Para determinar si hubo irregularidades en la inscripción, financiación y trámite del referendo reeleccionista, que en la actualidad cursa en el Congreso de la República, la Fiscalía llamó a interrogatorio a ocho de los promotores de la iniciativa, mientras que los representantes de las empresas Provitec y Transval, vinculadas con la intervenida comercializadora DMG, serán escuchados en entrevista.
La determinación fue adoptada por un fiscal delegado ante la Corte Suprema y cobija a Cecilia Paz de Mosquera, Doris Ángel Villegas, Miriam Donato de Montoya, Gustavo Antonio Dáger Chadid, Juan David Ángel Botero, Álvaro de Jesús Velásquez, Hediel Saavedra Salcedo y David Salazar Ochoa, quienes la próxima semana deberán comparecer con el fin de explicar cómo y a través de qué medios se impulsó el referendo que busca un tercer período consecutivo del presidente Álvaro Uribe Vélez.
De acuerdo con el fiscal del caso, también serán escuchados en entrevista José Luis López Rubio, gerente de Provitec, y Jorge Berrío Villarreal, representante de Transval y hermano del cuestionado gobernador del Bolívar, Joaco Berrío. Ambos serán interrogados sobre un presunto patrocinio para la recolección de firmas para el referendo por parte de DMG. Sobre este punto también deberá responder el contador del comité prorreferendo Luis Fernando Useche. Las diligencias comenzarán la próxima semana.
El pasado mes de abril, dentro de esta misma investigación, fue escuchado en interrogatorio el ex congresista Luis Guillermo Giraldo Hurtado, principal promotor del referendo, quien negó que DMG hubiera entregado recursos para patrocinar la recolección de firmas, aunque sí aceptó que Transval, empresa a la que estaban vinculados David Murcia y William Suárez, se encargó de transportar las más de cuatro millones de firmas que avaló la Registraduría.
La decisión de la Fiscalía de vincular en calidad de sindicados a toda la cúpula de promotores del referendo por las presuntas irregularidades en el trámite de la iniciativa popular constituye un avance sustancial para establecer si se violaron los topes individuales de los aportes para financiarla. En este sentido, hace dos meses el Consejo Nacional Electoral elevó pliego de cargos en contra de los nueve integrantes del comité promotor y se espera que esta semana se produzca un fallo definitivo en torno a este espinoso asunto judicial y electoral.