Desde el primero de septiembre las empresas dedicadas a la comercialización de sustancias químicas como el ácido sulfúrico, clorhídrico, muriático, fosfórico, nítrico e hidróxido de sodio, tendrán que cumplir un estricto procedimiento para evitar que dichas sustancias caigan en manos inescrupulosas.
De acuerdo a la disposición del gobierno, y ante los constantes ataques con estas sustancias, las empresas deben empezar a manejar el formato implementado por el Invima para ejercer control de compra y venta.
En el proyecto se estipula una restricción de la venta al menudeo de sustancias corrosivas establecidas como dañinas en presentaciones que superen los 5 litros o un peso de hasta 5 kilogramos.
«El primero de septiembre es la fecha en que todos los expendedores de esas seis sustancias deben ya hacer el manejo a través del aplicativo que diseño el Invima, y en este momento se encuentra el Invima en todo el proceso de capacitación para poder avanzar y a los expendedores ilustrarlos sobre cómo debe hacerse este registro de las personas que compren ácido», manifestó el viceministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez.
El funcionario recordó que las seis sustancias químicas ya fueron reguladas mediante un decreto expedido por el Gobierno Nacional.
La ruta de atención integral a las víctimas de ácido es otro de los puntos del proyecto en donde se establece que el protocolo de urgencias deberá garantizarle al paciente atención médica inmediata, cuidado en la unidad de quemados y un seguimiento psicológico para su recuperación.
“Esto quiere decir que cualquier persona atacada con ácido no tiene que sacar plata de su bolsillo para lograr atención médica, ya que estos episodios están cubiertos por el POS. Podría haber medicamentos que no están incluidos en el POS, sin embargo, si la situación es de urgencia, el médico puede ordenar la aplicación inmediata del medicamento. De esta manera queda garantizado que el paciente no tiene que pagar ningún tratamiento que esté relacionado con el ataque con ácido», aclaró el viceministro.
Igualmente, la ruta contempla la protección a la familia, el acceso a la justicia y la judicialización de los agresores hasta la continuidad laboral de las víctimas.