La Procuraduría General formuló pliego de cargos en contra de un sargento segundo y tres soldados profesionales por su participación en las irregularidades en un operativo adelantado a finales de 2008 en el cual murió un joven de la etnia kankuama.
El Ministerio Público busca establecer si los militares incurrieron en graves violaciones al Derecho Internacional Humanitario por su posible responsabilidad en la muerte de una persona que no participaba del conflicto armado.
El proceso inició después de recibir en septiembre de 2008 las quejas presentadas por el defensor del Pueblo del Cesar en las que se manifestó que algunos miembros del Grupo Mecanizado no.2 “Coronel Juan José Rondón”, habrían incurrido en posibles irregularidades al haber dado muerte al joven indígena que había salido de su casa a buscar trabajo.
En las pruebas recolectadas indicaron que los uniformados que adelantaban la operación militar habrían incumplido el deber de garantizar el goce de los derechos inherentes a la dignidad humana de la víctima y abstenerse de realizar cualquier acto que los vulnerara.
En sus declaraciones los uniformados señalaron que el resultado de la operación militar sobre el sector de Piñoncito, en el municipio de Jagua del Pilar (Guajira), fue la muerte de un civil como consecuencia de un ataque por parte de éste que justificó su reacción.
Sin embargo, únicamente dos soldados involucrados en la muerte del ciudadano coincidieron en afirmar que dispararon contra la humanidad del joven.