En una providencia de 212 páginas conocida por El Espectador, la Fiscalía acusó al general (r) Jesús Armando Arias Cabrales del delito de desaparición forzada agravada, en relación con la investigación adelantada por el Holocausto del Palacio de Justicia, ocurrido el 6 y 7 de noviembre de 1985. En esencia, el ente acusador consideró que el ex oficial, entonces comandante de la Brigada XIII del Ejército, tenía bajo su responsabilidad la Escuela de Infantería y la Escuela de Caballería donde, según el expediente, habrían sido llevados 11 sobrevivientes de la toma del M-19, de los cuales aún no se sabe su paradero.
Para la Fiscalía es un hecho probado que Arias Cabrales tiene una responsabilidad en estos trágicos sucesos por cuanto personal bajo su mando es señalado como responsable de las desapariciones y por su jerarquía en la cadena de mando. En la misma providencia, el organismo determinó que el entonces comandante del Ejército, general (r) Rafael Samudio Molina, no tuvo ninguna injerencia ni participación en los hechos investigados por Ángela Buitrago, la fiscal delegada ante la Corte Suprema. Argumenta la decisión que Samudio Molina no impartió orden alguna que lo relacione como responsable de los desaparecidos del Palacio.
En ese contexto, la Fiscalía ofició para que cualquier anotación judicial en contra de Samudio sea eliminada de inmediato y, al mismo tiempo, confirmó que Arias Cabrales deberá seguir privado de su libertad en el Cantón Norte. Desde el pasado 10 de octubre, el general (r) Arias permanece detenido y, junto con él, otros cinco ex oficiales y suboficiales corren su misma suerte, entre quienes se encuentran el general (r) Iván Ramírez Quintero, quien fue la cabeza del Comando de Inteligencia y Contrainteligencia del Ejército (Coici) y el coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega, ex comandante de la Escuela de Caballería, ambos llamados a juicio.
En entrevista con El Espectador el pasado 14 de diciembre, el general (r) Arias Cabrales sostuvo que la reapertura del proceso de Palacio no era más que una decisión política y mediática, que él es una víctima más de los calamitosos hechos de noviembre de 1985, que entre el 6 y 7 de noviembre de ese año nunca dialogó con el general (r) Ramírez, que no hay tales desaparecidos porque un tribunal especial constituido por los magistrados Carlos Zapata y Jaime Serrano concluyó que se hallaron unos cadáveres que no pudieron ser identificados y que coinciden con el número de personas desaparecidas.
Asimismo, recalcó que hay intereses políticos y económicos que han motivado este proceso, que los familiares de las víctimas podrían estar siendo manipulados por terceros y que es una contradicción que quienes restablecieron la democracia y retomaron el orden del Palacio de Justicia estén procesados, mientras que los guerrilleros del M-19 fueron indultados y hoy pueden ejercer la política. “Los pirómanos están por fuera y quienes fuimos a atender el incendio estamos sindicados”, concluyó tajantemente Arias y preguntó por los mártires de la Fuerza Pública que también cayeron en la retoma. “Esto es un karma que lleva 23 años”.
Más allá de las consideraciones políticas y judiciales del general Arias, lo cierto es que la Fiscalía encontró evidencias que lo relacionan con los 11 desaparecidos del Palacio de Justicia. En el caso del general (r) Samudio, es la primera vez en este proceso, reabierto desde 2006, que la Fiscalía precluye en favor de alguno de los militares investigados.