La decisión se produjo sólo dos semanas después de que la misma colegiatura exigiera el conocimiento del caso, en respuesta a su nueva jurisprudencia, que le permite asumir los procesos de los congresistas que hayan renunciado al fuero parlamentario.
La condición jurídica que le da viabilidad al cumplimiento de esta disposición es el hecho de que el delito por el cual estén siendo procesados los ex parlamentarios y otro tipo de ex funcionarios públicos esté relacionado con el cumplimiento de sus funciones como servidor del Estado.
En este caso, dice la Corte, no se cumple con esa exigencia, por cuanto no cabe su competencia y sí la de la Justicia Ordinaria, que analizaba el caso, luego de que un juez Especializado de Bogotá hubiese revocado lo actuado, en principio, por la Corte Suprema de Justicia.
El proceso había sido devuelto a la etapa de instrucción el Fiscalía General de la Nación, luego de que hubiera llegado a un despacho ordinario, tras la renuncia a su investidura que derivó de la acusación por homicidio agravado que profirió en su contra la Corte Suprema de Justicia en febrero de 2008.
Luis Fernando Almario, ex representante a la Cámara por el Caquetá, había sido acusado de ser el autor intelectual de los asesinatos Diego Turbay, su madre Inés, y cuatro personas más, un múltiple crimen que fue ejecutado por guerrillero de la Columna Teófilo Forero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Farc, en el año 2002.
Según dice la denucia, el ex legislador de Alas Equipo Colombia había convencido a los insurgentes de que la familia Turbay Cotes era la principal gestora de la llegada del paramilitarismo al Caquetá, en momentos en que militaba en al Partido Conservador.
El dirigente había sido vinculado a otros casos por parapolítica y narcotráfico, que se sumanaban al que actualmente enfrenta, dentro de la llamada Farcpolítica.