Este lunes en la mañana, la presidenta de la Corte Constitucional, magistrada Gloria Stella Ortiz, se refirió a la carta enviada por el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, en la que este manifestó que ya hay un fiscal delegado investigando las supuestas interceptaciones contra los miembros del alto tribunal.
Al respecto, Ortiz dijo que las interceptaciones las estarían realizando «organizaciones criminales interesadas en trámites de una acción de tutela en la Corte Constitucional», misma versión dada por el fiscal Néstor Humberto Martínez. Aun así, aclaró que no se sabe, concretamente, de qué tutela se trataría.
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En cuanto a las indagaciones de las autoridades competentes, la magistrada Gloria Ortiz señaló que próximamente se reunirán con el fiscal Fabio Espitia Garzón para hablar sobre el tema. Espitia es el coordinador de los fiscales delegados ante la Corte Suprema, y fue a quien el fiscal Martínez delegó para esta sensible tarea.
Sobre la posibilidad de que las interceptaciones ilegales tengan que ver con casos relacionados con el llamado cartel de la toga, la magistrada explicó que a la Corte solo llegó una tutela de Luis Gustavo Moreno de 2016 que no tenía que ver con el tema y tres de José Leonidas Bustos, pero que ninguna de ellas fue seleccionadas. «Parte del reto que tiene la Fiscalía es averiguar si Luis Gustavo Moreno tiene que ver», señaló Ortiz.
«Nosotros sí hemos hecho nuestras conversaciones, que fueron informales, sí hemos manifestado nuestra preocupación. Este tema de las filtraciones nos preocupa, porque hemos tomado muchas medidas, hemos tratado de ser cautelosos, una gran cantidad de decisiones para evitar que estas filtraciones se presenten, pero siguen pasando», afirmó la magistrada. «A la justicia no le hace bien sentirse perseguida», añadió sobre este asunto.
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“Me permito manifestarle que en la fecha he designado al doctor Fabio Espitia Garzón, director de la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia, para que, haciendo uso de todas las capacidades técnicas e investigativas del ente acusador, asuma de inmediato la indagación respectiva”, señaló Martínez, en la carta en la que también solicitó la colaboración de los magistrados.
El lunes pasado el director de la Policía, general Óscar Atehortúa, aseguró que ya se está analizando si, desde la Policía, “hemos intervenido en un episodio especial” a algunos de los integrantes de la Corte. “Tan pronto me enteré, cité a una reunión y dispuse que se verificará en todos los ámbitos de la Policía y principalmente a quienes manejan inteligencia e investigación criminal para saber si había investigación alguna en contra de los magistrados o si hemos intervenido en algún episodio especial que haya sido judicializado”, afirmó el general.
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El pasado 25 de abril, la Sala Plena de la Corte Constitucional habló sobre la posibilidad de que sus interpretaciones estén siendo interceptadas o “chuzadas”. El reparo inicial lo manifestó el magistrado Alejandro Linares, quien expresó su preocupación por la posible interceptación de su teléfono. A esa revelación, le siguieron otros juristas por varias razones, una de ellas, las constantes filtraciones que hay de las conversiones y debates de la sala.
«Desde comienzos de este año tuvimos acceso a unos audios en una investigación por corrupción que daban cuenta de acceso a las comunicaciones privados de unos magistrados. En un audio posterior se hace referencia a un magistrado de la Corte Constitucional, a quien se le advirtió ese interés. La Fiscalía no tiene certeza de que se hayan hecho esas interceptaciones. No se ha podido identificar qué tutela es. La Fiscalía sigue en las pesquisas. Pero en los audios sí se da cuenta de que están detrás de una tutela específica», dijo después, desde la Fiscalía, el fiscal Néstor Humberto Martínez.