se le ocurre, por sí solo, seguir al Presidente de la Corte Suprema?
G.M.D.- Por supuesto que los seguimientos y las interceptaciones que les hicieron a altos funcionarios y a líderes políticos no podía tener una finalidad ordinaria de inteligencia, sino otra que subyace y que puede ser muy oscura pero que todavía no hemos detectado. Hoy podemos hacer señalamientos precisos, pero no tenemos todavía la suficiente fortaleza probatoria para formular imputaciones.
Pedido de extradición de Víctor Carranza
C.O.T- El capo de las esmeraldas, Víctor Carranza, será pedido en extradición por el juez Baltasar Garzón, según las informaciones. ¿La Fiscalía tiene ya la petición formal de captura?
G.M.D.- No. Lo único que sabemos es lo que se ha publicado en la prensa.
C.O.T- Cuando se pide en extradición a un colombiano, ¿cuánto tiempo transcurre entre el proceso de solicitud de las cancillerías de los dos países y el envío de la petición a la Fiscalía?
G.M.D.- Cuando llega aquí la solicitud se le da curso de manera inmediata.
C.O.T.- El problema es encontrar a Carranza para capturarlo.
G.M.D.- Las actividades de localización y captura le corresponden, aquí en la Fiscalía, al CTI, y en términos generales, a la Policía. La dificultad depende de cada caso.
C.O.T.- Dada la actividad en la Corte Suprema la semana pasada, de pronto eso no le toca a usted. ¿Cuánto tiempo más espera estar en este despacho?
G.M.D.- Aspiro a que de esta terna se escoja al nuevo Fiscal.
C.O.T.- ¿Qué casos quiere dejar resueltos?
G.M.D.- Bueno, uno no puede comprometerse a eso, pero sí a dejarlos bien encaminados.
Decisión contra “socios económicos” de los paramilitares
C.O.T- ¿Por qué, en cuanto al paramilitarismo, se ha examinado la conducta de los políticos, pero no se sabe nada sobre la complicidad de los empresarios?
G.M.D.- De hecho, la Fiscalía está avanzando mucho en ese tema, pero la información sobre el papel en el paramilitarismo de los grandes socios económicos depende de lo que digan los cabecillas que están en Estados Unidos. Algunos han empezado a hablar y han ido saliendo datos. La Fiscalía está pronta a tomar decisiones sobre un episodio que tiene que ver con desalojo de tierras.
C.O.T.- ¿En qué caso específico?
G.M.D.- No puedo avanzar más.
C.O.T.- Fuera del marco de la ley de Justicia y Paz, en la Unidad de Derechos Humanos, ¿hay algún proceso en el que se investigue la “reforma agraria” de los paramilitares?
G.M.D.- Sí. Están en investigación numerosos episodios de desplazamiento y desalojo de las tierras de unas comunidades de Urabá y Chocó. Como le digo, en cualquier momento puede haber una decisión que defina las responsabilidades penales en alguno de estos casos.