En Colombia, a pesar de que la Nación es condenada una y otra vez por fallas en el servicio, despidos injustificados e incluso escenarios más complejos —como muerte de civiles por parte de la Fuerza Pública—, resulta excepcional que el Estado tome medidas para que los funcionarios que actuaron erróneamente reparen el detrimento que le causaron al erario. Por esa razón, es tan infrecuente un fallo como el que acaba de notificar el Consejo de Estado, en el que ordenó al general (r) de la Policía Luis Enrique Montenegro a pagar $188 millones al Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).
El oficial en retiro fue sentenciado por el despido de una funcionaria que trabajaba en el organismo de seguridad cuando Montenegro era su director. Tatiana Franco Cardona era entonces la jefa de unidad 117-20 de la planta global de dirección superior y el 30 de mayo de 1997 fue declarada insubsistente por Montenegro. Franco demandó esta resolución ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, alegando que Montenegro la había destituido de su cargo por haber incumplido la orden de trasladar a una secretaria, a pesar de que ella no contaba con las facultades para hacerlo.
En febrero de 2000, el tribunal le dio la razón y obligó al DAS a indemnizarla, y, un año más tarde, la determinación fue ratificada por el Consejo de Estado, lo que llevó a la institución, en abril de 2002, a instaurar una acción de repetición contra el general (r). “Uno como director de una entidad no actúa arbitrariamente, y tomé esa decisión apoyado por un comité de talento humano. Uno se siente desamparado por el Estado, porque él nos da la facultad discrecional y ahora me castiga por usarla”, le dijo a este diario el oficial retirado, quien trabaja actualmente como asesor en temas relacionados con la lucha antidrogas de México.
El Consejo de Estado, sin embargo, estableció que el despido de Franco no había sido motivado por “la intención de mejorar el servicio” y ordenó a Montenegro a pagar el monto en los próximos seis meses. Casualmente, hace un año, la misma Sala Tercera del Consejo de Estado exoneró al general (r) de una acción de repetición muy similar, por el despido de una funcionaria de la planta global operativa de la seccional Norte de Santander, a quien el Tribunal Administrativo de ese departamento ordenó reintegrar. Montenegro, quien encabezó el DAS en 1997 y 1998, señaló que “no hay seguridad jurídica” y que se declarará insolvente.