Ante la Corte Constitucional, el procurador General, Alejandro Ordóñez Maldonado presentó serias críticas frente a la actividad y control de mandatarios departamentales y locales frente a la atención de la población desplazada en el país.
Según el jefe del Ministerio Público, desde el año 2008 se han recibo 319 solicitudes para la apertura de investigación disciplinaria, de estas en 126 se han encontrado meritos para emprender acciones disciplinarias en contra de funcionarios por irregularidades en los programas de atención.
Según las cifras presentadas por el Procurador General, 35 alcaldes son investigados por no adoptar las medidas necesarias ni cumplir con las sentencias de la Corte Constitucional para asegurar los derechos fundamentales de la población desplazada que indican acciones de reintegración, reparación y protección.
Además se adelantan más de 51 indagaciones en contra de funcionarios por estas irregularidades, entre los que se destacan 13 concejales, 6 miembros de juntas de acción comunal y un exministro, cuyo nombre no fue revelado.
Igualmente, se ha solicitado a la Fiscalía que se adelanten siete investigaciones en contra de personas por los delitos de desaparición forzada, homicidio a comunidades de desplazados, “en los que posiblemente podrían haber participados miembros de la Fuerza Pública”, precisó Ordóñez Maldonado.
Los principales problemas que se han registrado en la entrega de ayuda tienen que ver con una “inexistentes o insuficientes” planes de acción para el recibimiento de las solicitudes de los desplazados, así como una carencia en la respuesta institucional en los programas de reparación de tierras y reintegración social.
“En los departamentos de Arauca, Cauca, Sucre y Córdoba es donde se presentan mayor número de denuncias por parte de los desplazados por falta de atención”, manifestó el Procurador General.