Pablo Augusto Gutiérrez Castillo, contralor de Boyacá, y ocho miembros de la Junta Directiva del Fondo de Bienestar Social de la entidad departamental, irán a un juicio disciplinario por presuntas irregularidades en la destinación de recursos públicos, cuyo costo superó los $137 millones, para el viaje de 82 funcionarios a Panamá.
De acuerdo con el expediente disciplinario, estas personas habrían desconocido los principios que regulan los contratos con el Estado al suscribir, supuestamente, un acta (010 del 14 de noviembre de 2017) que autorizaba contratar el viaje para los funcionarios como una actividad de bienestar e integración de la planta global de la Contraloría.
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Fueron tres los cargos que el Ministerio Público le endilgó a los investigados. El primero está relacionado con el uso de recursos públicos en actividades no contempladas en el programa de bienestar laboral de la Contraloría y la contratación de la actividad realizada entre el 3 y 5 de marzo de este año. Esto se habría hecho sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley y vulnerando, al parecer, principios de planeación, transparencia, economía y responsabilidad.
En el segundo cargo, la Procuraduría cuestionó por qué el contralor de Boyacá y los miembros de la Junta Directiva habrían permitido que personas ajenas a la entidad se beneficiaran de recursos públicos, teniendo en cuenta que aprobaron la participación de exfuncionarios y personas que, al momento del viaje, eran ajenas al ente de control fiscal.
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En cuanto al último cargo, el Ministerio Público expresó que se omitió el control de la actividad. Esto, supuestamente, porque se habría permitido el viaje de Alejandro Martínez Manchego, quien se desempeñaba como aprendiz y su condición laboral no era objeto de un contrato suscrito por el Fondo de Bienestar Social. Además, el órgano de control reprochó la falta de control y gestión para evitar que se perdieran dineros, al no tramitar la solicitud de devolución de los recursos de una persona que no asistió al viaje.
El órgano de control endilgó cargos al contralor –como presidente de la junta directiva del fondo–; al secretario general de la entidad, Enrique Monroy Pachón; a la directora Administrativa, Luz Ángela García Galindo; a la subdirectora Financiera, Presupuestal y Contable, Mónica Yasmith Buitrago; al jefe de la Oficina Asesora de Control Interno, Orlando Jeremías Rivera; al director Administrativo, Jorge Luis Rodríguez Vega; a Yaneth López Pulido y Adolfo Quintana, quienes actuaron como representantes de los empleados, y a María Stella Rondón, todos miembros de la junta directiva del Fondo de Bienestar Social de la Contraloría.
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