Por los delitos de fraude procesal, concierto para delinquir, falsedad en documento público y uso indebido de información privilegiada fueron cobijados con medida de aseguramiento cuatro hombres, entre los que se encuentra un funcionario de Acción Social, y dos mujeres por inscribir de manera irregular a personas como desplazados por la violencia.
Según la decisión del juez 38 de garantías, estas personas son un peligro para la sociedad, y debido a la cantidad y gravedad de los delitos imputados deben continuar su proceso en la cárcel.
La Fiscalía expuso que Diego Armando Rodríguez, funcionario de Acción Social cobraba entre 100 y 200 mil pesos a cada persona para registrarla en las listas del organismo para hacerlas pasar como desplazados, con el fin de que recibieran beneficios del Gobierno.
Cerca de tres mil denuncias ante la Fiscalía General de la Nación ha presentado el gobierno en el último año, por irregularidades detectadas en todo el país en el reconocimiento y atención a la población en situación de desplazamiento.
Las otras personas, entre las que se destacan un desmovilizado de la guerrilla y miembros de juntas locales en diferentes localidades de Bogotá y Medellín, eran los encargados de contactar a las personas, a las cuales les pedían 600 mil pesos para hacer todo el papeleo con el fin de vincularlos al programa de desplazados.